Cómo llegó al borde de la exoneración la investigadora que estudió plaguicidas en muestras humanas

Virginia Aparicio defiende la investigación sobre agroquímicos, la libertad de la ciencia y alerta sobre la autocensura en la producción de conocimiento

Por Luis Emilio Blanco

Aparicio defendió los resultados del proyecto Sprint y advirtió sobre los riesgos de la autocensura en la investigación científica.

¿Qué ocurre cuando una investigación científica sobre agroquímicos abandona los ámbitos especializados y llega al debate público? La pregunta atraviesa desde hace años algunos de los conflictos socioambientales más relevantes de la Argentina y vuelve a aparecer ahora a partir de la situación de Virginia Aparicio.

Ingeniera agrónoma, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Aparicio participó del proyecto internacional "Transición hacia una protección vegetal sostenible: un enfoque de salud global" (Sprint, por sus siglas en inglés), que analizó la presencia de plaguicidas en el ambiente, los alimentos y las personas. Tras la suspensión de una instancia de devolución pública de resultados prevista para 2023, la científica quedó en el centro de una controversia institucional que hoy tiene un nuevo capítulo con el proceso administrativo que enfrenta.

En esta entrevista con La Capital, repasa la situación, explica el alcance de los hallazgos obtenidos en Argentina y reflexiona sobre la libertad de investigación, la comunicación pública de la ciencia y los desafíos que plantea el estudio de la exposición a plaguicidas.

–¿En qué situación se encuentra hoy el sumario administrativo y qué imputaciones se le formulan?

–Según la información que recibí de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) , el consejo directivo del Inta decidió mi exoneración de la administración pública nacional. Hasta el momento no recibí la notificación formal de esa decisión. El procedimiento se encuentra sujeto a secreto de sumario, por lo que no corresponde que me refiera públicamente a las imputaciones específicas ni al contenido de las actuaciones administrativas. Es una medida de extrema gravedad, con consecuencias sobre mi trayectoria profesional y mi continuidad laboral, tanto en Inta como en mi ámbito de investigación de doble dependencia con el Conicet.

Trabajo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce desde 1997, formalmente desde 2004, y soy investigadora independiente del Conicet. Durante mi trayectoria coordiné proyectos nacionales, participé en investigaciones internacionales, formé recursos humanos y desarrollé actividades de investigación y servicios para el sector productivo y la comunidad. Mi defensa está siendo abordada por las vías jurídicas correspondientes, con la expectativa de que se respeten el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de proporcionalidad.

–¿Hay una relación entre ese proceso y su participación en el proyecto Sprint? ¿Por qué?

–Mi situación institucional se desarrolla en el contexto de mi participación en Sprint y de las decisiones adoptadas por Inta. Sprint fue un proyecto internacional financiado por la Unión Europea, en el que Inta participó institucionalmente y que contó con procedimientos de seguimiento, evaluación y presentación de resultados. El proyecto concluyó en febrero de 2026. Su evaluación final por parte de la Comisión Europea destacó la calidad científica excepcional de sus resultados, así como su potencial impacto sobre las políticas públicas. Ese reconocimiento internacional debe formar parte de cualquier reflexión seria sobre la trayectoria del proyecto y el trabajo de los equipos participantes. La investigación científica requiere controles administrativos, responsabilidades institucionales y transparencia. Pero también necesita condiciones que garanticen la independencia de quienes investigan y la continuidad de los compromisos científicos asumidos.

–¿Cuáles fueron los principales hallazgos obtenidos en Argentina?

–Se investigó la presencia de plaguicidas y sus mezclas en el ambiente, en organismos vegetales y animales y en muestras humanas, mediante un enfoque integrado de salud global. En Argentina participaron 73 voluntarios de Balcarce, Tres Arroyos, Mar del Plata, Tandil, Necochea y Lobería. No se trató exclusivamente de trabajadores o habitantes rurales: también participaron personas de entornos urbanos. En las muestras humanas encontramos entre 2 y 10 compuestos plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 compuestos o biomarcadores relacionados con plaguicidas en orina y hasta 18 en materia fecal. También se investigó la presencia de plaguicidas en el polvo de los hogares y otras matrices ambientales, lo que permitió ampliar el conocimiento sobre posibles vías de exposición. Estos resultados muestran que la exposición humana puede involucrar múltiples sustancias y que no se limita necesariamente a las personas que trabajan directamente con plaguicidas. El principal aporte científico fue estudiar de manera integrada diferentes matrices y patrones de exposición, incluyendo las mezclas de sustancias. Esto permite formular nuevas preguntas sobre cómo circulan los plaguicidas en el ambiente, cómo llegan a las personas y cuáles pueden ser sus consecuencias. Los resultados obtenidos en Argentina no deben extrapolarse a toda la población nacional, pero constituyen evidencia científica valiosa y comparable con la generada en otros países.

–¿Que se detecten plaguicidas en humanos, qué significa desde el punto de vista científico?

