Cimbronazos en cadena en la Justicia cordobesa

Resulta complejo encontrar un momento en las últimas décadas en que la Justicia cordobesa haya acumulado tantos cimbronazos, tanto en el plano provincial como en el federal. No es que no los haya habido. La novedad es que ahora se solapan y compiten entre sí, en lo que se parece mucho a una carrera de desprestigio. Justamente todo lo opuesto a lo que necesita este poder clave del Estado.

Muchos creyeron que el punto más alto de este año judicial había sido la histórica remoción, a través del Jurado de Enjuiciamiento, de los tres fiscales que instruyeron distintos momentos de la fallida investigación del asesinato de Nora Dalmasso. Sin embargo, la expulsión política de Javier Di Santo, Pedro Miralles y Luis Pizarro podría tener competencia directa, y de peso, en ese ranking de conductas inapropiadas de altos funcionarios judiciales.

Hay un foco de atención que se posa sobre la torre que aloja a la Justicia federal, ubicada en el parque Sarmiento de la Capital provincial. Se espera que muy pronto, con seguridad antes de que termine agosto, haya novedades importantes allí.

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El juez Alejandro Sánchez Freytes debe tomar decisiones en un expediente de extrema sensibilidad y gravedad institucional.

Los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi están siendo investigados desde abril en una causa en la que fueron denunciados por dos fiscales federales.

Los investigadores los acusan de haber articulado maniobras tendientes a alterar la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Según los denunciantes, los magistrados habrían actuado de común acuerdo para conformar las salas de la Cámara de manera contraria a la Ley de Subrogancias y al reglamento interno. ¿La intención? Intervenir conjuntamente, por ejemplo, en una causa vinculada al denominado caso "Bunge", tras desplazar a los jueces que debían integrar el tribunal por sorteo y alterar el mecanismo previsto.

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Montesi es hoy presidenta de la principal instancia de revisión de la Justicia federal de Córdoba, mientras que Sánchez Torres es la segunda máxima autoridad. Además, como es de público conocimiento ambos magistrados son pareja. Al momento de declarar, se defendieron y negaron las acusaciones.

El pasado 4 de agosto, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian y Pablo Turano –fiscal de la Procuración Federal– pidieron al juez Sánchez Freytes que procese a ambos camaristas. La denuncia inicial había sido presentada a comienzos de abril. En la última requisitoria, además, solicitaron la prisión domiciliaria para Sánchez Torres, que por ahora no sería operativa, por subsistir los fueros de los que goza. Sobre este magistrado también pesa una denuncia adicional por presunto maltrato hacia una empleada que se negó a ser parte de las maniobras que se les recriminan a los camaristas respecto de la confección de las salas de la Cámara Federal.

En los Tribunales federales, es un secreto a voces que Sánchez Freytes tomará una decisión en los próximos días. "Estamos hablando de que hay sospechas graves sobre quienes comandan la Cámara Federal de Apelaciones. Urge que haya una resolución lo antes posible, ya sea para hacer lugar a la denuncia de los fiscales o para desestimarla. Lo que no puede pasar es que se siga en este estado de incertidumbre", aportó una fuente del edificio de barrio Rogelio Martínez.

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Todas las opciones están abiertas: que Sánchez Freytes resuelva hacer lugar al pedido de procesamiento, de manera total o parcial, o que lo desestime. En caso de que se diera cualquiera de los dos primeros casos, la decisión representaría un golpe institucional severo para el cuerpo, ya que dos de sus cuatro integrantes quedarían bajo sospecha penal. Además, se abriría una serie de interrogantes: ¿suspensión?, ¿licencia?, ¿apartamiento?, ¿imposibilidad de intervenir?

Es bueno remarcar que, si bien un eventual procesamiento supondría que existen elementos suficientes para considerar que una persona pudo haber participado en un delito, de ninguna manera eso equivale a una condena.

Con el telón de fondo de un largo conflicto judicial que entró en una pausa obligada por el dictado de la conciliación obligatoria, impulsada por el Gobierno a través de la Secretaría de Trabajo con la idea de desescalar las tensiones, no paran de acumularse versiones sobre el futuro del jefe de los fiscales provinciales.

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Carlos Lezcano, quien asumió hace apenas cuatro meses en reemplazo de Juan Manuel Delgado, acumula críticas y cuestionamientos que se replican en zonas sensibles del poder político. Fiscales, magistrados y hasta funcionarios con despacho en El Panal critican por lo bajo el andar del fiscal General. El periodista Roberto Battaglino escribió hace unas semanas en La Voz sobre la posibilidad de que, a fin de año, haya novedades en torno de la figura de Lezcano.

Lo llamativo es que no sólo nadie en el establishment político y judicial salió a negar esa versión, sino que desde ese momento, la posibilidad de un corrimiento no para de tomar fuerza.

"Hubo mala praxis política", reconocen en privado y con mucha cautela funcionarios llaryoristas. "Al gobernador lo convencieron de que el perfil bajo de Lezcano iba a calmar la interna en el Ministerio Público, pero eso no está funcionando", agregó, también en off, otro conocedor del tema.

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Todas las fuentes señalan al ultrallaryorista Juan Manuel Cid como ideólogo de la jugada para impulsar a Lezcano.

"Si Lezcano se termina yendo, será por su propia voluntad. Nadie le va a pedir que deje el cargo", suma alguien que conoce el malestar que hay en algunos despachos de El Panal por el arranque de la gestión del jefe de los fiscales.

Fuente: La Voz

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