Códigos de descuento: qué pasó en San Juan en 2001 y por qué el sistema vuelve a estar bajo la lupa

En San Juan, hace 25 años, había empleados públicos que cobraban 500 pesos y debían 10.000. El sueldo prácticamente desaparecía luego de los códigos de descuento que se aplicaban de préstamos tomados en gremios y financieras. Esa es una de las imágenes que Ricardo Ortiz, entonces ministro de Economía de San Juan, recuerda de aquellos días de 2001, cuando la crisis de la salida de la convertibilidad dejó a la provincia y a sus trabajadores en una situación límite de endeudamiento.

Los códigos de descuento entonces ya existían y eran muchos: había 42 y entonces se consideraba que era una cifra extrema, casi obscena. El Estado provincial retenía parte de los salarios para pagar préstamos, cuotas y obligaciones con distintas entidades. El problema era que, con los sueldos cada vez más comprometidos, había trabajadores a los que prácticamente no les quedaba dinero para vivir.

Ortiz recordó que el gobierno no se quedó cruzado de brazos y decidió ordenar aquel sistema. Se eliminaron códigos que no cumplían con los requisitos y quedaron 23. También se puso un límite: los descuentos no podían superar el 60% del salario, para garantizar que al trabajador le quedara al menos el 40% de sueldo.

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Y en medio de aquella crisis ocurrió otro cambio importante: el Banco San Juan que había sido privatizado por la gestión anterior de Jorge Escobar, ingresó al sistema de códigos de descuento, con préstamos a tasa subsidiada por la provincia, en su condición de agente financiero y con el Estado provincial como accionista del 18%.

Veinticinco años después, la historia tiene un dato que llama la atención: en un nuevo escenario de fuerte endeudamiento, con San Juan liderando el ranking de morosos nacional con el 36%, hay en San Juan 150 códigos de descuento activos. El mecanismo que alguna vez fue ordenado y reducido vuelve así a quedar bajo la lupa.

Cuando los sueldos no alcanzaban para pagar deudas

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Para entender por qué los códigos de descuento se convirtieron en un tema central durante aquella crisis hay que volver a 2001. Cuando Alfredo Avelin asumió la gobernación, en diciembre de 1999, San Juan ya tenía buena parte de sus recursos comprometidos. Según recuerda Ortiz, el 75% de la coparticipación estaba cedida en préstamos en dólares (regía el 1 a 1), por lo que quedaba poco dinero disponible.

La situación financiera provincial se fue agravando hasta que, en 2001, la provincia dejó de tener financiamiento suficiente para afrontar sus obligaciones. Llegó a acumular dos o tres meses de salarios adeudados, además del aguinaldo. En agosto de ese año, el entonces ministro de Economía, Enrique Conti, dejó el cargo y Ortiz, que se desempeñaba como jefe de asesores de la cartera, asumió como ministro.

El contexto nacional también era crítico. La convertibilidad llegaba a su final y muchos créditos que habían sido tomados en dólares se volvieron prácticamente impagables tras la salida del uno a uno.

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Ortiz recuerda que las deudas de muchos trabajadores se multiplicaron y que los empleados públicos comenzaron a recurrir a financieras, bancos y mutuales para conseguir dinero.

Había 42 códigos y decidieron reducirlos

En ese momento había 42 códigos de descuento. Para Ortiz, eran demasiados. La pregunta que se planteaba entonces era por qué el Estado debía convertirse en agente de retención de deudas contraídas con cualquier comercio o entidad. ¿Por qué tiene que ser el Estado el agente de retención de un cementerio, de una casa de comercio", dijo Ortiz a Tiempo de San Juan.

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Por eso, desde el Ministerio de Economía se impulsó un proyecto de ley, firmado por Avelin y Ortiz, que buscó ordenar el sistema. Una de las medidas centrales fue la depuración de los códigos. Y de los 42 existentes quedaron 23. Según explicó Ortiz, se eliminaron aquellos que no podían acreditar correctamente su actividad o no contaban con la documentación correspondiente. Las entidades tuvieron que presentar los certificados e inscripciones requeridos y quienes no cumplían quedaron afuera del sistema.

"La intención fue ponerle un límite a un mecanismo que había crecido sin demasiados controles y evitar que cualquier entidad pudiera acceder al salario de un empleado público", dijo el exministro.

El Banco San Juan entra al sistema

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La reforma también permitió incorporar al Banco San Juan que entonces ya estaba privatizado, al esquema de códigos de descuento. Hasta entonces, según recuerda Ortiz, el banco no tenía este mecanismo para otorgar préstamos a los empleados públicos. La provincia, que tenía el 18% del capital accionario, buscó que su agente financiero ofreciera una alternativa de crédito con condiciones más accesibles para los trabajadores.

La idea era sencilla: si los empleados ya estaban recurriendo a bancos, financieras y mutuales para conseguir dinero, el Banco San Juan podía ofrecerle préstamos a tasa subsidiada por la provincia, utilizando el código de descuento como mecanismo de cobro.

Ortiz recuerda que hubo conversaciones con las autoridades del banco y que los asesores del Ministerio de Economía, Oscar Zuleta y Gabriel Russo, trabajaron con los abogados de la entidad para poner en funcionamiento el sistema. El entonces gerente del Banco San Juan, Marcelo Buill, fue uno de los actores que intervino en ese proceso. Así, el banco pasó a tener su propio código de descuento para los empleados públicos sanjuaninos.

El límite del 60% para proteger el salario

La experiencia de aquellos años también dejó una regla que todavía tiene vigencia: los descuentos por código no pueden superar el 60% del salario estatal. Es que había trabajadores que cobraban muy poco en relación con las deudas que habían acumulado. Ortiz recuerda casos de empleados que cobraban 500 pesos y debían 10.000.

La situación llegó a tal punto que algunos empleados públicos pidieron que parte de sus salarios se pagara con Lecop y tickets canasta, porque de esa forma no se aplicaban los códigos de descuento.

Ortiz recordó que el entonces jefe de la Policía, Carlos Alcayaga; y el ministro de Gobierno, Rodolfo Colombo, acordaron pagar parte de los salarios con tickets canasta y Lecop porque algunos agentes, entre descuentos y cuotas alimentarias, prácticamente no cobraban nada.

La historia que vuelve a mirar el presente

La comparación con el nivel de endeudamiento de la actualidad aparece casi inevitablemente. En plena crisis a partir del 2001, cuando los trabajadores estaban fuertemente endeudados, San Juan se quedó con 23 códigos. Hoy en cambio, el sistema cuenta con alrededor de 200 códigos registrados y unos 150 activos.

El dato adquiere especial relevancia porque se produce en un nuevo escenario de endeudamiento y morosidad. San Juan registra alrededor del 36% de deudores morosos, la tasa más alta del país, según los datos nacionales que vienen encendiendo las alarmas. La diferencia entre aquel momento y el actual no pasa solamente por la cantidad de códigos. Si no por la gran cantidad de entidades que utilizan el salario estatal como mecanismo de cobro: los empleados públicos tienen fácil acceso y no necesitan garantías. Pero al mismo tiempo se ha convertido en una trampa que fomenta un mayor endeudamiento.

Hoy, el debate es cómo garantizar que los 45.000 empleados públicos provinciales -65.000 si se ñaden los naciones y municipales- puedan acceder al crédito sin que las cuotas terminen absorbiendo una parte excesiva de sus salarios.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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