Cisneros sólo pidió su propio sobreseimiento y complicó la situación de Parache, Neme y Petraglia

El diputado adelantó el lunes una declaración escrita, cuando estaba citado su operador. Neme debía declarar hoy y él mañana. Negó la trata de personas, se amparó en el sindicato y pidió que no se le carguen los actos de terceros, es decir, la denunciante, su operador y la abogada.

El diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros eligió no sentarse frente al juez. El lunes 28 de septiembre, el mismo día en que la Justicia federal de Tucumán había convocado a declarar a Juan Federico Petraglia, el legislador presentó por escrito su primera versión de los hechos. El documento ingresó al juzgado a las 13.50. En esas páginas pidió que se lo desvincule de la investigación por trata de personas y construyó una defensa que lo aparta de los otros tres nombres del expediente: la abogada Patricia Micaela Neme, el propio Petraglia y la joven María de Lourdes Parache.

Es decir: si hay un delito, no hay pruebas que lo liguen a Cisneros con los hechos.

El calendario de esas audiencias no es un detalle menor. El lunes estaba citado Petraglia, empleado de la Caja Popular de Ahorros y hombre de confianza del diputado. Para este martes 29 de septiembre estaba citada Neme, la letrada que patrocinó a Parache en la denuncia contra los futbolistas de Vélez. Mañana miércoles debía comparecer el propio Cisneros. En lugar de esperar ese turno y responder en persona, adelantó un descargo de decenas de folios, firmado por él y redactado con la asistencia del abogado Juan Andrés Robles.
La ley permite, en ciertos casos, que un imputado deje su relato por escrito. No todos pueden usar esa vía con la misma holgura. Un ciudadano común, llamado a explicar su conducta ante un juez federal, suele sentarse en la sala, escuchar las preguntas y responder en el acto. El diputado evitó esa escena. No confrontó cara a cara con el magistrado. Presentó un texto controlado, reservó el derecho de contestar más adelante —cuando, dijo, tenga a la vista la totalidad de la causa— y se retiró del momento más expuesto del proceso.

Esa decisión es, al mismo tiempo, un acto de defensa y un dato político. Cisneros no niega haber sido convocado. Niega el delito. Y, al hacerlo por escrito el día de Petraglia, dejó en el expediente una versión propia antes de que hablaran, en la misma ronda, quienes aparecen a su lado en los testimonios.

Para entender el escrito hay que volver dos años atrás. En la madrugada del 3 de marzo de 2024, Parache, entonces periodista y empleada de la Caja Popular de Ahorros, denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro jugadores de Vélez Sarsfield en una habitación del Hotel Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán. Los denunciados fueron Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla.

Esa primera causa tramitó en la Justicia provincial. El 30 de diciembre de 2025, el juez Augusto José Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro futbolistas. Es decir: consideró que no había delito. Entendió que el encuentro había sido consentido. En junio de 2026, la jueza Patricia del Valle Carugatti, del Tribunal de Impugnación, confirmó esa decisión. La Corte de Tucumán dejó firme ese tramo.

El mismo juez que cerró la acusación contra los jugadores remitió copias a la Justicia federal. Quería que se investigara otra cosa: no ya si hubo violación en el hotel, sino si después de esa noche alguien captó a la joven, dirigió su voluntad y la usó con un propósito ilícito. Esa segunda pesquisa es la que hoy ocupa al fiscal federal subrogante Rafael Vehils Ruiz y al juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez.

La hipótesis fiscal no dice, en lo esencial, que Cisneros, Neme o Petraglia hayan llevado a Parache al Hilton. Dice que, una vez ocurrido el encuentro, personas con influencia sobre ella —por el trabajo, por el sindicato, por el patrocinio jurídico— habrían tomado control de su relato, de su denuncia y de sus silencios. A esa secuencia la fiscalía la encuadró como trata de personas con fines de explotación laboral, aunque no en el sentido clásico de un taller o de una jornada forzada, sino como lo que llamó "sometimiento funcional": usar a una persona como instrumento.

Un primer dictamen de 2025 pidió que los tres declararan como imputados. Un segundo dictamen, de 2026, archivó la idea de que hubiera existido explotación sexual y dejó en pie la idea de una explotación ligada al trabajo y al poder sobre la joven. Con esa base, el juez citó a Petraglia, a Neme y a Cisneros.

