Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Rubén Cabra, condenado a diez años por explotación sexual, busca anular la sentencia y, en paralelo, obtener prisión domiciliaria.

La situación procesal de Rubén Alberto "Petro" Cabra, sentenciado a diez años de prisión por engañar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente en situación de vulnerabilidad, sumó en los últimos meses una serie de complejos planteos judiciales. Mientras la sentencia dictada en su contra por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay aún no se encuentra firme debido a la concesión de un recurso de casación interpuesto por la defensa, la estrategia del imputado se concentra en obtener la prisión domiciliaria y en la tramitación de una acción de hábeas corpus. En este escenario, la sede del tribunal fijó posturas de competencia territorial vinculadas estrictamente a su lugar de detención actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como contó UNO, Cabra fue condenado el 16 de junio por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. El fallo lo declaró autor penalmente responsable de los delitos de promoción y facilitación de la prostitución de menores de dieciocho años —agravado por haber mediado engaño y amenaza—, promoción y facilitación de la prostitución de mayores de dieciocho años, y trata de personas mayores de dieciocho años en perjuicio de la víctima J.V.C., todos contabilizados en concurso ideal. Los hechos ocurrieron en un prostíbulo ubicado en Concepción del Uruguay, donde la víctima fue sometida mediante golpes y amenazas.

Además de la pena de diez años de encierro, el tribunal le impuso abonar una indemnización integral estimada en $65.292.000. La sanción impuesta fija formalmente el cumplimiento del cómputo punitivo hasta el 3 de julio de 2036.

Sin embargo, el pronunciamiento judicial no se encuentra firme. La defensa técnica, a cargo del abogado Armando Nicolás Boniardi Cabra, presentó un recurso de casación que fue oportunamente concedido por el tribunal. De esta manera, las actuaciones del legajo de ejecución penal se encuentran bajo revisión en las instancias superiores correspondientes para analizar la legalidad del fallo.

A los pocos días de dictada la condena, la causa registró un episodio de fuga. El 24 de junio, a través de la resolución N° 29/2026, el tribunal declaró la rebeldía de Cabra y dispuso su orden de captura nacional e internacional tras constatar que se había ausentado injustificadamente de su domicilio denunciado en la localidad de Villa Ángela, provincia del Chaco.

Luego de tareas investigativas que incluyeron seguimientos e intervenciones telefónicas, el 4 de julio la Policía Federal logró aprehenderlo en la intersección de Bartolomé Hidalgo y Tres de Febrero, en el partido bonaerense de Moreno. Tras su detención, fue trasladado inicialmente a la Alcaidía del Departamento Federal de Investigaciones.

A fin de facilitar el contacto con su núcleo familiar residente en Villa Ángela, el 6 de julio se solicitó al Servicio Penitenciario Federal el otorgamiento de cupo en la Unidad Penal N° 11 de Roque Sáenz Peña o en la Unidad Penal N° 7 de Resistencia, ambas en la provincia del Chaco.

No obstante, actualmente Cabra se encuentra alojado en la División Alcaidía dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, ubicada en la calle Madariaga 6976, en el barrio de Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

De manera simultánea a los planteos contra la condena, la defensa de Cabra inició gestiones para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. El reclamo se formalizó el 2 de septiembre, fundamentando la solicitud en el interés superior de sus hijos. Ante la naturaleza del pedido, el tribunal le dio intervención al Ministerio Especializado de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo que se presentó el 7 de septiembre requiriendo informes sobre el entorno familiar del interno. Por su parte, la sede judicial solicitó al letrado defensor que aporte los datos de contacto directos de la familia, requerimiento que no ha sido cumplimentado hasta el momento.

Buscando acelerar el beneficio domiciliario, la defensa interpuso asimismo una acción de hábeas corpus ante el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. Sin embargo, la jueza Mariela Emilce Rojas resolvió rechazar la competencia del órgano judicial entrerriano para entender en dicha acción.

En su resolución, la magistrada explicó que la competencia para entender en un hábeas corpus corresponde a los jueces de primera instancia con jurisdicción territorial en el lugar donde el ciudadano se halla efectivamente privado de su libertad. En consecuencia, dado que Cabra permanece detenido en la Alcaidía de Villa Lugano (CABA), la jueza declaró la incompetencia material y resolvió remitir las actuaciones del hábeas corpus al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal, fuero que se encontraba de turno para resolver la presentación constitucional.

La investigación judicial se inició en 2019 a raíz de una denuncia recibida a través de la Línea 145, que fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo. Tras un análisis preliminar, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Minatta, que —a través de medidas de investigación— logró identificar a la víctima en 2021. Inicialmente, la causa involucraba a dos imputados del caso, pero el dueño del prostíbulo —Rubén Ángel Cabra, tío del actual condenado— falleció antes de ser llamado a declaración indagatoria, por lo que su sobrino quedó como único acusado.

Según la acusación, los hechos comenzaron en 2006 cuando la víctima, de entonces 17 años, recibió una oferta laboral engañosa en la ciudad chaqueña de Villa Ángela. Una vez trasladada a Concepción del Uruguay, fue recibida en el prostíbulo denominado Snack Bar -ubicado estratégicamente en el acceso a "La Histórica", específicamente en la intersección de las Rutas Nacionales 14 y Provincial 39 - donde fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta octubre o noviembre de 2008.

El testimonio de la víctima ante la justicia fue estremecedor. Relató que durante el tiempo que permaneció cautiva en el local nocturno, el actual condenado no solo la obligaba a prostituirse, sino que la sometía a constantes violaciones, golpes y la drogaba para doblegar su voluntad. Las amenazas eran una herramienta de control permanente: Cabra le aseguraba que, si intentaba algo, le prendería fuego la casa a su familia en el Chaco y lastimaría a sus hermanos.

La denunciante también destacó que, a pesar de los numerosos "pases" sexuales que se veía obligada a realizar bajo coacción, nunca recibió pago alguno, permaneciendo en una situación de total vulnerabilidad y desamparo. A pesar del terror imperante, la víctima intentó escapar del prostíbulo en dos oportunidades antes de lograr finalmente su libertad.