Cayetano Canto fue procesado y seguirán investigando si lavó dinero en Saldán

El juez federal N° 1 de Córdoba capital, Carlos Ochoa, procesó al exintendente de SaldánCayetano del Valle Canto por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y a su vez le dictó la falta de mérito por lavado de activos, para profundizar la investigación, y lo sobreseyó por evasión.

El fallo del magistrado también benefició a los hijos de Canto, Victoria Nahir Canto, Gustavo Damián Canto y Alejandro Sebastián Canto, que habían sido imputados por lavado, y a Ricardo Ariel Basualdo, hermanastro del exintendente, acusado de evasión tributaria.

Cayetano Cantohabía sido procesado en 2025 por presunta defraudación por administración fraudulenta contra la administración pública en la causa anexa del expediente principal o "madre", en la que se investiga la megaevasión que habría liderado Diego Alberto Vieyra Ferreyra.

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Este expediente "madre" se remonta a 2019 y 2020, cuando los fiscales federales de Córdoba capital N° 1, Enrique Senestrari, y N° 3, Maximiliano Hairabedian, y su entonces par de San Francisco Luis Viaut (condenado y destituido), abrieron causas paralelas a raíz de denuncias por una multiplicidad de delitos y actores.

Pudieron establecer que Vieyra Ferreyra habría sido el organizador de la estructura criminal (procesado en 2021) por supuesta alteración dolosa de registros fiscales, asociación ilícita fiscal y lavado agravado.

Del Valle Canto; la entonces contadora de la Municipalidad de Saldán y actual jefa comunal, Hebe Cristori; el exsecretario de Gobierno Daniel Osvaldo Barón; Néstor Daniel Salibi, exintendente de Mendiolaza, y Vieyra Ferreyra, quedaron sospechados por administración fraudulenta.

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Así, según la investigación, Valle Canto, Barón, Cristori y terceros habrían sustraído de las arcas de la Municipalidad $ 9,6 millones. Para lograrlo, habrían contabilizado en sus cuentas gastos ficticios por el pago de servicios que no habrían sido efectivamente prestados, utilizando facturas apócrifas emitidas por los hermanos Diego y Natalia Vieyra Ferreyra y otros. De esta forma, los imputados habrían defraudado al municipio.

A su vez, Valle Canto, como intendente de Saldán y presidente de la Comunidad Regional Colón, y Salibi, como intendente de Mendiolaza y secretario general de la entidad, junto con otros, habrían sustraído $ 9,3 millones de la Comunidad Regional.

Para eso, habrían contabilizado en sus cuentas gastos ficticios por el pago de servicios (no prestados) mediante facturas apócrifas provistas por los Vieyra Ferreyra. Para el Juzgado Federal N° 1, Del Valle Canto, Salibi, Cristori y Barón "se habrían valido de su posición funcional dentro de las entidades públicas" para consumar la defraudación.

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Los investigadores detectaron que se habrían registrado las "usinas" de facturas falsas (que los Vieyra Ferreyra habrían generado y entregado a los imputados) como "proveedores" ficticios de los entes públicos, a pesar de no prestar tareas. Es decir, habrían buscado desviar fondos públicos, ya que, luego del pago a esos "proveedores", se realizó un "pase de fondos" entre terceras personas.

Entre otras irregularidades, nunca se encontró coincidencia entre las órdenes de los pagos realizados (firmadas, en su mayoría, por los imputados) y las obras concretadas. Los pagos, se sospecha, se realizaron en efectivo para evitar la utilización de cheques que pudieran haber precisado de más personas de confianza para consumar las maniobras. Del Valle Canto, Barón, Cristori y allegados habrían realizado las extracciones del dinero de las cuentas del municipio.

El exintendente también quedó bajo la lupa del fiscal Senestrari por presuntas negociaciones incompatibles con su cargo, supuesto lavado y evasión.

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De acuerdo con la acusación, entre febrero de 2021 y diciembre de 2023, como jefe comunal, Valle Canto habría buscado obtener un beneficio personal encargando la compra de pollos a Avícola Saldán SAS (de su propiedad y que proveía bienes y servicios a la Municipalidad local). Así, se habrían facturado dos operaciones: una por $ 5.007.928 y otra por $ 93.679.071.

Las operaciones habrían consumado el delito de negociaciones incompatibles, lo que Canto rechazó al defenderse: "Las actividades comerciales con la Avícola se dieron dentro de un contexto de fuerza mayor y en un estado de necesidad de la población más vulnerable. Las transacciones tuvieron lugar en un marco de emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes, provocada por la pandemia".

Mencionó que Saldán fue epicentro del primer contagio masivo en un geriátrico, lo que derivó en el aislamiento total de la comunidad, la suspensión del transporte y la interrupción de servicios esenciales. Así, afirmó que se encontró con el dilema de provisión de alimentos, aludiendo a un estado de necesidad justificante.

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Pero el juez no le creyó, porque no había respaldado su declaración con documentación y porque, como intendente, habría realizado negocios mediante su empresa "en reiteradas ocasiones" para la compra de producción y procesamiento de carne de aves, produciendo así una "confrontación entre el interés público y los intereses privados".