–Detectar un plaguicida o un metabolito en una muestra humana significa que esa sustancia, o un compuesto relacionado con su transformación, está presente en la matriz analizada en una cantidad detectable mediante el método utilizado. Es información relevante sobre presencia y, según la sustancia y la matriz, sobre exposición. Pero detectar una sustancia no significa automáticamente que una persona esté enferma ni permite afirmar que desarrollará una enfermedad. Para evaluar posibles riesgos sanitarios necesitamos considerar las concentraciones, la toxicidad, las vías de exposición, su frecuencia y duración, y las características de las personas expuestas. En el caso del glifosato, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) lo clasificó como probablemente carcinogénico para los seres humanos, Grupo 2A. Esta clasificación identifica un peligro carcinogénico, pero no determina por sí misma el riesgo individual asociado con una exposición concreta. Una cuestión importante es que las personas pueden estar expuestas simultáneamente a varias sustancias. Comprender los posibles efectos de esas mezclas, especialmente cuando las exposiciones son repetidas o prolongadas, constituye uno de los desafíos actuales de la investigación ambiental y sanitaria. La comunicación científica debe evitar tanto las conclusiones alarmistas que exceden la evidencia como la minimización de resultados que merecen ser investigados.

–¿Qué ocurrió cuando intentó comunicar los resultados?

–En 2023 estaba prevista una presentación de los resultados de Sprint a los voluntarios, en Argentina. pero Inta decidió suspender la actividad y finalizar su participación en el proyecto. La decisión tuvo consecuencias importantes para la comunicación de la investigación, particularmente para los voluntarios. No existían razones científicas suficientes para impedir aquella instancia de comunicación. Lo concreto es que no pudimos realizar la devolución pública en las condiciones previstas, como se realizó en el resto de los países. El proyecto internacional continuó desarrollándose y produjo publicaciones, informes y herramientas científicas que se encuentran disponibles. Inta no permitió la continuidad laboral den el marco del proyecto.

–¿Qué ocurrió concretamente cuando intentó comunicar los resultados de la investigación y por qué considera que se impidió esa difusión?

– En 2023 estaba prevista una presentación de los resultados de Srint a los voluntarios, en Argentina. Inta decidió suspender esa actividad y posteriormente finalizar su participación en el proyecto. La decisión tuvo consecuencias importantes para la comunicación de la investigación, particularmente para los voluntarios que habían participado de manera altruista, proporcionando información personal, muestras biológicas y acceso a sus entornos.

Desde mi perspectiva, no existían razones científicas suficientes para impedir aquella instancia de comunicación. Lo concreto es que no pudimos realizar la devolución pública en las condiciones previstas en el proyecto, como se realizó en el resto de los países donde tuvo lugar el biomonitoreo. El proyecto internacional continuó desarrollándose y produjo publicaciones, informes y herramientas científicas que se encuentran disponibles. Inta no permitió la continuidad laboral en el marco del proyecto.

Las personas que contribuyen a una investigación tienen derecho a recibir información comprensible sobre sus resultados generales, dentro de los compromisos éticos y de confidencialidad asumidos. La comunicación científica no es una actividad secundaria, es parte de la responsabilidad social de quienes investigamos con financiamiento público.

–¿Cree que en Argentina existen dificultades o resistencias para investigar y comunicar resultados científicos vinculados con agroquímicos cuando estos pueden afectar intereses económicos y corporaciones?

– Existen tensiones. La investigación sobre plaguicidas involucra cuestiones productivas, económicas, ambientales, sanitarias y regulatorias. Es natural que existan diferentes intereses y posiciones. El problema aparece cuando esas tensiones pueden condicionar la libertad de formular preguntas científicas, desarrollar investigaciones o comunicar resultados. Argentina tiene una comunidad científica con una trayectoria muy importante en agronomía, toxicología, química ambiental, ecología y salud pública. Ese conocimiento constituye una herramienta para mejorar los sistemas productivos, desarrollar tecnologías y reducir impactos ambientales.

Investigar la presencia y los posibles efectos de los plaguicidas no significa estar en contra de los productores agropecuarios. Por el contrario, significa generar información para que puedan tomar mejores decisiones y avanzar hacia prácticas más sostenibles. Los resultados científicos deben evaluarse por su calidad metodológica y por la evidencia que aportan, no por su conveniencia para determinados intereses económicos, políticos o institucionales.

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– Algunos sectores comparan su situación con la que atravesó el investigador del Conicet Andrés Carrasco tras difundir sus estudios sobre los efectos del glifosato. ¿Encuentra similitudes entre aquella experiencia y lo que usted está viviendo hoy?

– Andrés Carrasco desarrolló investigaciones experimentales sobre los efectos del glifosato que generaron un importante debate científico y social. Su experiencia también puso en discusión las dificultades que pueden enfrentar los investigadores cuando sus trabajos abordan cuestiones controvertidas. No pretendo equiparar nuestras trayectorias ni nuestras investigaciones. Los enfoques científicos fueron diferentes y las circunstancias institucionales también. Sin embargo, encuentro una preocupación común: qué sucede cuando determinados resultados científicos generan controversias que trascienden el ámbito académico.

