Ciudad cruel: el gobierno de CABA celebra su crisis de vivienda

Por: Leandro Vera Belli y Marcela Perelman

Por: Leandro Vera Belli

Por: Marcela Perelman *

A través de un spot de propaganda, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebró que llegaron al supuesto desalojo número mil. La campaña cargada de mensajes discriminatorios pretende presentar como un éxito de gestión lo que es una verdadera crisis social: solo hasta mayo último, los datos oficiales informan que más de 4500 personas quedaron en la calle por este tipo de operativos. Entre ellas, 1500 son niños y niñas.

El spot autocelebratorio alterna escenas de grupos de policía de choque que irrumpen a patadas en las viviendas con la eliminación de símbolos ligados a la izquierda, al peronismo y a la organización social. La novedad es la inclusión de la dimensión política en la campaña oficial de "orden y limpieza" que ya había señalado y tratado como basura a las personas pobres, inmigrantes, a quienes viven en villas o en el conurbano, y a quienes trabajan o viven en la calle.

A esto se suma que gran parte de las imágenes del video son de un desalojo que se realizó el verano pasado. El uso atemporal busca estigmatizar a las personas desalojadas por su supuesta ideología y negar la necesidad de vivienda de los hogares afectados, presentándolos como "mafias políticas". La ostentación de la eliminación de símbolos políticos, además, pretende descalificar el derecho a la vivienda e intimidar a todo el arco opositor de la ciudad.

Gran parte de los desalojos de los que se jacta el gobierno tienen una legalidad cuestionada. La facilidad con la que dejan a la gente en la calle tiene que ver con que los procedimientos se realizan prácticamente sin control judicial. El gobierno porteño encontró un atajo para desalojar: el uso perverso de certificados de riesgo de derrumbe. De esta manera habilitan desalojos por vía rápida y administrativa. Mientras ese riesgo es dudoso en una gran cantidad de los casos, decenas de familias quedan en la calle con el pretexto de protegerlas.

La aceleración de los desalojos aumentó la población de personas en situación de calle. Según el último censo popular de 2025, casi 12.000 personas ya vivían en esta situación (463 eran niñas y niños). Esto representó un aumento del 64% en relación con el censo de 2019. El 80,7% de las personas censadas denunció haber sufrido violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público e Higiene Urbana.

La figura contravencional utilizada para hostigar a esta población es la de portación de "armas no convencionales". Persiguen a personas que tienen entre sus pertenencias cubiertos o utensilios de cocina, indispensables para la subsistencia diaria. Los datos del Ministerio Público de la Ciudad evidencian que el uso de esta figura aumentó un 2883% entre 2023 (458) y 2025 (13660).

Muchas de las personas desplazadas de la calle terminan viviendo en el espacio público de las villas de la ciudad. Pero estos barrios también son objeto de la discriminación y agresión oficiales. Con el discurso de que en las villas eligen vivir los delincuentes y narcotraficantes, el gobierno abandonó las políticas de integración socio urbana y despliega operativos de seguridad que jamás serían tolerados en otras zonas de la Ciudad. Bajo el título bélico y discriminatorio de "Tormenta Negra", con más de 1500 efectivos fuertemente armados, drones, móviles especiales y una fuerte cobertura mediática, la Policía de la Ciudad despliega procedimientos masivos realizados sin investigaciones previas ni controles judiciales.

El hostigamiento se extiende también a quienes trabajan de forma precarizada: vendedores ambulantes, cuidacoches y recolectores urbanos son sometidos constantemente a situaciones abusivas, impidiéndoles trabajar y criminalizando sus formas de subsistencia.

Esta es la radiografía de una ciudad que el gobierno porteño pretende convertir en un espacio para cada vez menos hogares. Hostil, para quienes no gozan de privilegios. Excluyente para los sectores más empobrecidos y vulnerables de la ciudad. No hay nada que celebrar.

* Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

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Jorge Macri