En el escrito del lunes, Cisneros pide dos cosas, en este orden. Primero, que se lo sobresea. En criollo: que el juez declare que los hechos que se le atribuyen no configuran el delito de trata y que la causa, respecto de él, se cierre. Segundo, y solo si el magistrado entiende que todavía falta alguna prueba, que se disponga la falta de mérito: ni procesamiento ni cierre definitivo, sino una pausa porque lo reunido no alcanza.

Síntesis

Niega, con fórmula terminante, haber captado, condicionado, sometido, amenazado o explotado laboralmente a Parache. Dice que nunca fue su empleador ni su jefe, que nunca fijó su sueldo, su horario ni sus condiciones de trabajo, y que nunca tuvo poder para decidir si ella conservaba o perdía el empleo.

Su explicación es institucional. Integra la conducción de la Asociación Bancaria. Según su relato, frente a una trabajadora que decía haber sufrido violencia, lo que hizo fue lo que un dirigente gremial debe hacer: acompañar, facilitar abogados y brindar amparo. Invoca la ley de asociaciones sindicales y el estatuto de La Bancaria, y pide que ese estatuto se incorpore al expediente para que el juez lea cuáles son, sobre el papel, las funciones de un secretario gremial.

Hay en esas páginas un tono político que el propio firmante no disimula. Asegura que se está usando una figura penal gravísima —la trata de personas— para perseguir conductas que él considera propias de la representación sindical, y que esa imputación opera como "un instrumento de presión política". Advierte que, si se lo sigue investigando con una lectura amplia de la ley, llevará el asunto a la Corte Suprema.

Comparece, dice, como diputado nacional. Recuerda que las inmunidades de un legislador no se pueden renunciar, pero aclara que esas inmunidades no impiden ni la declaración ni la investigación. No pide, en este escrito, que se detenga el expediente por su banca. Pide que, si se lo desvincula, se declare que el proceso no afecta su buen nombre.

El tramo más técnico del descargo puede explicarse sin jerga. En la Argentina, la trata de personas no es cualquier abuso de poder. La ley exige dos piezas juntas. Una acción concreta: ofrecer, captar, trasladar, recibir o alojar a alguien. Y un propósito especial: explotarlo de un modo que la propia ley enumera. Entre esos modos están la esclavitud, la servidumbre y el trabajo o el servicio forzados. No alcanza con influir, aconsejar o presionar. Tiene que existir, o al menos perseguirse, una de esas formas de explotación.

La fiscalía sostuvo que, en este caso, la explotación no sería la de un obrero encerrado en un galpón, sino un "sometimiento funcional": disciplinar la conducta de Parache, aprovechar su dependencia y usarla para fines ajenos. Cisneros responde que esa categoría no está en la ley. Que un juez no puede inventar un tipo penal por analogía. Y que, si se admite esa puerta, cualquier influencia grave podría terminar llamada trata.

Para sostener esa lectura cita fallos de la Cámara Federal de Casación Penal en los que la trata laboral se examinó a partir de hechos muy distintos: condiciones de trabajo, vivienda, jornada, sueldo, vigilancia, traslado de personas hacia un lugar de explotación. En su caso, afirma, no hay prueba de que él hubiera ofrecido a la joven a terceros, de que la hubiera alojado para explotar su trabajo, ni de que se hubiera enriquecido con su labor.

También usa, a su favor, la decisión fiscal de archivar la hipótesis sexual. Si para cerrar ese tramo se exigió un nexo concreto entre una conducta y un fin de explotación, el mismo rigor —dice— debe aplicarse al tramo laboral. Mencionar su nombre, creer que una orden "vino de Cisneros" o reconocer que ayudó con abogados no alcanza, según su planteo, para tener por acreditado ese fin.

El documento es tan elocuente por lo que afirma como por lo que evita. No niega que Parache lo nombrara junto a Neme y a Petraglia. Dice que esas menciones llegan por amigas que escucharon a la joven, no por alguien que lo viera dar una orden.

No niega haberla "ayudado mucho con los abogados". Al contrario: lo reivindica como tutela gremial. Esa frase, que toma de la testigo Rocío Sancho Miñano, es el único acto concreto que el diputado acepta como propio. El resto, pide, no se le traslade.

No cuenta qué ocurrió, según él, entre el 3 y el 6 de marzo de 2024, cuando se formalizó la denuncia contra los jugadores.

No explica por qué Petraglia estuvo en el Hilton el 4 de marzo a las 19.30, dos días antes de esa denuncia. Según la reconstrucción que maneja la fiscalía, el empleado de la Caja —entonces en uso de licencia gremial— pidió al gerente comercial David Robles acceso a las cámaras de seguridad del hotel.

