Con un tirón de orejas al fiscal, dictan cuarto intermedio en la audiencia del Acueducto

La audiencia de formalización de la causa del Acueducto Gran Tulum tuvo un giro inesperado este martes en Tribunales, cuando la jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles, luego de realizar una observación al fiscal Sebastián Gómez por la manera en que presentó los hechos investigados. La novedad en la jornada también pasó por la presencia del senador Sergio Uñac y el diputado Cristian Andino, que no habían asistido a la primera audiencia y que, por ese motivo, se suspendió todo.

La magistrada pidió al Ministerio Público que organice su exposición y precise las conductas que se le atribuyen a cada uno de los once implicados, por lo que más de uno se marchó del palacio de Justicia refunfuñando por el accionar del fiscal. Es que la autoridad, en varios pasajes de la audiencia, le advirtió al funcionario de la UFI Delitos Especiales que no leyera la plataforma fáctica, en función del principio de oralidad que supone el proceso. Sin embargo, esa conducta continuó y, por tanto, la jueza ordenó la reprogramación. 

Luego de más de dos horas de discusión entre las partes por la ausencia de Julio Ortíz Andino, cuya inasistencia obligaba la suspensión para unos, como había ocurrido con los legisladores, mientras que para otros no representaba un impedimento para seguir con el proceso, finalmente, la jueza ordenó el comienzo de la formalización por estar casi todos presentes. 

Fue por ello que el fiscal Gómez avanzó con la exposición del caso, citando antecedentes que forman parte de la investigación. Con el detalle de fechas, número de legajos e identificaciones de licitaciones, entre otras precisiones, la fiscalía intentó explicar cuál es el objeto de la investigación, lo mismo que el grado de participación de los implicados. No obstante, a la magistrado y a los defensores (así lo dijeron en off a la salida) les costó comprender el relato. 

Si bien se trata de una causa compleja, con multiplicidad de implicados y con maniobras que pertenecen a la concreción de la obra pública, lo que implica una rigurosidad de trámites, el conductor de la instrucción aseguró que las conductas investigadas perjudicaron el interés de la provincia y no dudó en afirmar que los sindicados tomaron intervención en un "plan criminal". 

Además, el fiscal se refirió a "actos abusivos" por parte de quienes cumplían funciones de jerarquía en el Estado y que existió entre ellos "connivencia con particulares y con la empresa Krah América Latina S.A. "No cumplieron con los procesos de transparencia, lealtad, objetividad y responsabilidad", sostuvo el funcionario del MPF, quien también afirmó que los imputados provocaron un "importante perjuicio a la sociedad". 

Sobre la única persona que alcanzó a referirse el fiscal fue sobre una persona jurídica, es decir, Krah. En consecuencia, apuntó contra el presidente y representante, Gustavo Mastelono, y contra el entonces apoderado Gustavo Monti, que falleció a principios de este año. Por ser el primo de Uñac, también lo mencionó en varias oportunidades.

"La empresa presentó una propuesta más onerosa y sin respaldo técnico, sin cumplir con las leyes, por lo que los imputados actuaron maliciosamente", indicó y agregó: "Sabían que estas cañerías no estaban aptas y las usaron de forma experimental... Hubo omisiones que buscaron disimular un beneficio ilegítimo... La empresa no contaba con normas y requerimientos para la obra y, de igual modo, se benefició a Mastelono y a Monti, la persona de confianza de Uñac". 

Tras su exposición, la jueza Lucero decidió dar por terminada la audiencia para darle tiempo al fiscal que organice el relato y sea más claro en su exposición, a fin de no incurrir en la lectura que no está permitida en el desarrollo del proceso. Aunque algunas defensas se quejaron, pues tienen una agenda que cumplir con otras causas, la magistrada señaló que era previsible que algo así sucediera y el proceso se extendiera. 

El único ausente fue el exministro de Obras Públicas Julio Ortiz Andino, quien justificó que se encuentra fuera del país. No obstante, la jueza ordenó formalizar a los otros 10 imputados y separar al ex funcionario. Pese a la resistencia de algunas de las defensas, que pretendían la re programación por la ausencia, la fiscalía y la Fiscalía de Estado pidieron por la continuación y así lo resolvió la jueza Lucero.

En ese sentido, Ortíz Andino, que tenía un viaje programado a Australia, será formalizado en otro momento, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones con múltiples imputados.  

"La verdad que no sé el motivo de la citación, esta es la pura verdad. Sé que hay una confluencia de causas provinciales y federales, así es que después que me informe, seguro con absoluta tranquilidad lo voy a contarles a ellos", expresó Uñac al momento de su arribo.

Por su parte, Cristian Andino, que se mostró más cómodo en Tribunales, habló también al llegar y reconoció que no sabía cuál era la imputación, que se ponía a derecho y que quería saber por qué lo vinculan a la investigación. Algo que, por el momento, es un misterio hasta que el fiscal avance con su exposición.

Su presencia fue una sorpresa, pues en la audiencia anterior, tanto Uñac como Andino faltaron al arranque por sus actividades parlamentarias y, por esa razón, se postergó todo para este 10 de noviembre. 

En esa primera oportunidad, se contó con la participación de nueve imputados, entre ellos los ex presidentes de OSSE Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, además de los exfuncionarios Francisco Javier Correa, Juan Carlos Caparrós, Humberto Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez y Rolando Vicente Caruso. También asistieron el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino y Gustavo Mastelono.

