Cisneros y Neme contradicen el mensaje de Parache y la comprometen más en la causa provincial

El diputado y la ex abogada de la denunciante de los jugadores de Vélez necesitan probar que la joven actuó por iniciativa propia y no fue instrumentalizada por ellos. Esto agravará la situación de empleada de la Caja y periodista, quien tendría que afrontar sola la causa.

El viernes 7 de noviembre de 2025, a las 13.43, Lourdes Parache les escribió a sus íntimas amigas a través de un grupo de WhatsApp lo siguiente: "sería absurdo negar que estuve en un mal manejo de todas las partes, siendo prisionera de muchas cosas que no compartía ni comparto, haciendo la vista ciega porque no me queda opción pero sobre todo sin poder de decisión y teniendo que cumplir órdenes sin preguntar ni chistar".

Ahora, en sus declaraciones ante la Justicia federal por presunta instrumentalización y trata de personas, su entonces abogada Patricia Neme y el diputado Carlos Cisneros niegan que eso sea cierto. Sostienen que la joven denunciante actuó con autonomía en lo que la Justicia de Tucumán consideró una falsa denuncia.Eso es lo que se desprende de los escritos presentados tanto por el exsindicalista como por la letrada.

El mensaje de Parache no nombra a quién daba las órdenes. Tampoco dice que la noche del Hilton haya sido un abuso ni que no lo haya sido. Dice otra cosa, y la dice en primera persona: que estuvo en un mal manejo, que lastimó a personas que nada tenían que ver, y que lo hizo sin poder decidir. Esa frase es, al mismo tiempo, una confesión y una coartada. La confesión la acerca a la causa provincial, donde se investiga si la denuncia contra los jugadores de Vélez fue falsa. La coartada —"prisionera", "sin poder de decisión"— es lo que Cisneros y Neme necesitan destruir para que la causa federal por trata no los alcance.

Los descargos no se contradicen entre sí. Se completan, y los dos contradicen a Parache. Llevan la firma técnica del mismo abogado, Juan Andrés Robles, piden lo mismo y comparten párrafos enteros. El pedido principal es que se los desvincule porque, a su juicio, los hechos no constituyen trata. Si el juez entendiera que todavía falta prueba, piden al menos que no se los procese por ahora. Los dos discuten la fórmula de la fiscalía —que la joven habría sido captada y sometida para sostener una denuncia— y sostienen que acompañar, patrocinar o asistir gremialmente no es trata. Los dos se abstienen de responder preguntas. Los dos invocan que Parache declaró en sede federal con abogado propio.

La diferencia está en el uso de esa voluntad. Cisneros la necesita para apartarse. Neme, para explicar que el patrocinio no fue captación. Ninguno de los dos la necesita como víctima. Y ninguno de los dos recoge la frase del 7 de noviembre.

El diputado presentó su descargo el lunes 28 de septiembre a las 13.50, el día en que la Justicia federal había citado a Juan Federico Petraglia, empleado de la Caja Popular de Ahorros y hombre de su confianza. Neme debía declarar el martes 29. Cisneros, el miércoles 30. Las tres audiencias habían sido fijadas a las 9.30 por el juez Guillermo Díaz Martínez. En lugar de esperar su turno y sentarse frente al magistrado, Cisneros dejó un texto de decenas de folios y reservó el derecho de ampliar cuando tuviera a la vista la totalidad de la causa.

La frase que ordena ese escrito es que no se le carguen conductas de terceros. No dice que Neme, Petraglia o Parache sean inocentes. Dice que lo suyo es el sindicato: que nunca fue empleador de la joven, que no manejaba su sueldo ni su puesto, y que el único acto concreto que acepta como propio es haber "ayudado con los abogados". Para que esa separación cierre, Parache no puede aparecer dirigida. Por eso destaca que compareció ante la Justicia federal con letrado propio y que lo hizo por decisión personal. No usa ese dato como un permiso legal —la ley de trata dice que el consentimiento de la víctima no borra el delito—, sino como una prueba de que ella decidía.

Esa afirmación es la negación del mensaje. Donde ella escribió "sin poder de decisión" y "órdenes sin preguntar ni chistar", el diputado escribe que decidió. La saca del lugar de víctima captada y la acerca al de denunciante que actúa por sí. No dice que la denuncia del Hilton fuera falsa. Tampoco dice que fuera verdadera. Habla de "la situación que ella manifestaba atravesar". Ni la sostiene ni la desmiente. En un expediente que todavía los tiene juntos, esa neutralidad le retira el amparo político que el gremio le dio en la calle, cuando La Bancaria marchó con las consignas "Si tocan a una, respondemos todas" y "Justicia por Luli".

Neme ingresó su escrito al día siguiente, a las 9.35: quince páginas, por derecho propio y con la misma asistencia letrada. Anunció que se abstendría de responder preguntas y pidió que la declaración se incorporara íntegra al acta. Su tesis es la de Cisneros, con otra firma: "Mi actuación se explica por funciones institucionales y profesionales, incluida mi intervención como abogada, sin que pueda transformarse el ejercicio profesional ni el acompañamiento en una presunción de trata".