No se refiere a los mensajes que, según pericias sobre teléfonos en la causa provincial, Parache habría enviado el 6 de marzo. En esos chats la joven hablaba de un acuerdo económico si no quería exposición, decía que no quería "hacerlo salir limpio" y que le dieran "algo", y señalaba a Sosa como "el que más plata tiene", motivo por el cual, escribía, no lo iba a dejar afuera.

Tampoco menciona el mensaje en el que habría dicho que "la abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada", ni el WhatsApp del 7 de noviembre de 2025 a Sancho Miñano, en el que se describía como "prisionera de muchas cosas que no compartía ni comparto", "sin poder de decisión y teniendo que cumplir órdenes sin preguntar ni chistar".

Ese silencio no es un olvido de redacción. El escrito está pensado para un solo delito. La trata. Todo lo que pueda parecer maniobra judicial, negociación económica o dirección del relato queda fuera del campo que el diputado acepta discutir.

Cisneros dedica páginas a las declaraciones de 2026 de Ana Inés Gray, Rocío Sancho Miñano, María de los Milagros Castellote, Martina Loi y Manuel Cruz Ramírez. Pide que el juez distinga tres capas: lo que cada una vio, lo que cada una escuchó de otro y lo que cada una conjeturó.

Sancho Miñano es, en esa lectura, la testigo más útil y la más incómoda. Dijo que el diputado ayudó a Parache con los abogados. Aclaró que no tenía fundamento propio. Y, cuando le preguntaron cómo lo sabía, respondió que lo sabía por Lourdes, que lo nombraba mucho, y agregó: "creo que es una orden de Cisneros". El legislador se queda con la duda ("creo", "fundamento no tengo") y no discute la ayuda letrada.

La misma testigo no pudo precisar si la entrevista televisiva en TN se la impuso el diputado o los abogados, ni si un teléfono que él le habría comprado a la joven estaba ligado a un robo simulado o a un simple cambio de aparato. Negó, eso sí, que Parache le hubiera dicho que "los tres" la presionaron para denunciar o la amenazaron con echarla.

Gray contó que la denunciante hablaba de "ellos" y que, al pedirles nombres, mencionó a Neme, a Petraglia y a Cisneros. El escrito responde que eso no es haber visto una orden. Y subraya un matiz que le conviene a los tres: Gray no les atribuyó la organización del supuesto plan para fingir el robo del celular. El autor material, según esa testigo, sería una persona no identificada.

Castellote, siempre según la versión que el diputado extrae de su testimonio, negó que jefes de la Caja presionaran a Parache para seguir el juicio y negó que la joven le hubiera hablado de miedo a perder el trabajo. La angustia que veía, dijo, estaba ligada al abuso que Parache afirmaba haber sufrido.

Ninguna de esas mujeres, concluye Cisneros, lo vio darle una instrucción laboral, manejar su sueldo o amenazar su puesto. Y aquí aparece la frase que más complica a quienes declaran esta semana: aun si se acreditara que alguien dirigió la denuncia o la estrategia ante los tribunales, eso —escribe— no reemplaza el fin de explotación que la ley de trata exige.

En otras palabras: el diputado está dispuesto a discutir, en abstracto, que pudo haber una maniobra procesal. Lo que no acepta es que esa maniobra se llame trata y se le impute a él.

El pedido final resume la estrategia. Que cada prueba se mire respecto de su persona. Que no se le carguen conductas atribuidas a terceros.

No dice que Neme sea inocente. No dice que Petraglia sea inocente. Dice que lo suyo es el sindicato y que lo demás, si existió, no se le debe trasladar.

El efecto sobre la abogada es el más nítido. Si la única conducta que Cisneros reconoce es haber facilitado letrados, y si esa conducta es lícita porque es gremial, la dirección del caso queda en quien litigó. Queda en Neme el relato, la querella, la negociación de un "recupero económico sin el juez" que las pericias provinciales sitúan el 6 de marzo de 2024, y las frases atribuidas a la joven sobre que le dijeron dónde ser dramática o le anotaron partes de la denuncia. El jefe se reserva la derivación. La letrada queda con el expediente.