Ochoa también resaltó que el estado de necesidad justificante es una "herramienta doctrinaria" que no puede ser tenida en cuenta ante la posibilidad de un delito, ya que existieron innumerables dispositivos legales y técnicos en la pandemia para evitar desabastecimientos de alimento.

Respecto del lavado, si bien el fiscal Senestrari acusó a Canto de haber blanqueado fondos –entre otros recursos, mediante la compra de una Volkswagen Amarok Highline 4x4 y un Ford Ka–el juez recalcó que la adquisición ocurrió después del supuesto delito precedente (negociaciones incompatibles).

"Resulta absurdo, luego de tres años de instrucción, sostener que la colocación de activos en el mercado proviene de un ilícito penal que recién habría obtenido dos años más tarde", señaló el magistrado al cuestionar al fiscal.

Sin embargo, no sobreseyó a Canto, sino que dictó la falta de mérito (solución intermedia entre el sobreseimiento y el procesamiento) debido a las dudas que persisten en torno del origen del dinero, por la falta de pruebas sobre la proporcionalidad entre los fondos utilizados para la adquisición de los bienes sospechosos y lo facturado por su empresa con el municipio.

Esto en razón de que, aunque la acusación habla de dos montos, $ 5.007.928 y $ 93.679.071, el primero surgió de Arca sobre la facturación de la empresa a la Municipalidad.

Pero en cuanto al segundo, advirtió el juez, "no surge del análisis de los informes de Arca ni de cualquier otro informe, por lo que en función del principio constitucional de in dubio pro reo", es decir que en caso de duda se resolverá a favor del imputado, "debemos tomar el primer monto".

En este contexto, el magistrado sostuvo que si se toma en cuenta el monto del perjuicio económico que se habría obtenido de la causa "madre" por defraudación, "tampoco se condice" con la cifra de los fondos "involucrados en los hechos de lavado" investigados en esta causa.

Se "impone en el fiscal la obligación de al menos referir como hipótesis de sospecha que el origen del recurso económico mal habido provendría de allí", le recordó Ochoa al fiscal, actualmente de licencia y reemplazado por su par Virginia Carmona.

También le cuestionó a Senestrari no haber incorporado a la causa la propiedad automotor registral de cada uno de los vehículos de Canto y su familia, un aspecto que consideró "relevante" para analizar las declaraciones juradas de origen de fondos y detectar si hubo delito.

Asimismo, sostuvo que de la documentación secuestrada en los allanamientos, los informes del fisco, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Lotería de Córdoba y la Concesionaria de Entretenimiento y Turismo de Córdoba (CET), no se pudo demostrar que las operaciones de compraventa de inmuebles y vehículos cumplieran con los requisitos para configurar el lavado.

En definitiva, la investigación deberá continuar para dilucidar el origen de los fondos y determinar si fueron ilícitos o no, lo que llevará a su sobreseimiento o procesamiento por lavado.

El exintendente, incluso, quedó bajo sospecha de haber lavado dinero en casinos y loterías, de acuerdo con los datos de la UIF, ya que "ganó" múltiples veces en esos ámbitos. En tan sólo 18 meses, obtuvo la sorprendente cifra de 230 victorias en casinos, según publicó el semanario Perfil.

Senestrari sospecha que "gran parte de las ganancias" obtenidas por Valle Canto a través de premios o cambio de valores en casinos en reiteradas ocasiones fueron en realidad "operaciones de blanqueo" de dinero espurio. Es decir que habría utilizado esos fondos para la compraventa de inmuebles, vehículos, títulos y otros activos. Para el fiscal, Valle Canto habría lavado unos $ 61,5 millones.

Las dudas también se extendieron a su más estrecho círculo familiar, ya que se le enrostró haber lavado fondos mediante sus hijos, Victoria, Gustavo (futbolista de Ferro) y Alejandro, con la adquisición de un Audi A1, un Volkswagen Nivus y una Amarok Comfortline, y una Ford Ranger.

Los jóvenes negaron rotundamente haber lavado el dinero y justificaron ante la Justicia las adquisiciones. El juez concluyó que las pruebas no permitieron acreditar el "dolo de colaboración" con su padre, "de haber aceptado el encargo".

"Aun en el caso hipotético de que hubiesen recibido los vehículos o alguna ayuda económica en calidad de regalo, al ser hijos de Canto, podrían haberlo recibido y de ello no surge el dolo colaborativo de lavado de origen delictivo, menos aún porque habrían carecido de los conocimientos especiales para analizar la función que cumplía en la administración pública, ya que ninguno formaba parte de la misma", recalcó Ochoa.

Por otro lado, el juez sobreseyó a Canto y a su hermanastro Basualdo por presuntas evasiones del IVA y Ganancias a través de la avícola, por $ 9.049.824 y $ 3.648.438.

Debido al cambio de la condición objetiva de punibilidad, que subió a $ 100 millones, desde el punto de vista penal la conducta no resultó reprochable y los sobreseyó.

Fuente: La Voz

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