Coimas por Mercado Pago, ambulancias en boliches y abuso sexual: el vendaval de despidos del Estado

El Ejecutivo oficializó más de 20 expedientes disciplinarios que incluyen cesantías, una exoneración, suspensiones y bajas en distintas áreas.

Más de 20 expedientes revelan cesantías, exoneraciones, suspensiones y bajas en distintas dependencias de la administración provincial.

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El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este jueves un conjunto de más de 20 expedientes disciplinarios que involucran a agentes de distintas áreas de la administración pública provincial. Las medidas fueron formalizadas mediante decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones administrativas publicadas en el Boletín Oficial.

Los documentos incluyen 11 cesantías, una exoneración, una suspensión, seis bajas o ceses de funciones, un caso que continuará bajo sumario y un pedido judicial para excluir la tutela sindical de una empleada con el objetivo de avanzar con su jubilación obligatoria.

Los casos abarcan situaciones de distinta gravedad, desde pedidos de coimas, un abuso sexual con condena penal, uso indebido de una ambulancia oficial y robos dentro de hospitales, hasta reiteradas inasistencias injustificadas, abandono de funciones, falta de adaptación durante el período de prueba y problemas vinculados a la aptitud psicofísica para desempeñar cargos públicos.

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Uno de los expedientes más relevantes corresponde al Hospital Dr. Luis Chrabalowski (Decreto 522), donde un chofer fue cesanteado luego de que una investigación determinara que utilizó una ambulancia oficial con fines ajenos al servicio.

Según el registro del GPS del vehículo, tras finalizar un operativo en Alta Montaña el agente no regresó al hospital, sino que permaneció durante aproximadamente una hora frente a un local bailable de Uspallata. El sumario también concluyó que se encontraba vestido de civil y que hizo subir a particulares al móvil sanitario, lo que motivó la sanción.

En el Hospital Lagomaggiore (Decreto 895), otra agente fue cesanteada luego de que una investigación acreditara el robo del teléfono celular de la madre de un paciente internado en Neonatología. La resolución sostuvo que el hecho implicó una pérdida de confianza incompatible con el desempeño de funciones dentro de un establecimiento sanitario.

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También dentro de la órbita sanitaria, el Ejecutivo confirmó la finalización del contrato de una profesional que prestaba servicios en la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) mediante el Decreto 666. La trabajadora había cuestionado la decisión por considerar que se trataba de un despido encubierto, pero el Gobierno ratificó que la relación contractual tenía plazo determinado y finalizó al vencimiento del convenio.

En otro expediente, el Decreto 743 dispuso iniciar las actuaciones judiciales para solicitar la exclusión de la tutela sindical de una auxiliar administrativa del área de Salud, delegada de ATE y con 45 años de antigüedad. El objetivo es remover la protección gremial que impide avanzar con su jubilación obligatoria, al considerar que reúne los requisitos de edad y aportes establecidos por la normativa previsional.

La cartera de Seguridad concentra la mayor cantidad de expedientes incluidos en el paquete de medidas.

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Entre ellos figura la cesantía, dispuesta mediante el Decreto 1184, de un auxiliar mayor de la Policía luego de comprobarse que solicitó 22.000 pesos a una conductora durante un control vehicular para evitar el secuestro de su automóvil. La investigación tomó como prueba una transferencia realizada mediante Mercado Pago a la cuenta personal del efectivo, cuyo comprobante fue aportado por la denunciante.

Otra de las decisiones fue la exoneración de un efectivo policial a través del Decreto 1123, luego de recibir una condena de dos años de prisión en suspenso por el abuso sexual de una compañera ocurrido durante un patrullaje. El Gobierno consideró que la condena resultaba incompatible con la permanencia en la fuerza de seguridad.

El Ejecutivo también formalizó, mediante el Decreto 1083, la cesantía de un auxiliar de Policía que dejó de concurrir a trabajar luego de radicarse en Uruguay. De acuerdo con el expediente, el propio agente informó telefónicamente que no regresaría a prestar servicios porque había conseguido empleo en ese país.

