Código Penal Juvenil: el Gobierno acelera para enviar el proyecto a la Legislatura en noviembre
Este viernes se reunirá por última vez el equipo que trabaja en el proyecto y, después de eso, avanzará hacia la Corte para finalmente llegar a Diputados antes de fin de mes.

Uno de los proyectos que el Gobierno de San Juan tiene como objetivo cerrar antes de fin de año es el Código Procesal Penal Juvenil. La iniciativa busca adecuar el procedimiento provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que entró en vigencia el pasado 5 de septiembre y modificó, entre otros puntos, la edad de imputabilidad.
En ese marco, este viernes se reunirá el equipo de trabajo que viene elaborando el proyecto, encabezado por el asesor letrado del Gobierno provincial, Alejandro Ferrari. El objetivo será revisar los últimos detalles del texto antes de enviarlo a la Corte de Justicia y al Ministerio Público Fiscal, organismos que tendrán la oportunidad de analizarlo durante la próxima semana.
Con esas revisiones, el Poder Ejecutivo buscará dejar listo el proyecto para remitirlo a la Cámara de Diputados antes de que termine noviembre. La intención es que San Juan cuente con un código procesal propio que permita aplicar las disposiciones del nuevo régimen nacional en el ámbito provincial.
Cabe recordar que, ante la falta de una normativa procesal local adaptada a los cambios nacionales, el 14 de septiembre la Legislatura aprobó la Ley Transitoria del Régimen Penal Procesal Juvenil. Se trata de una herramienta provisoria que permitió adecuar el sistema sanjuanino a la Ley Nacional 27.801, mientras se avanza en la elaboración de una legislación definitiva.
Entre los principales cambios introducidos por el nuevo régimen nacional se encuentra la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. También establece un sistema de responsabilidad penal especializado para adolescentes, fija límites a las penas privativas de libertad y prioriza medidas alternativas, como sanciones socioeducativas, reparación del daño y prestación de servicios comunitarios.
Además, dispone que los adolescentes no puedan ser alojados en establecimientos penitenciarios comunes ni en comisarías, y establece la intervención de operadores judiciales especializados en materia penal juvenil.
Fuente: Tiempo de San Juan
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