Sobre la voluntad de Parache, el escrito de la abogada es más cauteloso y, por eso, más revelador. Registra que el 6 de febrero de 2026 la joven compareció con patrocinio de José César Díaz "sin revocar la designación de la Dra. Patricia Neme". Pide que ese dato se lea como continuidad profesional y no como indicio. Recuerda que Parache declaró en sede federal con letrado propio. Y aclara el límite que Cisneros deja implícito: no invoca ese hecho como un consentimiento que borre el delito, porque la ley de trata no lo admite. Lo ofrece como elemento para confrontar la tesis de una voluntad anulada.

El resultado es el mismo. Los dos necesitan que ella haya podido decidir. Cisneros lo llama autonomía. Neme lo llama continuidad. Contra la trata, las dos lecturas sirven. Contra el mensaje del 7 de noviembre, las dos lo desmienten. En la causa provincial, las dos la dejan sola.

La hipótesis fiscal no dice que Cisneros, Neme o Petraglia hayan llevado a Parache al Hilton. Dice que, una vez ocurrido el encuentro de la madrugada del 3 de marzo de 2024 en la habitación 407 del Hilton Garden Inn, personas con influencia sobre ella —por el trabajo, por el sindicato, por el patrocinio— habrían tomado control de su relato, de su denuncia y de sus silencios. A esa secuencia la fiscalía la encuadró como trata con fines de explotación laboral: usar a una persona como instrumento. En febrero de este año reiteró el pedido de indagatoria y sumó, para los tres, la prohibición de salir del país.

Un tramo de la pesquisa, el que indagaba una explotación sexual, fue archivado. No se archivó la investigación principal. Neme discute la fórmula. Escribe que la expresión "sometimiento funcional" no puede funcionar como una categoría que amplíe el delito. Sostiene que la ley impide sustituir esclavitud, servidumbre o trabajos forzados por una noción abierta de direccionamiento de decisiones judiciales o mediáticas. Agrega que no tenía relación laboral jerárquica con Parache ni facultades sobre su salario, su estabilidad, su jornada o sus funciones. Pide, además, que el cierre incluya una declaración de que el proceso no afecta su buen nombre y honor.

Esa discusión puede prosperar sin que la joven quede a salvo. La ley impide que el consentimiento de la víctima excluya el delito de trata. Por eso Neme tiene razón jurídica cuando aclara que no usa la comparecencia como permiso. Pero la causa provincial no investiga trata. Investiga el reverso de lo que la Justicia tucumana ya cerró contra los jugadores: falso testimonio, instigación a mentir, estafa procesal, adulteración de evidencia y asociación ilícita. En esa carátula figuran Cisneros, Parache, el abogado Franco Venditti, Santiago Sheriff, Neme, María de los Milagros Castellote, Jorge Rafael Parache, Rosario Molina y Petraglia.

Ahí la autonomía cambia de signo. Si Parache decidió por sí, compareció con abogado propio y no revocó a Neme, la tesis de la voluntad anulada —la única que la mantenía en el lugar de instrumento, y la que ella misma escribió el 7 de noviembre— se debilita. Lo que en el fuero federal es un argumento para cerrar, en el provincial es un dato que la fiscalía puede leer como autoría: una denunciante que, según los propios descargos, no estaba captada. Cisneros no lo dice. El escrito lo produce.

Hay una segunda pieza, y no está en el grupo. En una manifestación dirigida a la fiscal Adriana Reinoso Cuello, que llegó a la fiscalía entre los documentos presentados por la propia Neme, Parache escribió que, por ella, ya habría encontrado una salida "arreglando con los imputados, pero ni mi padre ni quienes me asisten me lo han permitido". Aconsejar no aceptar un acuerdo y quitarle a una persona la posibilidad de decidir son situaciones distintas. La frase obliga a establecer cuál de las dos describía. Los escritos de septiembre no la recogen. Prefieren la comparecencia con abogado propio.

El silencio repartido vuelve más nítida esa restitución de la voluntad. Cisneros no explica la visita de Petraglia al Hilton ni los mensajes de Parache sobre un arreglo económico y sobre Sebastián Sosa como "el que más plata tiene". Cubre a su operador en un solo punto: la testigo Ane Gray no les endilgó a los tres el plan del celular. No hay un relato sobre el rol que la fiscalía le asigna. El empleado de la Caja hereda los huecos del descargo.

