Con respaldo de bloques aliados, el Super RIGI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados

Con el respaldo de sus aliados parlamentarios, el oficialismo logró obtener la media sanción de la propuesta y girarla al Senado para su tratamiento definitivo.

Por Redacción25 de junio de 20263 min de lectura

Por Redacción

El Super RIGI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputadosdebatió este miércoles el proyecto denominado "Súper RIGI", una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca otorgar beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios durante 30 años a inversiones que superen los US$1000 millones.

Con el respaldo de sus aliados parlamentarios, el oficialismo logró obtener la media sanción de la propuesta y girarla al Senado para su tratamiento definitivo. Mientras tanto, los bloques opositores cuestionaron el alcance de los incentivos y advirtieron sobre el impacto fiscal y la concentración de beneficios en grandes corporaciones.

Durante la sesión, el diputado de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, defendió la iniciativa como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El legislador sostuvo que la inversión privada es la principal herramienta para impulsar el crecimiento económico y aseguró que el régimen busca revertir décadas de inestabilidad regulatoria y presión impositiva.

"El capital dignifica el trabajo", afirmó Benegas Lynch, quien además reclamó reglas claras para los inversores y cuestionó las políticas económicas que, según su visión, perjudicaron el desarrollo productivo del país.

El denominado Súper RIGI replica y amplía los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases y cuya vigencia expirará en julio del próximo año.

Según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, el objetivo es crear un marco de incentivos y estabilidad jurídica capaz de atraer proyectos industriales de gran escala que actualmente no encuentran condiciones para desarrollarse en la Argentina.

La iniciativa contempla una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de una única prórroga por un año adicional.

Entre los incentivos previstos se encuentra una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, frente al 25% establecido por el régimen general.

Además, garantiza estabilidad tributaria y cambiaria durante tres décadas, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una flexibilización progresiva del acceso a divisas provenientes de exportaciones, que alcanzaría el 100% a partir del tercer año.

Otro de los puntos que generó debate es la posibilidad de que las empresas recurran a tribunales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, para resolver eventuales controversias con el Estado argentino.

Asimismo, el proyecto establece que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados inversiones protegidas por tratados internacionales, una cláusula que podría habilitar reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.

La propuesta también incorpora compromisos para las jurisdicciones provinciales y municipales que adhieran al régimen. Entre ellos, mantener las alícuotas de Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminar impuestos de sellos y otros gravámenes locales que afecten a los proyectos beneficiados.

Desde sectores opositores se cuestionó este aspecto al considerar que podría afectar la autonomía tributaria de las provincias y reducir recursos fiscales.

Durante el tratamiento en comisiones, el oficialismo aceptó modificaciones impulsadas por bloques aliados para sumar mayores exigencias a las empresas que ingresen al régimen.

Entre los cambios incorporados figuran beneficios adicionales para proyectos que inviertan en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores nacionales con un piso mínimo del 20% de contratación local y la creación de un registro público de iniciativas aprobadas.

También se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que sus proyectos no comprometerán recursos naturales estratégicos ni infraestructura esencial para las comunidades, y se incorporó una causal de rechazo para aquellas iniciativas que puedan generar impactos negativos significativos en sus áreas de influencia.

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Fuente: Río Negro