Cómo es el recupero de San Juan a las obras sociales que mandan sus pacientes a salud pública

"Llevamos todo este año realizando ejecuciones fiscales de aquellas obras sociales o agentes de salud que por ahí no cumplimentaron el trámite administrativo previo, que tiene sus tiempos para cancelarse los pagos de aquellas prestaciones que se realizan en el Hospital Rawson o en el Marcial Quiroga y en otros centros de salud de la periferia". Con estas palabras, el fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, describió el panorama que afronta la provincia para recuperar los fondos invertidos en salud pública.

La problemática de fondo surge de la morosidad de las obras sociales. Cuando un paciente con cobertura médica privada o de seguridad social es asistido en los centros de salud pública de la provincia, corresponde que su obra social abone la contraprestación de ese servicio. Sin embargo, muchas de estas entidades no cumplen con los pagos correspondientes en los plazos establecidos, lo que obliga al Estado provincial a intervenir de forma directa.

Esta postura, según desctacó Dávila en diálogo con Canal 13 San Juan, busca sentar un precedente frente a las prestadoras de salud privadas. Para el Estado provincial, sostener la salud pública representa una prioridad que demanda una inversión constante y masiva. Por eso es fundamental que aquellos efectores que deben hacerse cargo de los costos de sus afiliados cumplan con sus obligaciones de pago, permitiendo que la provincia recupere recursos clave para seguir garantizando el acceso a la salud de todos los sanjuaninos.

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Para ordenar este reclamo, la Fiscalía de Estado organizó las demandas en diferentes etapas temporales o lotes. En el primer lote de ejecuciones judiciales se reclamó un total de 790 millones de pesos, logrando que ingresen a las arcas de la provincia alrededor de 615 millones de pesos que ya están cancelados o en proceso de pago.

Por otra parte, en el segundo lote, que fue intimado entre los meses de mayo y junio de este año, se manejan cifras estimadas inicialmente por el fiscal en unos 9 millones de pesos, de cuyo total ya se han recuperado cerca de 260 millones de pesos según las estimaciones de la repartición. Actualmente, trabajan en la preparación de un tercer lote para dar continuidad a estos reclamos.

El mecanismo para llegar a la instancia judicial está regulado y comienza en los propios centros asistenciales. Las administraciones de los hospitales y centros de salud elaboran un certificado de deuda donde se detallan todas las prestaciones médicas brindadas y que no fueron canceladas por la obra social. Antes de que la Fiscalía de Estado tome intervención, hay una instancia administrativa obligatoria previa ante el Ministerio de Salud o ante la propia administración autárquica de hospitales como el Rawson. En esa etapa se formula una preliquidación para que el agente de salud pueda revisarla, discutirla o acordar los montos de pago.

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La Fiscalía de Estado solo entra en acción una vez que esta etapa administrativa se agota sin que se logre la cancelación de la deuda ni se alcancen acuerdos de pago. En ese momento se emite el certificado de deuda, que funciona como un título de ejecución directa. Con este documento, la Fiscalía incorpora la demanda y los poderes correspondientes para iniciar el proceso ante la justicia ordinaria.

Una de las herramientas más efectivas que utiliza el Estado en estos juicios es la solicitud de embargos preventivos sobre las cuentas de las obras sociales demandadas. Al dictarse esta medida a través de un juez, los fondos que las prestadoras de salud tienen en sus cuentas bancarias se transfieren de forma preventiva a una cuenta judicial abierta específicamente para cada caso. De esta manera, el dinero queda retenido y asegurado de forma rápida a la espera de que el magistrado resuelva las posibles excepciones o planteos legales que puedan presentar las obras sociales, garantizando que el cobro no quede librado al azar.

La resolución de estos conflictos judiciales presenta un desafío logístico extra, ya que la gran mayoría de estas obras sociales tienen sus domicilios legales en la Ciudad de Buenos Aires. Debido a esto, la Fiscalía de Estado debe trasladar todas las notificaciones y mandamientos judiciales a territorio porteño. A pesar de la distancia física de las sedes empresariales, la competencia legal de las demandas se mantiene bajo la órbita de los tribunales de la provincia de San Juan, debido a que las prestaciones médicas y las deudas se generaron por actividades realizadas dentro del territorio sanjuanino.

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La grave crisis que atraviesan las obras sociales en el país, signada por problemas estructurales, desfinanciamiento y demoras en las coberturas, generó un cambio en el comportamiento de los ciudadanos. Ante la imposibilidad de afrontar el pago de los denominados "plus" médicos aplicados por el sector privado, se da hace un largo tiempo una masiva migración de pacientes hacia el sector público de San Juan. Esta tendencia se ve reflejada en números: en los últimos dos años, la demanda de atención en el sistema de salud estatal se incrementó en un 63%, según datos que reveló el ministro de Salud, Amilcar Dobladez.

Esta drástica mutación sobrecarga de forma directa a los centros sanitarios provinciales, especialmente a los hospitales de mayor complejidad como el Rawson y el Marcial Quiroga. Actualmente, cerca del 80% de las consultas que ingresan por las guardias corresponden a cuadros leves que podrían ser resueltos con facilidad en centros de salud periféricos. A su vez, el desborde se hace visible en áreas sumamente sensibles; en el caso de los afiliados de PAMI, la provincia termina absorbiendo la mayor parte de los costos reales, dado que sus beneficiarios representan el 43% de las cirugías traumatológicas y hasta el 80% de las operaciones de cadera en el Hospital Rawson, con aportes de cápita que resultan insuficientes.

Para paliar la saturación, el Ministerio de Salud provincial viene implementando una serie de medidas de fondo encaminadas a descentralizar la atención médica. Entre ellas, destaca la ampliación de las guardias en 16 centros de salud periféricos con la meta de disminuir a la mitad la presión de demanda en los hospitales centrales para fines de este año. De forma paralela, se facilita el acceso mediante canales oficiales y digitales, lo que hoy permite procesar cerca de 52.000 turnos mensuales, casi el triple en comparación con el inicio de la actual gestión. A pesar de que en San Juan coexisten más de cien obras sociales activas, el 70% de la demanda se concentra en apenas 20 de ellas, las cuales muchas veces registran deudas pendientes que terminan por desfinanciar la estructura sanitaria del sector público.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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