Neme no recogió la dirección del caso que ese escrito le dejaba. Omitió los tres episodios que la orden de allanamiento del 30 de septiembre de 2025, del juez Bernardo Daniel Lerario Babot, le atribuye en persona, a partir de la denuncia de José Ignacio Florentín Bobadilla. No reconstruyó la reunión del 8 de abril de 2024 en la que, según la pericia sobre el teléfono de Castellote, habría tomado los aparatos de Castellote y de Parache y eliminado mensajes para que coincidieran las conversaciones. Ese mismo día, según los fundamentos publicados por El Tucumano, Castellote le escribió a Sheriff: "La abogada nos agarró los 2 teléfonos de Castelote [sic] y Parache y se puso a eliminar mensajes. Teníamos que eliminar mensajes para que coincidan las conversaciones y no salgan los audios. Hemos estado como una hora y pico".

Tampoco mencionó el texto de las 8.45 del 16 de abril de 2024 —"y que no te acuerdas de nada"—, horas antes de que Molina declarara, ni la constancia que, según la denuncia, pidió junto a Venditti cuando la jueza Gómez Moreira ordenó entregar capturas y audios: que el acta dejara asentado que no faltaba ningún mensaje. El borrado y el robo simulado son, en esa denuncia, hechos distintos. Ella desarrolló el segundo, por lo que Parache habría contado a Rocío Sancho Miñano y a Gray. El primero no está.

Hay un detalle de redacción que muestra la pluma común. En el tramo del robo simulado, el escrito de Neme habla de un empleado de Cisneros sin identificarlo, y recuerda que Gray no atribuyó a los tres la organización del plan. En el descargo del diputado, presentado el día anterior, el mismo párrafo dice "un empleado mío". No nombra a Petraglia. Lo deja dentro del círculo. Sobre los testimonios de 2026, los dos extraen límites —Castellote negó presión de la Caja; Sancho Miñano no recordó un grupo ni una amenaza laboral; Gray no dijo haber presenciado la planificación— y no los usan para explicar los mensajes y las pericias de 2024.

Esos mensajes son los que el escrito de Neme elude y los que la tesis de la autonomía tiene que convivir. A Molina, Parache le escribió: "La abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada". El 17 de marzo de 2024, poco después del mediodía, le dijo a una amiga, según las capturas publicadas por El Tucumano: "Me dijeron en que subir el volumen", "En qué bajarlo", "Que hable que sosa me manipula por chat", "me anotaron cosas en mi denuncia" y "Me dijeron donde ser dramática". El plural no identifica autor. La orden de allanamiento vincula el episodio con los abogados. El juez Augusto José Paz Almonacid citó esos chats al fundar, el 30 de diciembre de 2025, que no había delito respecto de Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y Florentín Bobadilla, y rechazó el pedido de excluir la extracción del teléfono.

El 3 de marzo de 2024, a las 12.10, en el mismo grupo de amigas, el tono era otro. Parache escribió: "Ayer me regalaron una chamba de Vélez. Un jugador se la saca y me la da. Tenía su perfume. Cuestión q la use para dormir". Una amiga respondió con una risa. No hay ahí mención de violencia. Cuatro días después llegó la denuncia. El 7 de noviembre de 2025, el mensaje a esas mismas amigas ya no hablaba de la camiseta. Hablaba de órdenes.

El tramo de representación no está en los descargos y ordena la secuencia. Robles, que ahora firma los dos pedidos de cierre, patrocinó a Parache —junto con Díaz— en la queja que la Corte de Tucumán rechazó el 11 de septiembre. El fallo, firmado por Antonio Estofán, Daniel Leiva, Daniel Posse y Claudia Forte, dejó firme el sobreseimiento de los cuatro futbolistas por el hecho de la habitación 407. Antes, en junio, la jueza Patricia del Valle Carugatti había confirmado la decisión de Paz Almonacid. La Corte no condenó a Neme ni a Cisneros. Cerró la causa contra los jugadores y dejó en pie la remisión al fuero federal.

El mismo estudio pasó, en veinte días, de sostener la denuncia a pedir que se cierre la pesquisa nacida de esa denuncia, y lo hizo por separado: cada imputado, su desvinculación; nadie, el 8 de abril; nadie, el mensaje del 7 de noviembre. Neme escribe que el secreto profesional no se invoca para sustraer hechos externos y que puede defenderse respecto de hechos propios y verificables. Esos hechos no aparecen en las quince páginas. La reserva del abogado tutela la revelación indebida. No convierte en reservada una conducta que la denuncia sitúa fuera de la consulta.

Lo que el juez Díaz Martínez todavía no resolvió es si el acompañamiento es trata. Lo que los dos escritos ya resolvieron, cada uno por su lado, es que Parache no fue un instrumento. Para la causa federal, esa es la defensa. Para la joven, es la negación de lo que ella misma escribió a sus amigas, y es la exposición en la causa provincial, donde también están el diputado, la abogada, el operador y Castellote.

La Justicia de Tucumán ya decidió que la denuncia fue falsa. Lo que falta decidir es quién pergeñó la causa: Fue Lourdes sola, la joven empleada de la Caja Popular que cubría fútbol en sus tiempos libres, o fue toda una estructura liderada por el diputado Cisneros con su ejército de abogados.

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