Con un promedio de 250 ciberdelitos mensuales, San Juan busca fortalecer la persecución penal

"Desde el 2024 a la fecha tenemos un incremento, tenemos entre 200 y 250 delitos informáticos producidos en San Juan por mes", afirmó el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, al exponer el panorama actual de la delincuencia tecnológica en la provincia. El funcionario explicó las dificultades metodológicas y normativas para abordar estas maniobras delictivas: "Es complejo porque, si ponemos el ejemplo del Código Penal, este tiene un principio de territorialidad; se produce un delito, un homicidio, automáticamente encapsulamos el lugar y empezamos a investigar. En esto no hay un territorio definido".

Delgado remarcó la importancia de articular acciones entre distintos actores para responder a la naturaleza trasnacional de las estafas virtuales: "En un fraude digital la participación público-privada es clave, porque automáticamente trasciende el territorio de la provincia. Uno es víctima de un fraude digital y los actores no están en la provincia de San Juan únicamente. Por eso es importante esta articulación entre la provincia, la nación y también este tipo de ONG que están vinculadas en el mundo para poder dar respuesta y rastreo".

Asimismo, el titular de Seguridad hizo hincapié en el desarrollo de capacidades técnicas locales sin perder de vista las garantías constitucionales: "Hoy tenemos técnicos, desarrolladores, el área tecnológica D8 y delitos complejos en la Policía de San Juan, pero el ciberdelito es más dinámico que el delito tradicional. Debemos poner el foco en la tecnología emergente y encuadrarla en un marco legal, supervisando cómo se investiga y dónde se almacena la información para resguardar los derechos declarados constitucionalmente de todos los ciudadanos". Finalmente, sostuvo la necesidad de estructurar políticas de fondo en la materia: "Para poder combatir eficientemente este tipo de delito necesitamos una gobernanza, que es la que transforma estas obligaciones y estos riesgos en acciones concretas".

Por su parte, el fiscal General de la provincia, Guillermo Baigorri, coincidió en la complejidad del fenómeno y en la transformación de la criminalidad común: "Un delito puede tener participación de tres o cuatro jurisdicciones distintas y eso hace la necesidad de que empecemos a trabajar en conjunto. Es el flagelo que viene en crecimiento exponencialmente y muchos de los delitos que hoy se conocían en forma tradicional van a pasar a ser delitos informáticos, como la estafa o la transmisión de imágenes sexuales".

Respecto a los delitos vinculados a la explotación de menores y el conflicto de competencias entre provincias o con la Nación, Baigorri detalló la postura institucional de San Juan: "Aparece justamente el concepto interjurisdiccional porque muchas veces el chico no es de una provincia y el que transmite las imágenes sí. Hay una vieja discusión sobre la competencia; en San Juan sostenemos que no hay que revictimizar al menor y que la causa debe radicarse donde reside la víctima, no donde se cometió el delito, una posición que no todas las provincias comparten".

En cuanto a la resistencia a delegar causas en la justicia federal cuando se afectan intereses provinciales, el fiscal general remarcó: "Debería ser la provincia de San Juan porque el delito sucede en la provincia, afecta a los sanjuaninos y porque todos los dineros que manejan las provincias en un 80% por coparticipación vienen de Nación. El argumento de que el dinero viene de Nación es insostenible. Los damnificados son los sanjuaninos y no hay ninguna razón para trasladarlo".

Ambos funcionarios hablaron en el contexto especial, con la provincia de San Juan como sede del Primer Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad Pública, que se desarrolla este 19 y 20 de octubre. La actividad fue organizada en forma conjunta por el Gobierno de la Provincia de San Juan y la ONG CLICLEX, entidad especializada en herramientas de laboratorio para combatir el crimen informático.

El encuentro cuenta con la participación de doce expositores internacionales junto a especialistas locales, reuniendo a miembros de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, del Ministerio Público Fiscal, del Foro de Abogados y equipos técnicos de investigación. Durante las jornadas se abordan ejes de trabajo enfocados en el resguardo y análisis de evidencia digital e informática forense, estrategias de persecución penal de fraudes virtuales, el rastreo de operaciones financieras ilícitas con criptomonedas, el uso de inteligencia artificial en la ciberdefensa y la integración de las áreas tecnológicas de la Policía local.

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