La ciencia avanza mediante la discusión crítica, la revisión de metodologías, la reproducción de resultados y el desarrollo de nuevas investigaciones. Esos mecanismos son indispensables para construir conocimiento confiable. Lo que no debería ocurrir es que la controversia científica derive en descalificaciones personales, presiones o intentos de disciplinamiento. Defender la libertad de investigación no significa sostener que los científicos siempre tenemos razón. Significa garantizar que nuestras afirmaciones puedan ser examinadas y discutidas mediante evidencia, sin temor a represalias.

– ¿Cree que procesos como éste pueden generar autocensura o temor entre investigadores que trabajan temas ambientales y de salud?

– Sí, y considero que esta puede ser una de las consecuencias más preocupantes. La autocensura no necesita una prohibición explícita. Puede aparecer cuando un investigador decide no formular determinada pregunta, no abordar un tema controvertido o evitar comunicar resultados por temor a las consecuencias profesionales. Esto afecta especialmente a los jóvenes científicos, que necesitan estabilidad, acompañamiento institucional y libertad para desarrollar nuevas líneas de investigación.

En los organismos públicos, ese riesgo adquiere una dimensión colectiva. Cuando se condiciona la libertad de investigar, no pierde solamente el investigador: también pierde la sociedad, que deja de disponer de conocimientos potencialmente importantes. Los procedimientos de control y las responsabilidades administrativas son necesarios, pero deben coexistir con garantías efectivas para el ejercicio independiente de la actividad científica. Una ciencia que trabaja con temor difícilmente pueda responder plenamente a las necesidades de la comunidad.

– Cuando mira todo el conflicto en perspectiva, ¿Qué cree que generó más incomodidad: los resultados obtenidos por la investigación o la posibilidad de que esos resultados fueran conocidos por la sociedad?

– Existe una diferencia importante entre producir un resultado científico y lograr que ese conocimiento llegue a la sociedad. Cuando los resultados permanecen exclusivamente dentro de publicaciones especializadas, su circulación suele limitarse principalmente al ámbito académico. Cuando se comunican públicamente, permiten que productores, trabajadores, profesionales, comunidades y autoridades participen de una discusión informada. En ese sentido, la dimensión social de Sprint es especialmente relevante. No se trataba solamente de identificar sustancias, sino también de aportar conocimiento para comprender problemas ambientales y orientar decisiones.

Los voluntarios participaron confiando en la investigación científica. Los productores convencionales y agroecológicos, los vecinos y los consumidores también tienen interés legítimo en acceder a información independiente. No considero que debamos enfrentar producción y salud, ni desarrollo económico y protección ambiental. Necesitamos integrar esas dimensiones mediante conocimiento científico. Los datos de Sprint existen, los informes están disponibles y las publicaciones continuarán. El conocimiento generado no depende de mi permanencia en una institución.

– ¿Cuál considera que debería ser el próximo paso de la investigación científica sobre exposición a plaguicidas en Argentina?

– Argentina necesita consolidar una agenda de investigación ambiental y sanitaria de largo plazo, con financiamiento público, cooperación interdisciplinaria y participación comunitaria. Una prioridad es avanzar en estudios que permitan comprender cómo varía la exposición a plaguicidas a lo largo del tiempo, especialmente cuando intervienen múltiples sustancias y diferentes vías de ingreso al organismo.

También necesitamos investigaciones epidemiológicas con diseños adecuados, capaces de estudiar posibles asociaciones entre exposiciones ambientales y resultados de salud, sin confundir asociación con causalidad. Es fundamental ampliar la cobertura territorial, incorporar diferentes sistemas productivos y poblaciones rurales y urbanas, fortalecer los laboratorios nacionales y desarrollar sistemas de monitoreo comparables.

La investigación debería acompañarse de mecanismos transparentes de comunicación y devolución de resultados, respetando los procedimientos éticos y la confidencialidad de los participantes. Sprint dejó experiencia científica, metodologías, cooperación internacional y nuevas preguntas. Argentina cuenta con investigadores, profesionales e instituciones capaces de aprovechar ese conocimiento y continuar desarrollándolo. Finalmente, debemos comprender que la investigación ambiental no es un obstáculo para la producción. Es una herramienta para mejorarla, generar nuevas tecnologías, prevenir problemas y proteger bienes comunes. La mejor respuesta a las incertidumbres ambientales y sanitarias no es investigar menos, sino investigar más y mejor, con una ciencia pública, independiente, rigurosa y al servicio de toda la sociedad.

Las respuestas de Aparicio dejan planteado un debate que excede su situación personal y laboral. La discusión remite al lugar que ocupan la ciencia, la evidencia y la investigación independiente cuando entran en contacto con problemas que involucran salud, ambiente y producción.

Mientras su futuro dentro del sistema científico público permanece abierto, la investigadora sostiene que las incertidumbres que todavía existen sobre la exposición a plaguicidas no se resolverán limitando las preguntas ni reduciendo los estudios disponibles. Por el contrario, afirma que la salida pasa por profundizar el conocimiento: "La mejor respuesta a las incertidumbres ambientales y sanitarias no es investigar menos, sino investigar más y mejor".

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