Cómo es el mundo del REPROCANN en San Juan, con al menos 6.000 registrados, la gran cantidad de inscriptos en un año y las acusaciones de discriminación en ámbitos laborales

El interés por el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) creció en San Juan durante los últimos años, aunque no existen cifras oficiales actualizadas que permitan determinar con precisión cuántas personas están actualmente inscriptas. Según explicó Rocío Paz, directora del Instituto Interdisciplinario de Derecho Cannábico del Foro de Abogados de San Juan y autoridad de la Asociación de Abogacía Cannábica de la Red Federal, a comienzos de 2025 había alrededor de 6.000 personas registradas en la provincia. Desde entonces, aseguró, la demanda y las consultas aumentaron, impulsadas en parte por la agilización del sistema.

Cabe destacar que el REPROCANN es el registro oficial mediante el cual el Estado nacional autoriza, bajo determinadas condiciones, el cultivo de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos. La inscripción implica una autorización administrativa vinculada al uso de cannabis y establece un marco específico para quienes cultivan o acceden al cultivo autorizado.

Sin embargo, el universo de cannabis en San Juan sería considerablemente mayor que el de personas inscriptas. Paz señaló que todavía existe un número importante de personas que no inicia el trámite por temor a exponer sus datos, por desconocimiento de la normativa o por el estigma social asociado históricamente a la planta.

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Uno de los principales problemas a la hora de dimensionar el fenómeno es la falta de un registro público con cifras actualizadas y discriminadas por provincia. Paz explicó que a comienzos de 2025, antes de la automatización del sistema, había aproximadamente 6.000 personas inscriptas en San Juan. No obstante, aclaró que actualmente no puede establecerse con certeza cuántos sanjuaninos cuentan con la autorización.

La abogada sostuvo que, debido a los distintos cambios que atravesó el REPROCANN en los últimos años y a la gestión de la información, ni siquiera es posible obtener fácilmente ese número desde organismos oficiales.

A nivel nacional, en cambio, existe otro número que Paz señaló como más concreto. Alrededor de 2.500 organizaciones no gubernamentales se encuentran a la espera de la habilitación de determinados trámites dentro del sistema.

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En San Juan, uno de los cambios más importantes de los últimos tiempos estuvo relacionado con la velocidad de respuesta. Según explicó Paz, antes la autorización podía demorar hasta dos años, mientras que actualmente, luego de la automatización, el trámite puede resolverse en aproximadamente 48 horas, siempre dependiendo de que se cumplan los requisitos correspondientes.

La aceleración del procedimiento también habría contribuido a que más personas se interesen por regularizar su situación.

Aunque no cuenta con una estadística oficial que permita medir el crecimiento exacto durante 2026, Paz afirmó que percibe un incremento marcado en las consultas vinculadas al REPROCANN. Su posición como referente provincial en materia de derecho cannábico le permite tener contacto frecuente con personas que buscan información sobre el registro, el cultivo y las condiciones legales para acceder al cannabis con fines medicinales o terapéuticos.

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"Creció mucho el interés por el REPROCANN", explicó. Como referencia de ese cambio, contó que dentro de su círculo de conocidos actualmente observa una proporción mucho mayor de personas que tienen la autorización.

Sin embargo, la propia abogada aclaró que el aumento de las inscripciones no significa que todos los usuarios de cannabis estén registrados. Según su explicación, todavía existe una cantidad considerable de personas que utilizan la planta pero no se animan a iniciar el trámite administrativo. Allí aparecen dos factores que, desde su perspectiva, tienen un peso importante: el desconocimiento de la normativa y el temor a que la información pueda generar consecuencias personales, familiares o laborales.

Paz vinculó además el mayor interés con la visibilización que tuvo el cannabis en San Juan durante los últimos años. En ese proceso destacó el trabajo de organizaciones sociales, pacientes, cultivadores y espacios vinculados al activismo cannábico.