Mientras tanto, se avizora un conflicto de competencia por la causa con la Justicia Federal, que fue requerida por una de las partes. La última novedad fue que el Juzgado Correccional y Criminal N°1 le pidió a la jueza Lucero que informe sobre el estado del caso, luego de que el fiscal Sebastián Gómez rechazara el mismo pedido por razones procesales. 

El requerimiento, fechado el 6 de noviembre, se dirigía a la jueza de Garantías y sostenía: "A los fines de reiterarle, que, a la mayor brevedad posible, se sirva certificar el objeto procesal y estado actual del expediente". La reiteración responde a que el juzgado a cargo de la jueza María Romilda Servini, subrogado por el juez Daniel Rafecas, ya había solicitado informes a la justicia sanjuanina. 

Sin embargo, en esa oportunidad, el representante del Ministerio Público respondió que estaba impedido de remitir informes, ya que todavía la causa no era formalizada y que, por cuestiones procesales, no correspondía hacerlo. En ese sentido, se entendía que, una vez presentado al caso ante todas las partes, el fiscal podía cumplir con lo requerido. Pese a ello, desde Comodoro Py metieron presión para que su pedido sea contestado con celeridad. 

Este miércoles, la jueza indicó que tampoco podía responder a ese pedido porque desconocía cuál era la sospecha de la fiscalía. "Me veo imposibilitada de informar porque no conozco el objeto de la investigación. Lo único que conozco es la denuncia", aseguró.

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum atraviesa una etapa decisiva, aunque su avance quedó condicionado por dos discusiones. Por un lado, la formalización de los once investigados y, por otro, la disputa por la competencia entre la Justicia provincial y la Federal. A más de un año de que comenzara la pesquisa, la obra que debía garantizar el abastecimiento de agua potable para el Gran San Juan continúa paralizada y la Justicia todavía debe determinar si existieron maniobras delictivas en su contratación y ejecución.

La audiencia de formalización que no pudo concretarse. Uno de los avances procesales más importantes se produjo en septiembre de 2026, cuando la UFI de Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, notificó a once personas vinculadas con distintos momentos de la obra. Entre ellas se encuentran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; el diputado nacional Cristian Andino; exautoridades de OSSE, exfuncionarios provinciales y representantes de la empresa Krah, proveedora de las cañerías.

El 14 de octubre estaba prevista la audiencia de formalización, instancia en la que los fiscales debían comunicar los hechos investigados, los posibles delitos y la participación que atribuyen a cada uno. Sin embargo, la audiencia fue suspendida por la ausencia de Uñac y Andino, quienes justificaron su incomparecencia por compromisos parlamentarios. La jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso reprogramarla, luego de que las partes solicitaran que los once investigados fueran convocados en una misma instancia. 

En paralelo a la suspensión de la audiencia, la defensa de Sergio Ruiz, expresidente de OSSE, impulsó un planteo para que la investigación salga de la Justicia provincial y pase al fuero federal. El argumento es que una parte sustancial del financiamiento de la obra provino de recursos nacionales, por lo que las presuntas irregularidades también podrían haber afectado fondos de esa jurisdicción.

El planteo llegó al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, en ese momento a cargo de Daniel Rafecas, quien solicitó información a los fiscales sanjuaninos. El fiscal Sebastián Gómez respondió que no podía brindar mayores precisiones sobre los hechos antes de la formalización, porque hacerlo podría comprometer el desarrollo de la investigación y las garantías de los involucrados. No obstante, describió que la pesquisa apunta a determinar si funcionarios y particulares habrían participado en maniobras defraudatorias relacionadas con la adquisición de tuberías de polietileno de alta densidad. 

Las defensas también apuntaron contra los fiscales. El 27 de octubre se conoció otro capítulo de la disputa: abogados de los investigados presentaron una denuncia en Comodoro Py contra los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes llevan adelante la investigación en San Juan. La presentación profundizó el conflicto entre las defensas y el Ministerio Público Fiscal, en un expediente donde todavía no se concretó la audiencia que permitirá conocer formalmente la imputación y los argumentos de la acusación. 

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la audiencia de formalización fue reprogramada para el martes 10 de noviembre, a las 14:30, en la Sala de Audiencias N.º 9 de Tribunales. Allí deberán presentarse nuevamente los once investigados. La instancia será determinante para que la fiscalía exponga los hechos que considera delictivos y precise qué participación atribuye a cada uno. También habrá que observar si antes de esa fecha existe una definición sobre el planteo de competencia federal y si se producen nuevos movimientos de las defensas. 

La investigación no nació en los despachos judiciales, sino a partir de una serie de publicaciones periodísticas de Tiempo de San Juan que pusieron bajo la lupa la contratación de las cañerías, la adjudicación a Krah América Latina y los vínculos empresariales alrededor de la obra. Entre los datos revelados por el diario se destacó la relación de Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac, con la firma alemana: una factura emitida por su empresa a Krah por una comisión y, posteriormente, un documento de marzo de 2016 que acreditó que había actuado como apoderado de la compañía ante OSSE.

También se expusieron antecedentes sobre las licitaciones, las advertencias de una empresa competidora respecto de las tuberías y las modificaciones económicas de los contratos. Esas investigaciones fueron tomadas como sustento por el abogado Marcelo Arancibia, quien el 9 de diciembre de 2025 presentó la primera denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.

De esa manera, el trabajo periodístico se convirtió en el punto de partida de una causa judicial que luego sumó allanamientos, informes técnicos, documentación administrativa y la intervención de la Fiscalía de Estado como querellante.

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