Cómo bajar el costo laboral sin tocar los ingresos del trabajador

Argentina tiene serios problemas de competitividad, principalmente las pymes. Son varios los factores que inciden: impuestos, servicios, logística, burocracia y, entre ellos, el costo del trabajo. Las cámaras empresarias aseguran que se puede bajar el costo laboral del empleo formal sin afectar demasiado los ingresos de los trabajadores. ¿Es posible? Sí, pero es difícil lograrlo.

Los trabajadores sienten que los ingresos son bajos y que no llegan a fin de mes. Los industriales advierten que los salarios argentinos en dólares son altos y que los deja fuera de competencia contra la importación.

Este ejemplo es repetido hasta el hartazgo por la cadena automotriz: un empleo en este rubro en Argentina tiene un costo promedio total de U$S 16 la hora, mientras que en Brasil es de U$S 8,5.

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Para la empresa, el costo laboral total de un empleo debe ser marcadamente menor a lo que ese puesto genera. De lo contrario, sobre todo para una pyme, es imposible sostenerlo. El problema es la poca productividad argentina.

Según la consultora Idesa, en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación, en 2017 (año previo a la crisis cambiaria que selló el final del gobierno de Mauricio Macri) el salario privado registrado promedio era de U$S 1.500 mensuales, mientras que en 2025 bajó a U$S 1.060. Pero en ese período, el PIB por asalariado privado registrado pasó de U$S 124 mil por año a U$S 97 mil.

Así el salario en dólares bajó 29%, mientras que la productividad –medida por el PIB por asalariado privado registrado– se redujo 22%. Esto es lo que genera ingresos bajos para el trabajador y costos altos para el empresario.

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De esta manera, Argentina ha quedado con los costos laborales más altos de América latina. Partiendo de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el total del gasto no salarial en Argentina (que incluye los aportes tanto del trabajador como de la patronal) representa en promedio el 34,6% del sueldo, el valor más alto de América latina. Este porcentaje supera considerablemente el promedio regional de Latinoamérica y el Caribe, que es del 21,7%.

Con la ley 27.802 de Modernización Laboral, la administración de Javier Milei apuntó a bajar costos laborales achicando cargas salariales.

Según un informe de la consultora Iaraf, los aportes del trabajador formal en Argentina (jubilación, Pami y obras sociales) representan el 17% del salario bruto (el salario neto de bolsillo más sus aportes). Las contribuciones patronales (jubilación, Pami, asignaciones familiares, Fondo Nacional del Empleo, obras sociales y ART) incluyen otro 27%. Ambos suman 44% del salario bruto.

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Algunos empresarios advierten que este porcentaje llega al 50% y más si se tienen en cuenta los aportes al sindicato y otros factores. Bajar algunos de estos ítems permitiría reducir el costo del trabajo en Argentina sin afectar salarios.

Por ejemplo, la reforma laboral puso en marcha el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), alimentado por aportes patronales que van a una cuenta de la empresa y que se utilizará para pagar futuras indemnizaciones, bajando el sobrecosto que generan los despidos. Esto surge del depósito de 1% a 1,5% de la masa salarial para las grandes empresas y de 2,5% a 3% para mipymes.

Para el Iaraf, el FAL disminuye este porcentaje de aportes sobre el salario bruto del 44% al 43% en las empresas grandes y del 44% al 41,5% en las pymes. La incidencia es mínima, pero le da más certidumbre a la empresa en torno a las indemnizaciones.

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La reforma laboral también incluyó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que baja las cargas laborales en los primeros cuatro años sólo para nuevos empleados.

Pero el candidato debe cumplir con algunas de estas condiciones: no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025; que previo al mes de alta laboral, haya estado desempleado en los seis meses anteriores; que haya sido monotributista; que haya sido empleado público nacional, provincial, municipal. Para una industria, no son condiciones muy atrayentes.

Pero el análisis del Iaraf muestra una alta incidencia. El RIFL hace que las contribuciones patronales del empleador por el nuevo empleado bajen desde el 27% actual al 15% por cuatro años. De este modo, la carga sobre el salario bruto pasa del 44% al 32%, 12 puntos menos.

