Condenaron a seis años de prisión al dueño de una agencia de viajes por estafas masivas con paquetes turísticos
Mediante un juicio abreviado, Pedro Dante Guillén admitió su responsabilidad en diez hechos de fraude comercial que afectaron a decenas de pasajeros. La falta de capacidad financiera para resarcir a los damnificados derivó en un acuerdo de pena de cumplimiento efectivo.
El fuero penal mendocino dictó una condena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo contra Pedro Dante Guillén, luego de que el imputado admitiera su culpabilidad en una serie de estafas vinculadas a la comercialización irregular de paquetes turísticos internacionales.
La resolución se alcanzó tras un juicio abreviado, en el que se acordó la pena máxima prevista este tipo de delitos, la misma deberá cumplirse de manera efectiva ya que el acusado indicó que no cuenta con los medios para reparar económicamente a los afectados.
La investigación penal se inició en enero de 2025 tras la acumulación de denuncias por contrataciones efectuadas durante el transcurso de 2024. Según se acreditó en la causa, Guillén operaba una agencia de viajes que en el primer mes de 2025 cesó imprevistamente sus actividades, dejando sin prestación a numerosos contingentes que habían abonado servicios de pasajes aéreos, traslados y hotelería en el exterior.
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El expediente judicial reunió diez hechos delictivos concretos, caracterizados por cobros realizados tanto en moneda nacional como en divisas extranjeras, a través de transferencias bancarias y entregas de efectivo en mano.
Entre los casos de mayor volumen económico incorporados al proceso consta el perjuicio a un grupo de 21 personas que abonó USD 63.250 por un itinerario a República Dominicana, un paquete familiar con destino a México por un valor superior a los USD 7.000, y la contratación de un viaje al Caribe para seis pasajeros por una suma que superó los $12 millones.
Guillén fue detenido el 23 de enero de 2025 y permaneció bajo prisión preventiva durante todo el desarrollo de la instrucción. Tras sostenerse las medidas cautelares en diversas audiencias, la causa avanzó hacia la instancia del juicio abreviado.
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En la definición de la pena resultó determinante la insolvencia declarada por el imputado. Al no contar con bienes o fondos para afrontar el resarcimiento económico de las pérdidas, las 12 querellas particulares constituidas en la causa, que contaron con la representación letrada de la abogada Susana Soleti, en el marco del programa de asistencia jurídica a víctimas del Ministerio de Seguridad y Justicia, exigieron una sanción privativa de la libertad de cumplimiento efectivo.
La querella sostuvo que la magnitud del perjuicio social, la cantidad de familias afectadas y el accionar deliberado del imputado justificaban el pedido de seis años de cárcel, solicitud que fue suscripta por el Ministerio Público Fiscal y finalmente homologada por el juez de la causa tras la aceptación explícita de los hechos por parte de Guillén.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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