El efecto sobre Petraglia es más seco. El escrito lo incluye en el "ellos" que Parache nombraba y lo cubre apenas en un punto: Gray no les endilgó a los tres el plan del celular. No hay, en cambio, una explicación de la visita al Hilton. No hay un relato sobre el rol de operador que le asigna la fiscalía. No hay una palabra sobre el patrimonio de ocho inmuebles que, según relevamientos registrales difundidos en Tucumán, figurarían a su nombre. El empleado de la Caja, presentado durante años como hombre de extrema confianza del dirigente, hereda los silencios del descargo.

El efecto sobre Parache es de otro orden y, para ella, acaso más grave. Para destruir la trata, Cisneros necesita que la joven no aparezca como una voluntad anulada. Por eso destaca que compareció ante la Justicia federal con abogado propio y que lo hizo por decisión personal. No usa ese dato como un permiso legal —la ley de trata dice que el consentimiento de la víctima no borra el delito—, sino como una prueba de que ella decidía.

Esa afirmación la saca del lugar de víctima captada y la acerca al de denunciante que actúa por sí. Si avanza, en paralelo, la investigación provincial por falso testimonio y estafa procesal —en la que también figuran el diputado, la abogada, el operador, la joven y Castellote, entre otros—, la tesis de la autonomía se vuelve un problema para quien primero fue presentada como víctima absoluta.

El legislador no dice que la denuncia del Hilton fuera falsa. Tampoco dice que fuera verdadera. Habla de "la situación que ella manifestaba atravesar". Ni la sostiene ni la desmiente. En un expediente que todavía los tiene juntos, esa neutralidad le retira el amparo político que el gremio le dio en la calle, cuando La Bancaria marchó con las consignas "Si tocan a una, respondemos todas" y "Justicia por Luli".

Como defensa contra la trata, el texto es consistente. La ley pide un catálogo preciso de explotación. Usar a una persona para sostener un juicio, por grave que esa conducta pueda ser, no está escrito en ese catálogo. Los fallos que el propio diputado cita hablan de fábricas, de talleres, de jornadas y de salarios, no de una "cama extorsiva" ni de un "sometimiento funcional".

Eso no termina la historia. La desplaza.

Si el juez Díaz Martínez acepta que, respecto de Cisneros, no hay trata, quedan en pie otras posibles calificaciones para los hechos que el escrito menciona solo para decir que no son trata: dirigir una denuncia, armar una estrategia judicial, facilitar a la abogada que después condujo el caso. Presionar a alguien para que actúe contra su voluntad puede ser coacción. Participar en una acusación que se sabía falsa puede ser otro delito. Si se acredita el móvil de dinero que aparece en los chats del 6 de marzo, puede discutirse una extorsión. Si se prueba un grupo estable, con reparto de roles y un plan abierto de delitos, puede discutirse una asociación ilícita. Ninguna de esas figuras exige que el diputado haya sido el empleador de Parache.

La defensa prevé esa lectura y la combate. No la borra. Un tribunal también puede razonar al revés: que quien coloca a la abogada y al hombre de confianza responde por el conjunto. El escrito está hecho para cortar esa cadena. El precio de cortarla es dejar de hablar en plural.

Hoy debía hablar Neme. Mañana debía hablar Cisneros, en persona. El lunes, mientras Petraglia tenía audiencia, el diputado ya había dejado su versión en el mostrador del juzgado.

Ofreció prueba: las actas de las cinco testigos de 2026, el estatuto de La Bancaria, papeles de su función gremial, los dos dictámenes fiscales, las presentaciones de Parache con abogado propio e informes sobre los cargos y los vínculos institucionales de Neme, de Petraglia y de él en la Caja Popular.

Lo que no ofreció es una escena. No se sentó ante el juez. No escuchó las preguntas en el momento. No corrió el riesgo de una repregunta que desviara el texto. Usó una facultad procesal que existe, y que un dirigente con banca y con estudio jurídico puede ejercer con más desahogo que la mayoría de los imputados.

Esa es la novedad de esta semana. No es una confesión. Es una línea. En una causa que nació como denuncia de violación en grupo, siguió como sobreseimiento de los futbolistas y se convirtió en una pesquisa federal por trata, el hombre al que las amigas de Parache señalaban como quien "tomaba las decisiones" eligió defenderse por escrito, el día del operador, y decir que las decisiones concretas no fueron suyas.

A partir de este declaración, serán Neme, a Petraglia y a Parache quienes deberán explicar su accionar, porque el diputado consideró que no hay pruebas que lo relacionen a él con la denuncia falsa y la instrumentalización de la joven.

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