Concesiones de rutas: el nuevo proyecto que impulsa Luis Caputo para remover impuestos
La iniciativa contempla eximir de impuestos nacionales, provinciales y municipales a las empresas concesionarias que asuman la gestión de las rutas.

Por Redacción
El ministro de Economía presentó la propuesta y deberá buscar el aval de gobernadores e intendentes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer los detalles del proyecto de ley durante su disertación en el encuentro «Vientos de Cambio«, organizado por la Fundación Libertad y Progreso. En ese marco, precisó que la intención del Ejecutivo es aplicar un esquema de «impuestos cero» a todas las nuevas inversiones destinadas al desarrollo y mantenimiento de los caminos de jurisdicción nacional.
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El plan contempla un alcance inicial sobre 6.000 kilómetros de rutas distribuidas a lo largo del país. Estos tramos serán licitados en los próximos meses como la primera etapa de un programa más ambicioso, cuyo objetivo final es llevar el lote total de concesiones hasta los 12.000 kilómetros de red nacional.
Según explicaron desde la cartera económica, la medida busca abaratar costos y acelerar los tiempos en los procesos de licitación y ejecución de las obras. Con este beneficio tributario, el Estado pretende que las empresas que obtengan las concesiones tengan incentivos financieros más sólidos para encarar las tareas de reconstrucción y administración vial.
Para que el esquema de exención impositiva sea efectivo en su totalidad, la ley requerirá el aval de los gobiernosprovinciales y municipales, ya que la medida busca eliminar también las tasas e impuestos subnacionales. Ante esto, Caputo deberá implementar estrategias para buscar el acompañamiento general de los políticos.
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Al respecto, el ministro se mostró confiado en lograr el acompañamiento de gobernadores e intendentes, al señalar que existe un consenso generalizado sobre la importancia estratégica de la infraestructura.
El reclamo por el deterioro de las rutas nacionales ha sido una constante por parte de las distintas jurisdicciones locales. Ante la falta de mantenimiento y la paralización de obras por parte de la Nación, varias provincias y municipios han solicitado con insistencia el traspaso de determinados tramos a sus órbitas para poder intervenir directamente.
La nueva estrategia del Ejecutivo se da en un escenario marcado por la drástica reducción del gasto público en el área. Informes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revelan que el presupuesto destinado a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial cayó a su nivel más bajo en tres décadas, registrando una baja real del 70% entre 2023 y 2025.
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Las partidas presupuestarias específicas para el mantenimiento de la red vial sufrieron un recorte cercano al 60% en términos reales durante el mismo período. Asimismo, las estimaciones oficiales y de consultoras privadas prevén una disminución adicional para el cierre del corriente año, lo que acentúa la necesidad de recurrir al financiamiento privado para sostener la operatividad de los caminos.
El impacto del ajuste en la obra pública vial se percibe de forma generalizada en todas las provincias del país. En el caso de Buenos Aires, el gasto devengado cayó de manera drástica respecto de años anteriores, alcanzando cifras mínimas que se replican con similar magnitud en distritos de alto tránsito como Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Ante esta restricción de recursos públicos, el proyecto impulsado por la gestión oficial apuesta de lleno a un modelo donde la iniciativa privada, eximida de cargas tributarias, asuma la responsabilidad de financiar, reparar y conservar los principales corredores viales del territorio nacional.
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Con información de NA.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer los detalles del proyecto de ley durante su disertación en el encuentro "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso. En ese marco, precisó que la intención del Ejecutivo es aplicar un esquema de "impuestos cero" a todas las nuevas inversiones destinadas al desarrollo y mantenimiento de los caminos de jurisdicción nacional.
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Fuente: Río Negro
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