Condenaron a perpetua a los dos brasileños por el crimen de Cristian Díaz

El Tribunal Penal 2 de Posadas condenó este viernes a prisión perpetua a David Wesley de Oliveira Silva y Gabriel Junio Guimaraes Da Silva por el asesinato de Cristian Javier Díaz, el comerciante de 31 años que fue acribillado en mayo de 2022 en el kiosco que funcionaba en su vivienda del barrio Yohasá.

Durante la lectura del veredicto, ambos ciudadanos brasileños fueron declarados coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, conforme al artículo 80 inciso 6, en función del artículo 41 bis del Código Penal.

El Tribunal les impuso prisión perpetua, accesorias legales y costas, cerrando así el juicio oral desarrollado esta semana por un crimen que, desde el comienzo de la investigación, estuvo rodeado por la hipótesis de un ataque planificado y un posible trasfondo vinculado al narcotráfico.

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La sentencia implica además una diferencia respecto de la calificación con la que los dos acusados llegaron al debate. La causa había sido elevada por homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía, bajo los incisos 2 y 6 del artículo 80. En el tramo del veredicto conocido este viernes, la condena quedó sustentada en el concurso premeditado y el agravante por utilización de arma de fuego, contemplado en el artículo 41 bis.

Cristian Díaz fue asesinado durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de la chacra 94 donde funcionaba su pequeño comercio. La investigación estableció que recibió al menos siete disparos efectuados con un arma calibre 9 milímetros. Los agresores escaparon inmediatamente después del ataque.

Una de las piezas fundamentales para reconstruir lo ocurrido fue el testimonio de una vecina que escuchó los disparos y, al salir de su vivienda, observó a dos hombres correr hacia un automóvil blanco, donde los esperaba otra persona.  Ese dato permitió orientar la investigación hacia un Fiat Duna, cuyo recorrido fue posteriormente reconstruido por los efectivos de la Dirección Homicidios. El vehículo apareció en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena y tenía una particularidad que coincidía con lo observado durante la pesquisa: fallas o faltantes en las luces delanteras y traseras.

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Los investigadores mantuvieron bajo vigilancia la propiedad y, dos días después del crimen, siguieron un remís que salió del lugar con los dos brasileños. El destino era la terminal de ómnibus de Posadas. Allí fueron interceptados cuando esperaban un colectivo con el que pretendían viajar hacia Santo Tomé y, posteriormente, cruzar a San Borja para regresar a Brasil. Desde entonces permanecieron detenidos y finalmente llegaron al juicio oral más de cuatro años después del asesinato.

Antes de conocerse el veredicto, el fiscal Vladimir Glinka solicitó la prisión perpetua para los dos acusados. Durante su alegato sostuvo que existió un plan previo para matar a Díaz y consideró que las pruebas permitían acreditar la intervención de ambos. Según la acusación presentada durante el debate, David Wesley habría sido quien efectuó los disparos, mientras que Guimaraes Da Silva habría cumplido una función de apoyo.

La defensa, encabezada por Ramona Gómez, planteó una lectura completamente distinta y pidió la absolución de los dos brasileños por insuficiencia probatoria y aplicación del principio de duda razonable. La abogada cuestionó que se hubiera probado un acuerdo previo, rechazó la existencia de alevosía y sostuvo que tampoco estaba suficientemente establecida la intervención atribuida a cada acusado.

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De manera subsidiaria, pidió que, en caso de condena, David Wesley fuera considerado autor de homicidio simple y Gabriel Guimaraes partícipe secundario. El Tribunal finalmente descartó ese planteo y aplicó la máxima pena prevista por el Código Penal.

Desde las primeras semanas posteriores al asesinato, la investigación avanzó sobre la hipótesis de que Díaz había sido víctima de un crimen por encargo vinculado con un conflicto relacionado con drogas. El expediente incluso fue remitido en mayo de 2022 a la Justicia Federal después de que el juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, y la fiscal Patricia Clerici consideraran que existían elementos que apuntaban hacia un trasfondo narcocriminal.

La investigación había relacionado el homicidio con el secuestro de 155 kilos de marihuana efectuado por Gendarmería Nacional en octubre de 2021 en el barrio Luis Piedrabuena. La droga había sido hallada dentro de una Renault Express abandonada luego de que quienes la transportaban advirtieran la presencia de los gendarmes. La pesquisa vinculó posteriormente ese episodio con la misma vivienda donde meses después fue encontrado el Fiat Duna utilizado en torno al homicidio de Díaz.

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Esa línea llevó inicialmente a los investigadores a señalar a los dos brasileños como presuntos ejecutores de un ajuste de cuentas. Sin embargo, para informar la sentencia resulta necesario distinguir esa hipótesis sobre el móvil de lo que el Tribunal tuvo jurídicamente por acreditado en su veredicto: la responsabilidad de ambos como coautores del homicidio cometido de manera premeditada entre dos o más personas y mediante un arma de fuego.

Fuente: Primera Edición

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