Confirmación en EE.UU.: Investigan giros sospechosos de la AFA por presunto lavado y fraude bancario

Escándalo en el fútbol argentino

El empresario Guillermo Tofoni ratificó que el FBI y la justicia estadounidense avanzan en una pesquisa confidencial sobre millonarios movimientos de fondos vinculados a la Selección Argentina

Una nueva tormenta judicial y política amenaza con sacudir los cimientos del fútbol argentino. En las últimas horas se confirmó de manera oficial que la Justicia de los Estados Unidos, en colaboración directa con el FBI, lleva adelante una exhaustiva investigación preliminar centrada en una serie de movimientos financieros altamente sospechosos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las operaciones bajo la lupa de los reguladores norteamericanos podrían encuadrarse en delitos graves como lavado de dinero, evasión fiscal agravada o fraude bancario a gran escala.

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La confirmación del caso llegó a través del empresario Guillermo Tofoni, quien ratificó públicamente la existencia de este proceso judicial llevado a cabo por el Buró Federal de Investigaciones y tres fiscales federales estadounidenses. Aunque Tofoni evitó dar precisiones sobre si ya prestó declaración formal en calidad de testigo en la causa, aseguró de forma tajante que los sabuesos norteamericanos cuentan con documentación de altísima precisión que permite reconstruir de manera milimétrica el día, la hora y el recorrido exacto de cada una de las transferencias financieras objetadas.

El origen de la investigación radica en un presunto y millonario desvío de fondos estimado en unos 40 millones de dólares, los cuales formarían parte de una recaudación global que supera los 300 millones de dólares. De acuerdo con las hipótesis que manejan los investigadores en Miami, prestigiosas marcas patrocinadoras de la Selección Argentina, entre ellas la firma de indumentaria Adidas, depositaron los fondos correspondientes a sus contratos en diversas cuentas bancarias pertenecientes a la empresa TourProdEnter, una firma radicada en el estado de Florida y dirigida por el empresario Javier Faroni.

El rastreo financiero preliminar expone que los fondos fueron alojados inicialmente en cuentas abiertas en entidades financieras de primera línea de los Estados Unidos, tales como Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase Bank y Citibank. La maniobra bajo sospecha penal comenzó con el posterior direccionamiento de esos 40 millones de dólares, los cuales habrían sido desviados desde TourProdEnter hacia una red de sociedades comerciales directamente vinculadas entre las que figuran Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.

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La intervención directa de los tribunales y las agencias federales de los Estados Unidos en este caso se justifica plenamente debido a la utilización del sistema bancario norteamericano, así como a la apertura de cuentas corrientes y la constitución de sociedades comerciales bajo las leyes y registros de ese país. Diversos especialistas en derecho internacional y delitos financieros trazaron un paralelo inevitable entre este expediente y el recordado escándalo del FIFAgate, donde la justicia estadounidense extendió su jurisdicción sobre hechos ocurridos fuera de su territorio nacional debido a que los flujos de dinero espurios e ilegales atravesaron de manera directa sus plataformas financieras y bancarias.

En el ámbito de las responsabilidades civiles y penales, el avance de la causa judicial genera enorme preocupación en el entorno de la conducción de la AFA. Expertos en la materia sostienen que las máximas autoridades de la entidad de la calle Viamonte, entre ellos Claudio Tapia y Pablo Toviggino, junto al propio Javier Faroni, podrían quedar formalmente expuestos a una eventual acusación formal si los fiscales norteamericanos logran demostrar fehacientemente que las autoridades locales tenían pleno conocimiento de estas complejas maniobras financieras y que las mismas persiguieron un propósito de carácter ilícito.

No obstante, los consultores legales y técnicos que siguen de cerca el caso aclararon que los dirigentes investigados en esta etapa preliminar no deben ser considerados culpables de manera automática. De acuerdo con los análisis iniciales del entramado societario, se estima que el mayor peso inicial de una eventual imputación penal podría recaer sobre Erika Gillette, quien figura formalmente como la titular de la empresa TourProdEnter en Miami y responsable directa de los movimientos de las cuentas. En las próximas semanas, el intercambio de información entre las entidades financieras y la fiscalía resultará clave para determinar si el fútbol argentino se enfrenta a un nuevo y definitivo proceso de purga judicial en los tribunales del exterior.

Fuente: El Esquiú

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