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La provincia, sostuvo, tuvo durante los últimos cuatro años una creciente presencia pública de actividades relacionadas con la planta y sus diferentes usos. Esa mayor exposición habría contribuido a que personas que antes no conocían el marco legal comenzaran a interiorizarse sobre las posibilidades de acceder a una autorización.

Para Paz, uno de los principales obstáculos continúa siendo la asociación histórica entre cannabis, delito y consumo problemático. El REPROCANN funciona dentro de un escenario jurídico en el que todavía conviven la Ley 23.737 de Estupefacientes con normas posteriores que establecieron marcos regulatorios para determinados usos medicinales, científicos e industriales del cannabis y el cáñamo.

En ese contexto, la abogada remarcó que el hecho de estar inscripto en el REPROCANN no significa que los datos personales queden disponibles públicamente. Según explicó, la información del registro está protegida por la normativa de protección de datos personales y no constituye una base de datos abierta. Por ese motivo, una persona que cuenta con la autorización no debería quedar expuesta simplemente por encontrarse inscripta.

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Sin embargo, el temor persiste. "Las personas todavía tienen mucho miedo", señaló Paz, quien mencionó entre las principales preocupaciones la posibilidad de perder un empleo, tener conflictos familiares o sufrir consecuencias por ser identificadas como usuarias de cannabis.

La abogada considera que el estigma y la falta de información continúan siendo dos de los principales factores que dificultan una mayor regularización.

A esto se suma una situación que, según relató, aparece en diferentes ámbitos: personas que son detectadas con cannabis en controles o estudios y deben explicar que cuentan con una autorización médica y administrativa.

Uno de los puntos que Paz señaló con mayor énfasis está relacionado con situaciones de discriminación hacia consumidores de cannabis que tienen el registro. La directora del Instituto Interdisciplinario de Derecho Cannábico afirmó que recibe consultas de personas que tuvieron dificultades en sus trabajos luego de que un estudio detectara la presencia de la sustancia en el organismo.

En esos casos, explicó, algunos trabajadores deben informar que cuentan con REPROCANN y que el consumo está vinculado a un uso medicinal autorizado. Allí aparece una tensión entre la autorización administrativa otorgada por el Estado y las prácticas de control existentes en determinados ámbitos laborales.

Paz aseguró que este tipo de situaciones se presentan "todo el tiempo", aunque aclaró que no necesariamente se trata de una consecuencia directa de estar inscripto en el REPROCANN, sino del estigma asociado al hecho de ser usuario de cannabis.

El mismo problema, según relató, se manifiesta fuera del ámbito laboral. Mencionó particularmente a jóvenes vinculados al hip hop y al trap que se reúnen en espacios públicos para ensayar o desarrollar actividades artísticas y que, según su experiencia, pueden quedar bajo sospecha policial por la simple asociación entre esos grupos y el consumo de cannabis.

La abogada planteó que la discusión sobre el cannabis requiere diferenciar entre las conductas efectivamente prohibidas por la legislación y aquellas que cuentan con una autorización administrativa o se desarrollan dentro de los ámbitos permitidos.

En ese sentido, consideró que la capacitación y el conocimiento de la normativa son elementos centrales para reducir situaciones de conflicto.

También sostuvo que la discusión sobre los efectos y riesgos del cannabis debería abordarse a partir de evidencia científica y no exclusivamente desde una mirada vinculada al prohibicionismo. En ese punto, hizo referencia al sistema endocannabinoide y a los usos medicinales de determinados cannabinoides.

Desde el punto de vista jurídico, Paz explicó que el REPROCANN constituye una autorización del Ministerio de Salud que establece una excepción respecto de la aplicación de determinadas normas penales vinculadas al cannabis, siempre dentro de los alcances establecidos por la autorización. Uno de los principales efectos prácticos es que la persona autorizada puede realizar las actividades de cultivo contempladas por el registro sin quedar en la misma situación jurídica que quien posee cannabis fuera de ese marco.

