Condenan a 27 años a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio en soledad

Hijo de un expolicía condenado por sus servicios al grupo, fue sentenciado como organizador de una asociación ilícita de Ludueña

Allanamientos en barrio Ludueña tras las amenazas a testigos que declararon en el juicio contra Peco Almada, condenado como gerente de una banda narco.

En los allanamientos a la banda se incautaron armas, droga fraccionada, vehículos y alrededor de un millón de pesos.

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A dos meses de iniciarse un juicio con amenazas a testigos, que debió suspenderse para un recambio del tribunal, Jonatan "Peco" Almada fue condenado este miércoles a 27 años de prisión como uno de los organizadores de una asociación ilícita afín a Los Monos, armada en prisión con referentes dentro y fuera de la cárcel y que se hizo fuerte en los barrios Ludueña, Empalme Graneros e Industrial entre 2021 y 2023. Considerado el "gerente" de esa banda dedicada al narcomenudeo, extorsiones a vecinos y amenazas a fiscales, cumplirá en total 33 años de cárcel al unificarse la pena con una anterior por narcotráfico.

De 34 años e hijo de un expolicía condenado por prestar sus servicios a la banda, Almada llegó a juicio en soledad porque, a diferencia de sus socios en la empresa criminal, se negó a aceptar condena en un juicio abreviado. Lo habían detenido en agosto de 2022 en un departamento que alquilaba en el centro de Rosario. Los fiscales Franco Carbone y Patricio Saldutti, quienes sucedieron a Pablo Socca en la acusación, reclamaron en el juicio una pena de 40 años de prisión a unificarse en 46 con una previa a 6 años que el interno cumple por venta de drogas.

El veredicto que leyeron este mediodía los jueces Fernando Sosa, Agustín Valdes Tiejten y Mariano Aliau es por un monto menor al requerido por la fiscalía ya que en algunas acusaciones por delitos puntuales fue absuelto. Se lo consideró organizador de una asociación ilícita, delito agravado por la participación de menores de edad, además de la tenencia de armas de guerra, amenazas calificadas para hacer que las víctimas abandonaran su domicilio, instigador de amenazas coactivas por estar dirigidas a obtener concesiones del poder público, abuso de armas y extorsión.

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Quedaron fuera de esa lista otros señalamientos que afrontaba por un caso de extorsión, una usurpación y una tentativa de homicidio dirigidas a un grupo familiar; hechos de los que resultó desligado por el beneficio de la duda. Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso una inhabilitación absoluta por igual tiempo de la condena.

El juicio había comenzado el 20 de julio pasado en el Centro de Justicia Penal pero a poco de iniciado debió suspenderse ante un planteo de la defensora pública Flavia Renzi, quien tomó la representación de Almada en la instancia de debate. Señaló que una de las juezas del tribunal, Lorena Aronne, ya había dictado sentencia a miembros de la misma estructura criminal en un juicio abreviado.

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La jueza decidió apartarse para no afectar garantías procesales y se designó un nuevo equipo de magistrados para continuar con el trámite, en el que ya habían declarado varios testigos. Fue por esto que el fiscal Pablo Socca, quien intervino en el primer tramo del debate, ordenó allanamientos y el arresto de seis personas por amenazas y vecinos de Ludueña que declararon en el juicio.

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Por integrar la banda que según la sentencia tuvo a Peco como organizador fueron condenadas 36 personas, entre ellas cinco policías que facilitaban información relevante o directamente participaban en las extorsiones. De acuerdo con la pesquisa judicial, la banda se creó en la cárcel de Piñero. El preso Matías "Pino" César, hombre de Los Monos, formó alianza con sus compañeros de pabellón Andy Benítez y Julián Aguirre, que por ser oriundos de barrio Ludueña fueron los encargados de reclutar personas de su confianza en libertad para ejecutar los delitos.

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Los tres fueron condenados a 20 años de prisión por sus roles de liderazgo en la organización. Sus directivas, según la fiscalía, recaían en la calle sobre Mauro Gerez y Oscar "Nenu" Ramírez —condenados a 9 y 12 años— así como en Jonatan Almada, hijo de un expolicía condenado a 3 años de prisión condicional por prestar servicios a la organización. Su hermana, Brenda Almada, fue condenada a 5 años por su pertenencia a la banda. Otra hermana, Verónica Almada, de 38 años, fue asesinada el 18 de febrero de 2022 en la puerta de su casa de Urquiza al 6000, en un ataque a tiros que iba dirigido a Peco.

Este armado afín a Los Monos estuvo activo desde julio de 2021 hasta comienzos de 2023. Con base en Ludueña, el grupo empezó a enfrentarse con una formación rival liderada por Francisco "Fran" Riquelme y ligada al empresario narco Esteban Alvarado. La cruenta disputa se extendió a los barrios Empalme Graneros e Industrial con al menos cuarenta homicidios, en ocasiones con víctimas ajenas al conflicto, además de extorsiones a comerciantes y vecinos para quedarse con dinero o sus propiedades.

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Situado como un alfil de peso en el esquema de esta banda, a Almada se le atribuyó haber sido el encargado de distribuir droga a otros miembros, administrar y controlar la recaudación (usaba una máquina de contar billetes y llevaba las anotaciones en un cuaderno), ocuparse de la gestión de las armas (dónde se escondían y a quién se entregaban) y transmitir directivas, además de intervenir personalmente en aprietes extorsivos.

"Es uno de los integrantes más importantes dentro de la estructura. También amenaza a víctimas o testigos que denuncian las actividades ilícitas de la banda. Se encarga de asignar a las personas que van a ocupar las viviendas usurpadas y dispone de autos y motos para la comisión de diversos ilícitos", planteó la acusación.

Entre los casos por los que fue condenado, figura una serie de amenazas dirigidas al fiscal Socca y a su par Matías Edery. Ambos fueron mencionados en carteles con mensajes intimidantes que aparecieron en distintos puntos de la ciudad: una sede de la entonces Agencia de Investigación Criminal, en Lamadrid y Salva, el Hospital de Niños Zona Norte, el Centro Municipal de Distrito Sur y la sede de Televisión Litoral. De ahí la condena por la figura de amenazas coactivas calificadas.

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Fuente: La Capital

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