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"El Gobierno baja el costo marginal de crear nuevos puestos de trabajo. Es la misma lógica del Rigi para la inversiones. Con esto, una empresa nueva en Argentina va a tener un costo laboral mucho más bajo respecto a los que ya están. Busca que los nuevos empleos sean formales y que el trabajador informal pase a la formalidad", explica Nadín Argañaraz, presidente del Iaraf.

El problema es que este tipo de esquemas no se pueden profundizar ni ampliar a los empleos formales que ya están, porque reducen la recaudación que se genera a través del empleo y pone en riesgo el equilibrio fiscal.

Por ejemplo, el FAL comenzará a regir en noviembre próximo. Cuando funcione todo el año (a partir de 2027) tendrá un costo fiscal de 0,37% del PIB, según el cálculo del Iaraf, un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta que el Gobierno pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año un superávit primario de 1,4%.

El RIFL es una apuesta arriesgada. "Hoy Argentina tiene 40% de informalidad laboral; de 10 empleos nuevos, que se crean seis son en blanco y cuatro en negro; si cada nuevo empleado ganara un millón de pesos, los seis generan una recaudación de $ 1,2 millones por mes; bajo este esquema, cada empleado formal va a pagar $ 50 mil de aportes, por el cual el Gobierno va necesitar 24 trabajadores nuevos para generar la recaudación que lograba con los seis que no están en el régimen", previene Argañaraz.

La falta de productividad pega más fuerte en empresas menos productivas, sobre todo las pymes, que tienen dificultades para absorber estos costos y terminan optando por la informalidad laboral. Mientras que la inflación era alta, esto se trasladaba a los precios; ahora, en un mercado competitivo y con menos inflación, el costo laboral marca la supervivencia de las pymes.

Según Idesa, el 52% de los trabajadores en el país están en la informalidad o trabaja por cuenta propia, en ocupaciones de baja productividad y con ingresos que representan, en promedio, la mitad de lo que percibe el trabajador formal.

De ahí que propone ir hacia una reforma que incluya el sistema previsional, el Pami y las obras sociales.

"La reforma laboral era necesaria, pero no alcanza. El sistema jubilatorio argentino es deficitario, los activos no alcanzan a financiar a los pasivos, por lo tanto hay que pensar en otra forma de financiar el sistema previsional para flexibilizar los aportes. También hay que redefinir el Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales, que están desfinanciadas; el PMO es altamente costoso y con el salario se están financiando prestaciones que son importantes, pero no tienen que ver con el trabajo", explica Ramiro Fadul, investigador y economista senior de Idesa.

Por su parte, Laura Caullo, responsable del área de Empleo y Política Social en Ieral, de la Fundación Mediterránea, advierte que Argentina debe bajar el costo del empleo formal, pero desfinanciar la salud o el sistema jubilatorio implica "cambiar la carga", con lo cual rápidamente el Estado tendrá que crear nuevos impuestos, de lo contrario se agrava la situación tanto de las obras sociales y el sistema de jubilaciones y pensiones.

"Más que una reducción generalizada, tiene sentido focalizar las bajas donde pueden cambiar efectivamente una decisión de contratación, particularmente en nuevas incorporaciones, en las mipymes y en los trabajadores de menores ingresos", resalta.

También puede hacerse foco en rubros como comercio, hostelería, construcción y algunas ramas industriales donde la mano de obra es una parte importante de los costos totales.

"La informalidad llegó al 44,2% de los ocupados en el primer trimestre de 2026, alrededor de 9,2 millones de trabajadores. A esto se suman trayectorias laborales cada vez más intermitentes, que dificultan completar los 30 años requeridos para jubilarse. Se puede bajar el costo de la formalidad, pero las jubilaciones y la salud tienen que seguir financiándose. La discusión es cómo", agrega Caullo.

Por eso, el Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica, de la cámara cordobesa que aglutina a este rubro, propone cambios laborales que impactan en los costos y pero no en los salarios. Por ejemplo, reducir la cantidad de delegados gremiales en las pymes.

"Según la legislación actual, una empresa de 10 trabajadores que tenga dos turnos de trabajo debe tener dos delegados, uno por cada turno, lo que representa el 20% del plantel. Para una firma de 30 trabajadores, eso ya es de un 7%. Este tope se fijó en los '80, cuando la representación era cara a cara en el lugar de trabajo, hoy las comunicaciones permiten a un solo delegado gremial comunicarse con muchos trabajadores a la vez", explica Gastón Utrera, titular del Centro de Estudios.

