Con la Ley Penal Juvenil en marcha, ¿las escuelas, un nuevo escenario bajo la lupa de la Justicia?
Las aulas, el patio, los baños o cualquier rincón de los establecimientos educativos podrían ser el espacio para la comisión de un delito que, a partir de ahora, será alcanzado por la ley. Por ello, surgen interrogantes sobre cómo será la aplicación de la legislación que bajó la…

Llevar un arma de fuego, trenzarse en una pelea o provocar un daño al patrimonio escolar son incidentes que se han registrado en las escuelas sanjuaninas en los últimos años y, salvo el primero de los ejemplos, pocas veces ven la luz de lo público; cuanto mucho, son abordados por gabinetes y sancionados con medidas disciplinarias. Sin embargo, a partir de la vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil, esos hechos podrían ser investigados como delitos siempre que fueran cometidos por alumnos que -como mínimo- tengan 14 años, como podrían ser los chicos de 3er año.
Es que la aplicación de la Ley 27.801, que rige a partir de este 5 de septiembre, bajó la imputabilidad de 16 a 14 años y resulta inevitable pensar en qué pasará con los establecimientos educativos, donde se concentra la mayor población de menores de 14 a 18 años. En ese marco, surge la pregunta: ¿se convertirán las escuelas en un novedoso escenario para el delito?
Basta con revisar los archivos periodísticos para recordar que, en la provincia, han habido denuncias que fueron desestimadas por la inimputabilidad del estudiante señalado. En octubre de 2023, un alumno de la Escuela de Comercio fue denunciado por abuso sexual por manosear a dos compañeras y, aunque la UFI ANIVI tuvo una primera intervención, la causa pasó a manos del Juzgado Penal de la Niñez de la jueza María Julia Camus, donde finalmente no prosperó porque el apuntado tenía 14 años.
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Distinto fue el caso de Lucas Salinas, el entonces estudiante del Colegio Luján, que por tener 18 años fue sometido a todo un proceso penal hasta resultar sobreseído, porque no se probó ninguna sospecha. Sin el mismo nivel de exposición, ya que la ley prohíbe la publicidad de los hechos, se estima que podría ocurrir algo similar, con una participación activa de los agentes judiciales frente a cada episodio.
Más allá de la transformación a la que se someterá el Poder Judicial y el Estado en general, con la creación de la infraestructura para hacer cumplir la ley, serán las propias escuelas las que deberán adaptar sus protocolos a esta nueva situación. En ese marco, un juez de Catamarca, Fabricio Gershani Quesada, anticipó lo que se podía dar con un hecho tan común como la rotura de un vidrio. Sostuvo que, antes podía existir un procedimiento administrativo con participación de los padres y una respuesta educativa, pero que ahora una situación de esas características puede dar lugar a una investigación criminal.
Tal como sucede en estos procesos, ello implica la intervención de peritos, fiscales, abogados y otros funcionarios que son parte de las instrucciones, además de convertir eventualmente a compañeros del adolescente en testigos de una causa.
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Por otra parte, una legisladora sanjuanina advertía meses atrás sobre el rol de los adultos responsables, es decir, de los docentes a denunciar los delitos. En ese contexto, remarcaba la importancia del principio de corresponsabilidad. Pese a ese ordenamiento, el propio Código Penal pone en manifiesto la obligación con su artículo 277, que sanciona el encubrimiento.
Ahora bien, el propio Código Procesal de San Juan ordena al funcionario público, en este caso un docente, a denunciar. El artículo 321 establece que tienen obligación de denunciar los delitos de acción pública aquellos que ejercen la función pública, por lo que están comandados por la ley.
En ese escenario, tanto las aulas, como el patio de la escuela, los baños o -incluso- la biblioteca podrían prestarse como espacio para el delito. Lo mismo podría reproducirse en otros ámbitos como los clubes y aquellas instituciones que concentren gran cantidad de adolescentes alcanzados por la ley. Para ello, los sitios deberán estar preparados para un cambio de paradigma que se dictó en febrero en el Congreso y ya tiene efecto en todas las jurisdicciones.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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