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Concejales opositores denunciaron presunta corrupción en los controles de la noche cordobesa

El Frente Cívico la UCR el Pro y Cordobeses por la Libertad presentaron una denuncia en la Justicia Provincial para que se investiguen los controles de locales nocturnos. El punto de partida fue el caso de Claudio Barrellier que derivó en una nota de La Voz.

Por Redacción La Voz3 min de lectura
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Concejales opositores denunciaron presunta corrupción en los controles de la noche cordobesa
Concejales opositores denunciaron presunta corrupción en los controles de la noche cordobesa · Foto: La Voz

Bloques opositores del Concejo Deliberante de Córdoba presentaron este martes una denuncia ante la Justicia provincial para que se investiguen presuntas maniobras de cobro ilegal vinculadas con las áreas municipales encargadas de las habilitaciones, inspecciones y controles comerciales.

La presentación no formula una acusación penal concreta contra una persona determinada, sino que pide abrir una investigación para establecer si existieron los hechos denunciados, quiénes participaron y qué responsabilidades podrían corresponder.

El escrito fue firmado por cinco concejales: Javier Fabre y Elisa Caffaratti, por la Unión Cívica Radical; Graciela Villata, por el Frente Cívico; Soher El Sukaria, por el PRO; y Jessica Rovetto Yapur, por Cordobeses por la Libertad. Todos se presentan en su condición de "ciudadanos y concejales en funciones de la Ciudad de Córdoba".

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El punto de partida se inició con el caso de Claudio Barrellier y "Wachitas" y luego derivó en una investigación periodística publicada el 20 de junio de 2026 por La Voz, en la que se describieron presuntas maniobras de percepción de pagos ilegales por parte de inspectores municipales y otras personas vinculadas con las áreas de control y habilitación comercial.

Los concejales sostienen que esos hechos tienen "posible relevancia penal" y solicitan que se abra una investigación penal preparatoria para determinar "la existencia de los hechos denunciados, sus autores, partícipes y eventuales responsabilidades".

Entre los elementos mencionados aparecen los pagos periódicos conocidos informalmente como "la semanal", que, según la denuncia, tendrían como objetivo evitar clausuras o inspecciones desfavorables.

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También se alude a la eventual existencia de circuitos de recaudación de dinero proveniente de establecimientos sometidos al control municipal, a la intervención de dependencias relacionadas con habilitaciones comerciales y espectáculos públicos y a testimonios de particulares que afirmaron haber recibido pedidos de dinero o condicionamientos para obtener autorizaciones administrativas.

Los denunciantes relacionan además esos antecedentes con otros episodios ocurridos posteriormente. En particular, mencionan el caso del presidente del Ente Municipal de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche Actis, quien habría sufrido una intimidación luego de impulsar controles nocturnos: según consigna la presentación, le habrían dejado dos balas sobre el escritorio.

Para los concejales, la situación trasciende "el interés meramente periodístico" y podría involucrar delitos contra la administración pública.

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Como calificación jurídica preliminar, el escrito menciona posibles figuras de "cohecho pasivo, cohecho activo, concusión, exacciones ilegales, incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito" e incluso asociación ilícita, esta última en caso de comprobarse una estructura estable y organizada destinada a cometer delitos. La presentación aclara, sin embargo, que la tipificación definitiva deberá surgir de la investigación judicial.

Otro punto central es el pedido para que la Fiscalía examine la denominada "causa Bomberos", tramitada ante la Fiscalía de Instrucción a cargo de Guillermo González. Los concejales afirman que allí existiría la confesión de un arrepentido que habría aportado información sobre funcionarios municipales y del Ente de Fiscalización y Control que presuntamente obtuvieron beneficios económicos "por su inacción o directamente por sobornos".

Por eso solicitan que ese testigo sea convocado con urgencia para aportar información sobre el funcionamiento de boliches sin inspecciones o con controles supuestamente falseados.

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También reclaman informes a la Municipalidad sobre las áreas de Habilitación, Espectáculos Públicos e Inspección General, así como sobre sumarios administrativos iniciados en los últimos años por pedidos de dinero o irregularidades. Además, proponen analizar la evolución patrimonial de funcionarios y agentes vinculados con esas áreas y citar como testigo a Hormaeche Actis.

Fuente: La Voz

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