Choque de medidas judiciales por los paros en la UNSJ: tras el plan para recuperar clases, cómo sigue la cautelar de los padres de preuniversitarios
Frente a la exigencia de la Justicia Federal, las familias calificaron de "inconsistente" la apelación de la universidad, sostienen la demanda por más de 40 días perdidos y exigen frenar nuevas huelgas.
Mientras se cumple la instancia procesal para presentar las definiciones exigidas por la Justicia Federal, las familias de los alumnos de los colegios preuniversitarios de la provincia de San Juan sostienen su batalla judicial para evitar la pérdida de más días de clases. Tras las primeras respuestas brindadas por la casa de altos estudios, la querella consideró "inconsistente" el planteo universitario y reafirmó la exigencia de sostener el dictado de clases frente al impacto del conflicto docente.
La situación del dictado escolar arrastra un escenario crítico tras acumular más de 40 días perdidos por medidas de fuerza de los docentes de la UNSJ. Ante este panorama, el reclamo tramitado por las familias persigue dos objetivos centrales en paralelo: responder por los más de 40 días ya extinguidos y establecer garantías concretas que impidan la ocurrencia de nuevos paros en lo que resta del ciclo lectivo.
El panorama en los tribunales se divide actualmente en dos plazos que corren simultáneamente. Por un lado avanza la medida cautelar inicial, donde el juez determinó que "había verosimilitud en el derecho planteado" y le impuso a la universidad la obligación de tomar medidas para frenar la pérdida de días y definir la recuperación de contenidos. Sin embargo, la institución apeló dicha cautelar aduciendo tareas preventivas que no fundamentó fehacientemente, según explicó el abogado representante de los padres, Mariano Domínguez, en diálogo con Radio Sarmiento, al señalar que la universidad "simplemente enunció que se estaban llevando adelante tareas para recuperar que a nosotros al menos no nos constan y no las han acreditado en el expediente".
A partir de esta apelación, la discusión sobre la cautelar se derivó a la Cámara de Apelaciones de Mendoza. La representación legal de los padres presentó un descargo para que se rechace el recurso universitario y solicitó la habilitación de "días inhábiles para que sea lo más veloz posible" la resolución del tribunal. Un aspecto central resaltado por el letrado es que la apelación "no está concedida con efecto suspensivo", lo que implica que la causa principal sigue su curso ordinario sin paralizar las obligaciones impuestas.
En el cruce de argumentos, según dijo el abogado, las autoridades universitarias intentaron justificar parte de las jornadas perdidas invocando contingencias meteorológicas, postura que fue refutada por los padres al remarcar que "los días que ellos están marcando son días de inclemencia climática que no han sido incorporados en el reclamo nuestro", con excepción de una sola fecha donde coincidieron ambos factores. Del mismo modo, ante la postura de la universidad de alegar impotencia para impedir la adhesión docente a las huelgas, el abogado enfatizó que "ellos son empleadores y la ley nacional implica que ellos deben tomar las medidas" destinadas a garantizar la prestación continua del servicio educativo.
Asimismo, frente a la objeción institucional que cuestionó que el escrito inicial llevara la firma de solo diez tutores sobre una matrícula de tres mil alumnos, la querella aclaró la naturaleza del trámite. Domínguez sostuvo que "son 10 los que firman el escrito por una cuestión de estrategia procesal", agregando que al haberse optado por la vía de amparo colectivo para resguardar un "derecho de incidencia colectiva", la normativa establece que "con uno solo que sea representativo es suficiente", respaldado además por el acompañamiento de casi 200 padres que sumaron sus firmas al expediente.
La situación judicial por venir se concentrará en la resolución sobre el fondo del amparo, cuyo plazo de presentación vence en los próximos días. En esta etapa decisiva, la UNSJ debió entregar un informe circunstanciado que defina el mecanismo concreto de recuperación de clases, la instrumentación del régimen de obligatoriedad del 75% de asistencia docente y la disposición de guardias mínimas para resguardar la continuidad pedagógica, de acuerdo al planteo del abogado de los padres.
Fuente: Tiempo de San Juan
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