Chahla acelera la regulación de las apps y profundiza un esquema que carga nuevos costos sobre los

La Municipalidad avanzó con el reempadronamiento de licencias y anticipó una etapa de mayores controles sobre las plataformas de transporte. La medida se suma a otras decisiones de la gestión que, bajo el argumento de ordenar el sistema, trasladaron obligaciones y costos a quienes dependen de estas aplicaciones para generar ingresos.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio un nuevo paso en la implementación del esquema que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte. La intendenta Rossana Chahla encabezó una reunión junto a funcionarios de su gabinete para revisar el avance del reempadronamiento de licencias y definir las próximas acciones vinculadas al control de la actividad.

Del encuentro participaron el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo; la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; y la directora del SUTRAPA, Valeria Amaya. El análisis se centró en la aplicación de las ordenanzas N.º 5483/25 y 5484/25, que establecieron un nuevo régimen para taxis, remises y plataformas digitales.

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Desde el municipio destacaron la incorporación de herramientas digitales para agilizar los procedimientos. Según los datos oficiales, los trámites que antes demoraban varios días ahora pueden resolverse en alrededor de 30 minutos. Además, informaron que ya se registraron 2.779 licencias, 1.254 conductores y 2.678 obleas identificatorias, mientras que cerca de 2.400 vehículos completaron la inspección técnica mediante un sistema de código QR y quedaron en condiciones de recibir la licencia definitiva.

Sin embargo, el aspecto más relevante de la reunión pasó por la decisión de profundizar los controles sobre las aplicaciones de transporte, un proceso que la gestión municipal presenta como un avance en materia de orden y seguridad, pero que tiene un impacto económico directo sobre miles de trabajadores independientes.

Las autoridades sostuvieron que el crecimiento de estas plataformas respondió a las deficiencias del sistema tradicional de colectivos y afirmaron que el objetivo es incorporar a conductores de autos y motos dentro de un esquema de requisitos obligatorios, con controles técnicos, documentación y fiscalización permanente.

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Además, el municipio anticipó que la próxima etapa incluirá operativos en la vía pública con validación digital en tiempo real para detectar a quienes operen fuera del nuevo régimen.

La decisión no es aislada. Forma parte de una política que, durante los últimos meses, incrementó la presión sobre sectores que dependen del trabajo independiente para sostener sus ingresos.

En una provincia donde casi uno de cada tres ocupados trabaja por cuenta propia, las aplicaciones de transporte y delivery se convirtieron en una alternativa laboral para miles de personas frente a la caída del empleo privado formal. Ese crecimiento permitió que muchos tucumanos encontraran una fuente de ingresos, aunque con condiciones de fuerte precariedad y sin cobertura laboral.

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En ese contexto, la regulación impulsada por el municipio incorporó nuevos requisitos administrativos, inspecciones, seguros, verificaciones técnicas y futuras obligaciones tributarias, medidas que distintos sectores consideran un aumento indirecto de la carga económica sobre trabajadores con ingresos ajustados.

La propia gestión defendió esa estrategia bajo el argumento de formalizar la actividad y garantizar mayores estándares de seguridad. No obstante, las críticas apuntan a que el costo de esa formalización recae principalmente sobre quienes utilizan estas aplicaciones como única fuente de sustento, mientras el municipio amplía su capacidad de fiscalización y recaudación.

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La nueva etapa de controles también se inscribe en una serie de decisiones adoptadas por la administración de Rossana Chahla que impactaron sobre los sectores de menores recursos.

Uno de los casos más cuestionados fue el incremento del boleto urbano, que elevó el valor del pasaje de $950 a $1.250 en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo. Aquella decisión afectó de manera directa a quienes utilizan el transporte público todos los días para trabajar o estudiar.

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Ahora, el endurecimiento de los controles sobre las aplicaciones de transporte vuelve a colocar el foco sobre un universo integrado, en gran medida, por trabajadores informales y cuentapropistas, que deberán afrontar mayores exigencias para continuar desarrollando su actividad.

Mientras el municipio sostiene que las reformas buscan ordenar el sistema y brindar mayor transparencia, los cuestionamientos apuntan a que la estrategia mantiene una misma lógica: incorporar nuevas obligaciones y costos sobre actividades que representan una fuente de ingresos para los sectores más vulnerables, en lugar de reducir la presión sobre quienes ya enfrentan un escenario económico complejo.

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Fuente: El Federalista

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