Condenaron a 13 años de prisión al expolicía que estafó por más de $50 millones a feriantes de El Bajo

En el marco de una de las causas por fraudes comerciales de mayor volumen patrimonial en San Miguel de Tucumán, la Justicia tucumana condenó a 13 años de prisión de cumplimiento efectivo al ex sargento de la Policía provincial Daniel Edgardo Chavarría. El fallo consideró probado que el imputado planificó e instrumentó un esquema delictivo que perjudicó en más de $50.000.000 a puesteros y comerciantes de un paseo de compras ubicado en la zona céntrica de El Bajo.

La acusación en el juicio oral estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, conducida por el fiscal Diego López Ávila, con la actuación en audiencias de la auxiliar de fiscal Emely Rafael y de la investigadora Florencia Giménez Saravia. La representación fiscal enfatizó durante los alegatos la contundencia de las pruebas documentales y el testimonio de los damnificados, destacando que el acusado diseñó un plan sistemático para engañar a los trabajadores y apropiarse de fondos pertenecientes tanto a los inquilinos como a los propietarios de la galería.

Al emitir el veredicto, la jueza Alejandra Balcázar halló a Chavarría autor penalmente responsable de los delitos de estafa por abuso de confianza en concurso real con estafas reiteradas. Para neutralizar riesgos procesales y garantizar la ejecución de la pena, la magistrada ordenó la inmediata prisión preventiva del condenado, disponiendo su alojamiento directo en una unidad penitenciaria.

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De acuerdo con las actuaciones judiciales, la mecánica de la defraudación operaba bajo dos modalidades principales. En primer término, el expolicía cobraba pagos anticipados en efectivo correspondientes a cánones locativos y renovaciones de contratos comerciales para el período 2024 sin contar con autorización para ello. En paralelo, el condenado comercializaba puestos en construcción ficticios dentro del predio comercial, cobrando sumas millonarias a compradores de buena fe que creían adquirir espacios de venta legítimos.

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Fuente: El Federalista

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