Otra de las propuestas, que finalmente se incorporó a la Ley de Modernización Laboral, fue evitar la acumulación de licencias por vacaciones y por enfermedad inculpable, lo que genera un sobrecosto para la empresa; ahora, el trabajador que se enferma en vacaciones no pierde la licencia no gozada pero el saldo de días debe ser reprogramado.

La entidad también propone una nueva reglamentación de los Procedimientos Preventivos de Crisis; otro tratamiento para las demandas por incapacidad hechas por trabajadores próximos a jubilarse (aumenta el costo del personal con mucha antigüedad) con un cambio en el baremo de enfermedades profesionales; y también los trabajar sobre los litigios por indemnizaciones por despido sin justa causa para bajar los procesos de reconversión industrial.

Otro proceso que abrió la Ley de Modernización Laboral es darle prioridad a los convenios firmados en negociación entre el sindicato y la empresas por sobre las negociaciones colectivas por sector.

En esto, se siguen las experiencias de países como Alemania, España y Brasil, lo que permitió mejorar rápidamente la productividad y los esquemas de contratación

Las negociaciones colectivas ayudaron en los '70 a establecer beneficios y condiciones laborales para el trabajador; pero dotaron de una gran rigidez al sistema sin diferenciar la situación entre las empresas grandes y pymes, ni entre regiones con realidades productivas muy distintas. Además, aún cuando los convenios están vencidos, por la denominada regla de ultraactividad, su aplicación es indefinida en el tiempo.

César Arese, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y presidente del Círculo de Abogados Laboralistas y de la Asociación Sudamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, previene que puede contribuir a una mejora en la competitividad, pero requiere de generar condiciones de equilibrio para no debilitar las condiciones y beneficios de los trabajadores.

"Las negociaciones por empresas requieren de un equilibrio y respeto entre las partes, también de una autoridad administrativa que maneje con la misma fuerza las dos partes", resalta.

Para el especialista en temas laborales y de negociación colectiva, las negociaciones por empresa no serán un problema porque en el sistema laboral argentino muchos de los convenios colectivos se fijan de esta manera.

En Argentina, se tratan actualmente en negociación colectiva por actividad entre 12 y 14 convenios que representan a entre el 40% y 50% de los trabajadores formales. El resto, lo integran una gran cantidad de convenios por empresas y otros tantos que se tratan en sistema de negociación multinivel, y que se adaptan a la situaciones regionales y particulares de las empresas.

"Va a llevar su tiempo, pero la negociación por empresa ya existe. Los sindicatos en Argentina están en condiciones de realizar negociaciones por empresas. La cultura negociación colectiva ha sido rica para negociar salarios, pero no tanto para fijar contenidos; lo importante es que estas negociaciones mejoren la productividad y también incrementos para los trabajadores", agrega.

Según Arese, el problema del sistema laboral en Argentina es la falta de productividad y no tanto el costo salarial.

"El problema del costo laboral no es más importante comparado con el resto de los costos, por ejemplo la carga impositiva. Es cierto que debe haber revisión para arreglar lo que está por sobre el salario, no sobre los ingresos de los trabajadores. Un empleado bien remunerado consume, no se endeuda; disminuir los salarios afecta la microeconomía, porque aumenta el endeudamiento", indica.

Para el especialista en temas laborales, la negociación por empresa puede abrir la puerta a mejorar las condiciones con premios, cláusulas de productividad, adicionales que se incorporan por objetivos de producción y compromiso, entre otros aspectos.

Sobre el sistema de banco de horas, herramienta que se incorporó mediante la Ley de Modernización Laboral, precisa que ya hay rubros en la industria donde se está aplicando sin que se generen mayores problemas.

"Los sistemas de distribución de la jornada laboral, como el banco de horas, están previstos en la industria automotriz y nunca han generado conflictos ni significaron una dramática extensión de la jornada de trabajo; funcionan como un sistema de compensaciones, puede ser discutible, pero está aceptado. Siempre en la medida que participen sindicatos y trabajadores, en un esquema de buen diálogo con las empresas, y no haya disminución de salarios", opina Arese.

Fuente: La Voz

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