Chile debate permitir la caza de perros que viven en estado salvaje: en qué casos podrían matarlos

Una iniciativa que avanza en el Congreso de Chile abrió una fuerte controversia entre legisladores, productores rurales y organizaciones defensoras de los animales. El proyecto contempla permitir, bajo determinadas condiciones, medidas letales contra perros que viven en estado salvaje y forman jaurías, principalmente cuando representen una amenaza para el ganado o la fauna silvestre.

La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la propuesta por 10 votos a favor y 2 en contra, dando un primer paso en su tramitación legislativa.

Sin embargo, esto no significa que Chile haya autorizado la caza de perros. El proyecto todavía debe atravesar distintas instancias parlamentarias antes de poder convertirse en ley.

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El proyecto utiliza el término "perros asilvestrados", una expresión poco habitual en Argentina. Se refiere, en términos generales, a animales que han perdido su dependencia y vínculo directo con las personas, sobreviven por sus propios medios y pueden desplazarse o atacar en jaurías.

Por lo tanto, la discusión no apunta a permitir que cualquier persona mate a un perro doméstico que encuentre suelto o abandonado en la calle.

El problema que intentan abordar los legisladores se concentra principalmente en zonas rurales, donde grupos de perros pueden atacar ganado y también especies de fauna silvestre.

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Este es el punto que desató la mayor controversia.

La propuesta contempla mecanismos para controlar la población de estos animales que podrían incluir medidas letales bajo condiciones específicas.

El texto también plantea que el Estado tiene el deber de proteger la fauna silvestre y que los organismos competentes deben intervenir frente a situaciones de riesgo.

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Los detalles sobre cómo podrían implementarse esos controles son precisamente uno de los aspectos que deberán continuar discutiéndose durante la tramitación legislativa.

Quienes respaldan el proyecto sostienen que las jaurías representan un problema creciente en sectores rurales de Chile.

Uno de los principales argumentos está relacionado con los ataques a animales de producción, especialmente ovejas y otros ejemplares de ganado.

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También existe preocupación por el impacto que estos perros pueden provocar sobre especies silvestres protegidas y ecosistemas naturales.

Para los impulsores, las herramientas existentes no serían suficientes para controlar a poblaciones de perros que ya no mantienen un comportamiento doméstico.

La aprobación en comisión provocó una inmediata reacción de organizaciones dedicadas a la protección animal.

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El cuestionamiento central apunta a que la eliminación de perros no solucionaría las causas que originan el problema.

Desde estos sectores sostienen que el fenómeno está relacionado con el abandono de mascotas, la tenencia irresponsable, la falta de esterilización y las dificultades para controlar la reproducción de animales sin dueño.

El temor de los detractores es, además, que una legislación de este tipo pueda generar abusos o dificultades para determinar cuándo un perro debe considerarse efectivamente salvaje.

Por eso reclaman priorizar políticas preventivas y controles que no impliquen matar a los animales.

No por la aprobación que acaba de producirse.

Lo ocurrido en la Comisión de Agricultura constituye solamente una etapa del proceso parlamentario. La iniciativa recibió aprobación en general, lo que significa que los diputados de la comisión aceptaron avanzar con la idea de legislar sobre el problema.

Todavía resta discutir aspectos particulares del proyecto y continuar con su recorrido por el Congreso.

Por ese motivo, afirmar que "Chile aprobó la caza de perros" sería incorrecto en esta instancia.

Lo que sí ocurrió es que una iniciativa que contempla medidas letales para controlar determinadas jaurías dio un paso legislativo importante, suficiente para reabrir una discusión que enfrenta la protección de la actividad ganadera y la fauna silvestre con los cuestionamientos de las organizaciones animalistas.

Fuente: Tiempo de San Juan

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