Compraron un terreno frente al río Limay en una subasta y lo ocuparon más de 100 familias: piden el desalojo
El lugar antes era conocido como La Chanchería, y allí funcionaba una antigua cantera a metros del río. Con las obras del Paseo Costero, el sector quedó en una zona privilegiada de Neuquén capital.
El lugar antes era conocido como La Chanchería, y allí funcionaba una antigua cantera a metros del río. Con las obras del Paseo Costero, el sector quedó en una zona privilegiada de Neuquén capital.
Un vecino de Neuquén y sus hijos llevan casi una década reclamando por la restitución de un terreno frente al río Limay en el que ya viven más de 100 familias de forma irregular. El espacio había sido cedido por los dueños anteriores a modo de préstamo a cinco lugareños que criaban chanchos entre los humedales; hoy, las viviendas se multiplicaron y hasta se sumaron kioscos y venta de choripanes para los turistas que visitan el Paseo Costero.
El sector, conocido como"Tronador al Fondo" y denominado por sus habitantes como "Barrio Orillas del Limay" está ubicado entre el club de la mutual de Policía (Unipol) y la rotonda de la calle Obrero Argentino.
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Con los años, el asentamiento ubicado en una zona olvidada del río, entre los sauces y la tierra pantanosa, quedó emplazado en un área acodiciada de la capital, con una vista privilegiada al río Limay y a metros de toda la infraestructura que desarrolló la Municipalidad de Neuquén en los últimos años para potenciar el turismo en la capital.
A pesar de las ventajas de su ubicación en pleno Paseo Costero, las familias del lugar viven en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a los servicios básicos y con conexiones clandesitnas al tendido en eléctrico que los exponen al riesgo permanente. Como no tienen título de las tierras, no pueden acceder a la prestación de servicios, el asfalto o la recolección de residuos.
Pablo Valenzuela, abogado de los propietarios, aclaró que después de un proceso judicial de seis años, todavía no hay una sentencia para favorecer el desalojo de ese terreno. En ese lapso, el problema escaló: de una ocupación de cinco familias que llevaban años en la zona a la detección de subdivisión de tierras, venta irregular de lotes y hasta construcciones o instalación de comercios sin autorización.
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"Después de casi seis años de proceso, lo que pedimos es que se dicte sentencia. No existe actualmente una orden de lanzamiento. Todos los ocupantes tuvieron la posibilidad de presentarse, contar con asistencia jurídica, ejercer sus defensas y ofrecer prueba", expresó a LM Neuquén.
"Reconocemos que existe una problemática social y habitacional, pero no puede resolverse permitiendo que continúen ocupándose, subdividiéndose o comercializándose informalmente tierras privadas. La obligación de brindar soluciones habitacionales corresponde al Estado y no puede trasladarse exclusivamente a propietarios particulares", agregó.
Según la información que figura en el expediente, Fernando Alric y sus hijos, Claudio Javier y Pablo Adrián Alric adquirieron el inmueble mediante una subasta judicial realizada el 25 de noviembre de 2015 en el marco de la sucesión de la familia Corsino, que administraba una cantera en ese lugar.
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Al momento de la compra, en la zona sólo quedaban algunas chancherías, zonas inundables de lagunas y humedales, y en donde habitaban unas cinco familias, vinculadas a Miguel Ángel Jofré, Alberto Melo, José Melo, María Cristina Melo y Juan Antonio Melo.
En mayo de 2019, la subasta fue aprobada por la Justicia, los Alric pagaron el precio y el inmueble quedó registrado a su nombre. En aquella oportunidad, los habitantes entrevistados manifestaron que llevaban años viviendo en el lugar y que el anterior titular, Pedro Rogelio Corsino, les había facilitado un espacio a modo de préstamo.
Una vez adquirido el inmueble, y extinguida aquella autorización del propietario anterior, los compradores solicitaron su restitución. La demanda de desaolojo se presentó en noviembre de 2020 y, para esa fecha, la situación del barrio ya había cambiado de forma considerable.
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En lugar de lasa cinco familias de crianceros que habitaban la zona al momento de la transacción, en esa fecha se contabilizó un total de 21 viviendas ya desarrolladas, con 25 familias que vivían en el sector. El escenario era distinto: se veían más construcciones, movimientos de suelos y subdivisiones informales de los lotes.
En 2021, una orden judicial dispuso expresamente que los demandados debían abstenerse de realizar cualquier nueva construcción o mejora, con el propósito de mantener la situación existente y evitar que el crecimiento de la ocupación volviera ilusoria una futura sentencia.
Sin embargo, desde esa fecha hasta la actualidad, los Alric han presentado numerosas denuncias por cambios en el terreno, que incluyen nuevas construcciones, subdivisiones, movimiento de suelos, ingreso de maquinarias, presencia de obreros trabajando y hasta relleno de lagunas y humedales con escombros y basura.
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Según explicó el abogado a LM Neuquéndesde diciembre de 2023 se denunció que dentro del inmueble se estaban realizando rellenos con basura, escombros y residuos de diversa naturaleza, afectando lagunas, bajos y humedales naturales del sector. El 27 de marzo de 2025 se realizó una presentación específica denunciando el grave, persistente y sistemático incumplimiento de la prohibición de innovar.
En 2024 algunos demandados solicitaron la suspensión del proceso porque el sector denominado "Tronador al Fondo" había sido incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares.
La certificación judicial del RENABAP señalaba que allí vivían 13 familias, pero esa cifra corresponde al relevamiento administrativo de ese registro y no necesariamente refleja la totalidad de las personas y viviendas posteriormente constatadas. Se estima que la cifra podría alcanzar a 200 familias instaladas en el lugar.
Aunque la Cámara de Apelaciones ordenó que el proceso continuara, todavía no hay avances sobre un posible desalojo de los ocupantes. La Cámara sostuvo que la Ley 27.453 puede ser analizada para suspender temporalmente la ejecución material de un desalojo, pero no impide que el juicio avance hasta el dictado de una sentencia definitiva.
De este modo, la causa avanzó en un derrotero notificaciones, contestaciones y producción de pruebas, pero sin novedades concretas para los propietarios del lugar, que reclaman por la llegada de nuevos habitantes en los últimos años, la construcción de viviendas y hasta la contaminación de los humedales sin nungún tipo de autorización.
"El conflicto no comprende únicamente a las cinco familias que estaban en el inmueble cuando se realizó la subasta. Durante los años posteriores se multiplicaron las viviendas y los ocupantes, se denunciaron construcciones nuevas, cesiones informales, incumplimientos de una prohibición judicial y posibles daños ambientales. Los propietarios piden que, después de casi seis años, la Justicia concluya el proceso y dicte sentencia", reclamaron.
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Fuente: LM Neuquén
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