Otro aspecto destacado por la abogada es la posibilidad de acceder a material vegetal con trazabilidad mediante organizaciones habilitadas, además de la posibilidad de realizar autocultivo bajo las condiciones correspondientes. Para Paz, esto permite reducir la necesidad de recurrir al mercado ilegal y conocer el origen del material utilizado.

De todos modos, aclaró que el REPROCANN no debería presentarse como la única alternativa ni como una solución absoluta. También cuestionó que el acceso a una autorización medicinal requiera encuadrar el uso dentro de determinadas categorías.

En términos generales, la inscripción busca brindar un marco legal a determinadas prácticas vinculadas con el cannabis medicinal y terapéutico, siempre dentro de las condiciones y límites establecidos por la normativa vigente.

Para quienes buscan iniciar el trámite, Paz explicó que existe una diferencia entre el acompañamiento administrativo y la certificación médica necesaria. La profesional señaló que brinda asesoramiento gratuito sobre el REPROCANN como parte de su actividad de referencia y activismo en la materia. Su tarea consiste en orientar a los pacientes sobre el procedimiento administrativo, pero no puede reemplazar la intervención del profesional de la salud que debe realizar la indicación correspondiente.

Según explicó, el trámite requiere la participación de un profesional de la salud habilitado para indicar cannabis y que cuente con la formación específica exigida por la normativa nacional. También mencionó la posibilidad de recurrir a organizaciones de la comunidad cannábica que brindan orientación sobre el proceso.

En paralelo, San Juan cuenta con el Instituto Interdisciplinario de Derecho Cannábico del Foro de Abogados, un espacio que, según Paz, trabaja sobre las regulaciones vinculadas al cannabis y que busca abordar el fenómeno desde una perspectiva jurídica interdisciplinaria.

La provincia también cuenta, de acuerdo con lo señalado por la abogada, con experiencias vinculadas al cáñamo, ensayos realizados junto al INTA y desarrollos privados relacionados con productos derivados de la planta.

En este contexto, el Foro de Abogados de San Juan y la Red Federal de Abogacía Cannábica organizarán entre septiembre y noviembre un ciclo de actualización jurídica denominado "Cannabis y Cáñamo: de la prohibición a la regulación". La actividad será impulsada por el Instituto Interdisciplinario de Derecho Cannábico y el Instituto de Derecho Penal Federal del Foro de Abogados, y buscará abordar los cambios jurídicos relacionados con Cannabis sativa, desde el poder punitivo del Estado hasta las autorizaciones administrativas y las posibilidades productivas.

El primer encuentro está previsto para el 22 de septiembre, de 17 a 20 horas, bajo el título "Cannabis y el poder punitivo del Estado: política criminal, criminalización y estrategias de defensa". Participarán los abogados Rodrigo Domínguez, de CABA, y Gustavo Depaoli, de la provincia de Buenos Aires.

La jornada analizará la aplicación de la Ley 23.737, antecedentes de la Corte Suprema como Bazterrica, Montalvo y Arriola, los límites constitucionales del poder punitivo y el vínculo entre las autorizaciones administrativas y las investigaciones penales, incluido el lugar que ocupa el REPROCANN frente a una causa penal.

El segundo encuentro será el 20 de octubre, también de 17 a 20 horas, y estará dedicado a "Cannabis, regulación y autorizaciones". Participarán Diana Barreneche, Cecilia Bosco y Anika Tropea. Allí se abordarán los usos medicinales, industriales y alimentarios, el REPROCANN, la Ley 27.350, la Ley 27.669 y ARICCAME, además de los distintos tipos de licencias, registros y habilitaciones.

La tercera jornada está prevista para el 23 de noviembre y tendrá como eje "Cannabis, federalismo y desarrollo productivo". Virginia Coraglia y Luis Osler analizarán las competencias provinciales, la regulación, la industria y las posibilidades económicas vinculadas al sector.

Las tres actividades tendrán modalidad presencial y virtual y estarán dirigidas no solamente a abogados, sino también a profesionales de la salud, emprendedores, organizaciones y público interesado.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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