Cómo es el proyecto que busca luchar contra las armas y el acoso en las escuelas sanjuaninas

"Esta propuesta contempla modalidades de violencia, que han sido hechos noticiosos como ya no solamente el bullying, que no son cosas menores por supuesto, sino el uso de armas", explicó la diputada Cristina López al fundamentar la necesidad de un nuevo marco legal para las escuelas de la provincia.

Sus palabras resuenan en un contexto donde la seguridad en las aulas se ha vuelto una preocupación central.

Actualmente, la Legislatura de San Juan estudia este proyecto para actualizar profundamente el modo en que se abordan las situaciones de conflictividad en los establecimientos educativos públicos y privados.Este aspecto, el de las armas, es uno de los ejes pero no el único que la norma busca incorporar para dar una respuesta concreta a una realidad que la ley actual no contempla.

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La legisladora sostiene que la normativa vigente, que data de 2009, ha quedado desfasada frente a las "formas cada vez más complejas de conflictividad escolar" que incluyen maltratos simbólicos, digitales y físicos de mayor gravedad.Para López, el abordaje actual es insuficiente porque suele basarse en respuestas aisladas o meramente disciplinarias.

"No creo que las cuestiones se arreglen por multas y por dinerom, esto va más allá, tiene que ver con las actitudes, con el compromiso y con el entendimiento profundo de qué significa convivir con otros", señaló la diputada en relación a otras propuestas punitivas.

En sus fundamentos, el proyecto advierte que Argentina está entre los países con mayor incidencia de bullying en el mundo, con datos que vinculan este acoso a cuadros de ansiedad, depresión e incluso casos de suicidio.La reforma propuesta no busca crear una ley nueva desde cero para evitar la "sobreabundancia legislativa", sino actualizar integralmente la Ley N° 1020-H.

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El objetivo es pasar de una mirada reduccionista a un sistema de prevención que incluya a toda la comunidad.

Según el texto del proyecto, es una "responsabilidad indelegable" del Estado generar ámbitos seguros para garantizar el derecho a la educación.

La intención es "transformar la indiferencia en compromiso" a través de herramientas pedagógicas y un seguimiento constante que evite que los conflictos terminen en tragedias. El proyecto de la legisladora justicialista ya está en estudio en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Educación, Ciencia, Técnica y Cultura.En abril se dio en todo el país y en San Juan una preocupante ola de amenazas de tiroteos en escuelas.

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En una de San Juan los alumnos concientizaron desde las redes. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)De la norma vigente al plan integral: los cambios clavePara entender la evolución que propone este proyecto, es necesario comparar los puntos donde la ley actual se queda corta frente a los desafíos presentes: Presencia de armas: Mientras la ley vigente no menciona el tema, el proyecto define qué son "armas propias" (fuego, blancas, explosivos) y "armas impropias" (compases, trinchetas o herramientas usadas para agredir).

Además, establece protocolos obligatorios para actuar ante la sospecha o detección de estos objetos, evitando intervenciones físicas del personal y convocando a seguridad cuando sea necesario.

Violencia digital: La ley actual es previa al auge del ciberacoso.

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La reforma incorpora explícitamente el "ciberbullying" y establece protocolos contra amenazas digitales y grooming.

Carácter de las medidas: La norma de 2009 habla de "incentivar" o "estimular" la participación.

El nuevo plan establece la "capacitación obligatoria" para todo el personal escolar y la creación forzosa de Consejos de Convivencia con participación de familias.

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Detección y Salud Mental: El proyecto crea un "Sistema de Alerta Temprana" con indicadores como el ausentismo o cambios de conducta para intervenir antes de que estalle la violencia.

También obliga a articular con servicios de salud para la atención psicológica de los involucrados.

Control y Datos: Hoy los informes escolares son trámites burocráticos internos.

El proyecto crea el "Observatorio Provincial de Convivencia" para producir estadísticas reales, mapas de conflictividad y un informe anual que deberá ser remitido a la Cámara de Diputados para su control.

Fuente: Tiempo de San Juan

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