Condenan a una banda por "emboscar" y "asaltar" a choferes de Uber y Didi en Córdoba
La investigación había comenzado con la denuncia de un conductor. La Justicia terminó acreditando la existencia de una asociación ilícita. Se organizaban para atacar a choferes de aplicaciones. El señalado como jefe de la banda recibió seis años y 10 meses de prisión.
Lo que comenzó con la denuncia de un chofer asaltado terminó mucho más lejos. Dos años después, la Justicia dio por acreditado que detrás de una sucesión de violentos robos de automóviles a conductores de Uber y Didi, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, funcionaba una asociación ilícita con un jefe y ejecutores.
Entre todos tenían el propósito de atacar a los conductores y había personas encargadas de colocar los bienes robados en el mercado. La banda se hacía con el dinero de estas ventas.
La causa que investigó el fiscal Juan Pablo Klinger derivó en diferentes juicios abreviados y condenas. Seis acusados terminaron responsabilizados penalmente por integrar aquella organización: Gustavo Facundo Pérez, Iván Roy Gutiérrez, Ignacio Fabián Britos, Úrsula Sofía Lescano, Brisa Azul Riuli y Manuel Enrique Meier.
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La pena más alta recayó sobre Pérez, a quien la Justicia no consideró un integrante más, sino el organizador de la asociación ilícita.
Fue condenado a seis años y 10 meses de prisión.
Gutiérrez recibió cuatro años y cuatro meses de prisión. Lescano fue condenada a tres años y dos meses, aunque por una condena anterior se le fijó una pena única de cuatro años.
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Britos recibió tres años de prisión condicional.
Riuli y Meier ya habían sido juzgados anteriormente. Ambos recibieron tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y encubrimiento. En el caso de Meier, la pena fue unificada con una condena anterior y quedó en tres años y seis meses.
El núcleo de la investigación se concentró en barrio Colinas del Cerro, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.
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Allí aparecía una y otra vez el mismo mecanismo.
Los acusados utilizaban perfiles en Uber o Didi para pedir automóviles. Los conductores aceptaban un viaje que, en apariencia, no tenía ninguna particularidad. Cuando llegaban al punto indicado, comenzaba la emboscada.
Los pasajeros no eran pasajeros.
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En algunos casos subían al vehículo y atacaban al conductor desde adentro. En otros, aparecían varios jóvenes alrededor del automóvil. Hubo golpes, amenazas de muerte, cuchillos y armas de fuego cuya operatividad no pudo determinarse.
Los choferes terminaban en la calle.
La banda se quedaba con el vehículo y, además, con celulares, billeteras, tarjetas, documentación y dinero.
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Uno de los episodios ocurrió el 20 de abril de 2024. Un conductor llegó con su Peugeot 408 hasta la zona de José de Orortegui y Los Alerces. Fue golpeado en el rostro y el cuerpo.
La violencia fue tal que el hombre se colocó en posición fetal para intentar impedir que también le quitaran el teléfono.
Finalmente lo arrojaron del automóvil y escaparon con el Peugeot.
El 9 de julio se repitió la escena. Un conductor de Didi llegó hasta Colinas del Cerro después de aceptar un viaje solicitado desde un perfil de la aplicación. Allí lo rodearon cuatro hombres.
"Esto es un robo", le anunciaron. Se llevaron su Fiat Mobi.
Cuatro días después, una conductora sufrió otra emboscada. La tomaron de la ropa, le apoyaron un arma en la espalda y la obligaron a bajar. Los delincuentes terminaron escapando con teléfonos y una billetera con dinero.
La importancia de las condenas está en que la Justicia no interpretó aquellos episodios como una mera sucesión de robos cometidos por conocidos del mismo barrio.
Consideró probado que existía un acuerdo para cometer una cantidad indeterminada de delitos, cierta permanencia en el tiempo, una estructura jerárquica y una distribución de tareas.
En la cima ubicó a Pérez. La sentencia lo declaró organizador de la asociación ilícita. Según la reconstrucción judicial, era quien tomaba decisiones relevantes y participaba además de los ataques contra los conductores.
Junto a él aparecían, principalmente como ejecutores de los robos, Gutiérrez y Britos, además de otros involucrados cuyas situaciones procesales tramitaron de manera diferente. Pero la estructura no terminaba cuando un automóvil desaparecía.
Ahí comenzaba otra parte del negocio. Lescano y Meier tenían asignado principalmente el rol de comercializar bienes sustraídos.
En uno de los casos, pocas horas después del robo de un Fiat Mobi, comenzaron los movimientos para intentar colocarlo.
Los investigadores encontraron conversaciones, fotografías y videos de vehículos sustraídos enviados a potenciales compradores. En uno de esos intercambios se ofrecía directamente una camioneta robada. En otro aparecía un Fiat Mobi cuya patente coincidía prácticamente con la del vehículo que acababa de ser sustraído.
Incluso una publicación en Instagram terminó convertida en evidencia: en una historia se veía el interior de uno de los automóviles robados circulando por Circunvalación. Un rosario y un aromatizante que colgaban del espejo permitieron relacionarlo con el vehículo denunciado por una víctima.
Riuli cumplía otra función. La investigación determinó que facilitó su teléfono y una cuenta bancaria para asegurar parte del producido de los delitos. En uno de los episodios recibió $100 mil transferidos desde el celular que acababan de sustraerle a una conductora.
La investigación tuvo un punto de partida relativamente sencillo: el robo denunciado por un conductor.
Pero los policías de la Unidad Judicial 18 comenzaron a tirar del hilo.
Aparecieron perfiles utilizados para pedir viajes. Después, números telefónicos. Luego, domicilios. Más tarde, vehículos robados, comunicaciones entre sospechosos y movimientos para vender lo sustraído.
También fueron determinantes algunos rastros tecnológicos.
Unos auriculares robados enviaron su ubicación después de uno de los asaltos. Las geolocalizaciones llevaron primero hacia diferentes sectores de Colinas del Cerro y luego hasta Argüello Norte.
Los investigadores llegaron a una vivienda que vecinos describieron como "un lugar frecuentado por un grupo de jóvenes que robaban autos".
Los teléfonos secuestrados terminaron completando buena parte del rompecabezas. La Justicia consideró que la reiteración de hechos, los contactos entre los involucrados, la utilización de las aplicaciones, la posterior circulación de los vehículos y las conversaciones para comercializarlos demostraban que aquello tenía una organización detrás.
Fuente: La Voz
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