Condenaron a cuatro años de prisión a una mujer en el primer juicio del sistema acusatorio en Corrientes

El magistrado Eduardo Belforte, en su carácter de juez del Tribunal Oral Federal de Corrientes, dictó una condena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva contra una mujer penalmente responsable de coordinar y ejecutar el traslado interjurisdiccional de un cargamento de 47,502 kilogramos de cannabis sativa.

La resolución judicial adquiere una relevancia institucional mayúscula debido a que constituye el primer juicio oral y público celebrado en la provincia de Corrientes bajo los lineamientos del sistema acusatorio, un paradigma procesal que transfiere la carga total de la investigación al Ministerio Público Fiscal y prioriza la oralidad y la desburocratización.

El caso penal logró una sentencia definitiva en un plazo récord de tan solo cuatro meses desde la fecha inicial del procedimiento, un contraste drástico con los tiempos de tramitación del antiguo sistema escrito. En el debate intervino la fiscal federal Tamara Ahimará Pourcel, titular interina del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, asistida por el auxiliar fiscal Gabriel Romero Olivello.

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El inicio de las actuaciones se remonta al pasado 29 de enero de 2026. Durante un control vehicular de rutina montado sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del puesto "INYM" (Instituto Nacional de la Yerba Mate), personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 47 "Ituzaingó" de Gendarmería Nacional detuvo la marcha de un camión logístico perteneciente a la empresa estatal Correo Argentino que cumplía el itinerario postal desde la provincia de Misiones con destino final a la terminal de la ciudad de Córdoba.

Durante la inspección de la bodega de carga, un can detector de narcóticos reaccionó de forma positiva frente a dos bultos específicos.

Con la correspondiente autorización del juzgado de instrucción de turno, las fuerzas de seguridad procedieron a la apertura de las cajas, hallando en su interior un total de 56 paquetes rectangulares tipo "ladrillos" que contenían el cargamento de marihuana. Inmediatamente, la fiscalía ordenó suspender la incautación tradicional y activar la técnica especial de investigación denominada entrega vigilada, sustituyendo la sustancia y permitiendo que las encomiendas continuaran su curso bajo monitoreo judicial para identificar a los eslabones de recepción.

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El dispositivo encubierto culminó el 3 de febrero, cuando la ahora condenada se presentó voluntariamente en la sucursal del Correo Argentino de la capital cordobesa para retirar los paquetes a su nombre, oportunidad en la que fue inmediatamente detenida junto a un acompañante que permanece supeditado a la causa. Los cruces de guías postales determinaron que el despacho original se había realizado desde la localidad misionera de Puerto Piray.

Durante la etapa de alegatos y producción de prueba, los representantes del Ministerio Público Fiscal demostraron mediante registros fílmicos, actas de apertura y testimoniales que la imputada era la única destinataria legal y material de la carga ilícita.

El peritaje químico de laboratorio no solo ratificó la naturaleza de la sustancia, sino que determinó que el volumen total del cargamento equivalía a la producción potencial de 772.382 dosis umbrales, un indicador que la fiscal Pourcel utilizó para mensurar el riesgo real provocado a la salud pública general.

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La fiscalía fundamentó técnicamente que el delito de transporte de estupefacientes, tipificado en el artículo 5 de la Ley 23.737, se consideró jurídicamente consumado desde el instante en que la droga inició su desplazamiento territorial en la provincia de Misiones, resultando irrelevante para la tipificación penal que la sustancia fuera efectivamente comercializada al menudeo en los barrios de destino.

Asimismo, la acusación remarcó la gravedad del modus operandi seleccionado por las organizaciones criminales, advirtiendo que la utilización de redes de correos y encomiendas representa una modalidad compleja que busca camuflar el tráfico de drogas aprovechando los circuitos logísticos e infraestructuras legales del Estado para vulnerar los controles provinciales, un argumento que fue receptado en su totalidad por el juez Belforte al momento de aplicar el monto mínimo de la pena solicitada por el Ministerio Público.

Fuente: Diario El Litoral

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