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En otro caso, un agente del Servicio Penitenciario quedó alcanzado por un sumario administrativo a través del Decreto 1347, tras detectarse la presunta presentación de certificados médicos apócrifos para justificar ausencias laborales.

Si bien el trabajador propuso un acuerdo abreviado con una suspensión de 30 días, la Junta de Disciplina rechazó la propuesta, sugirió elevar la sanción a 60 días y continuar con la investigación. Es el único expediente del paquete que permanece en trámite.

Además, el Decreto 1135 dispuso la baja de una oficial subayudante luego de que la evaluación de Sanidad Policial concluyera que no reunía las condiciones psicofísicas necesarias para continuar en funciones. La agente sostuvo que su situación respondía a un estado transitorio vinculado con la maternidad, aunque el dictamen técnico fue ratificado.

Otra resolución, el Decreto 532, dejó sin efecto el nombramiento de una aspirante a policía antes de que la designación fuera notificada, al detectarse que se encontraba vinculada a un proceso contravencional, situación considerada incompatible con los requisitos de ingreso.

Los Decretos 1006 y 1008 oficializaron la desvinculación de dos agentes penitenciarios que no superaron satisfactoriamente el período de prueba de doce meses, luego de obtener evaluaciones funcionales que la Junta de Confirmación consideró insuficientes para continuar en el cargo.

Por su parte, el Decreto 1007 dispuso el cese de funciones de un cabo primero convocado al servicio activo luego de que informes médicos concluyeran que padecía patologías crónicas que le impedían mantener las condiciones psicofísicas requeridas para la función. El expediente señala que acumulaba más de 700 días de licencia por enfermedad.

El Decreto 1087 rechazó el planteo de un auxiliar policial interino que pretendía ser reincorporado argumentando haber adquirido estabilidad por el paso del tiempo. La resolución sostuvo que la confirmación en el cargo requiere una decisión expresa y que los informes técnicos habían determinado una falta de adaptación al régimen policial.

En otra actuación administrativa, el Decreto 1116 aceptó el pedido de un suboficial mayor retirado para dejar sin efecto su convocatoria al servicio activo por razones particulares.

Finalmente, el Decreto 1189 dio de baja a otro agente al cumplir dos años en situación de revista pasiva mientras permanecía privado de la libertad en el marco de un proceso penal, conforme a lo previsto por la Ley 6722.

La Dirección General de Escuelas (DGE) concentra la mayor parte de las cesantías vinculadas al ausentismo. La Resolución 396 dispuso la cesantía de una celadora de la Delegación Regional Este tras registrar 201 inasistencias injustificadas consecutivas durante 2024.

Mediante la Resolución 2153, otra agente de San Martín fue separada del cargo luego de no regresar a trabajar desde agosto de 2018, cuando finalizó una licencia sin goce de haberes. Según la investigación administrativa, nunca retomó sus funciones y el establecimiento perdió contacto con ella.

En San Rafael también se formalizaron tres cesantías. La Resolución 3531 alcanzó a una celadora de la Escuela Artística Francisco Solano, quien acumuló 27 faltas injustificadas entre 2023 y 2024.

Por su parte, la Resolución 281 dispuso la cesantía de otra trabajadora de la Escuela Bianca Notti de Cuartara, luego de registrar 88 inasistencias injustificadas desde 2019. En tanto, la Resolución 2582 cesanteó a un ordenanza de la Escuela General Las Heras tras acumular 27 ausencias sin justificación en distintos períodos.

Fuera del ámbito estrictamente escolar, la Resolución 402 aplicó una suspensión de 15 días a un agente de la Dirección de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes luego de comprobarse que utilizó fuerza física excesiva durante la contención de un menor alojado en el Hogar "Ojos Color Sol". La investigación respecto de otra trabajadora vinculada al mismo episodio fue declarada abstracta porque ya había sido cesanteada previamente por otros motivos.

El último caso corresponde a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Mediante el Decreto 989, un agente fue cesanteado tras acumular 27 inasistencias injustificadas en un período de cinco meses. El expediente señala además que el trabajador registraba antecedentes disciplinarios previos, circunstancia que fue considerada al momento de aplicar la sanción.

Fuente: Los Andes

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