Conflicto con los colectivos: Gobierno asegura que no hay deuda y responsabiliza a los empresarios por posibles demoras

El Gobierno de San Juan salió este miércoles a responder formalmente a los reclamos de las empresas concesionarias del transporte público y aseguró que no mantiene deudas con las prestatarias. A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno afirmó que los pagos correspondientes a junio se encuentran dentro del proceso administrativo habitual y sostuvo que, en los casos en los que existen demoras, estas obedecen a errores detectados en la documentación presentada por las propias empresas. Además, aclaró que los fondos nacionales destinados a los atributos sociales dependen de la Secretaría de Transporte de la Nación y señaló que solo resta el pago correspondiente a junio.

La respuesta oficial se produjo en medio del conflicto que mantiene enfrentados al Ejecutivo provincial y a las empresas agrupadas en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), luego de que las concesionarias redujeran transitoriamente las frecuencias por un supuesto desfinanciamiento del sistema y denunciaran una deuda cercana a los $9.750 millones en compensaciones tarifarias.

En el comunicado difundido este miércoles, la Secretaría de Tránsito y Transporte reiteró que la Provincia "no mantiene deudas con las empresas prestatarias del servicio" y explicó que las compensaciones correspondientes al mes de junio aún transitan el circuito administrativo normal.

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Según precisó el organismo, la documentación respaldatoria para tramitar esos pagos fue presentada por las empresas recién el 14 de julio, por lo que los plazos administrativos todavía no se encuentran vencidos.

Además, el Gobierno sostuvo que parte de esa documentación contenía errores que debieron ser corregidos, situación que, indicó, generó demoras en el proceso de liquidación.

Respecto de otros conceptos reclamados por las empresas y que no corresponden al mes de junio, el Ministerio señaló que serán analizados y verificados. En ese sentido, indicó que, si efectivamente existen montos pendientes, se abrirá una instancia de diálogo con las prestatarias para su tratamiento.

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Otro de los puntos abordados por el Ejecutivo provincial fue el referido a los atributos sociales nacionales, uno de los conceptos incluidos dentro del reclamo económico de ATAP. Sobre ese aspecto, recordó que esos fondos no dependen de la Provincia sino de la Secretaría de Transporte de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, el Gobierno nacional efectuó el pasado 28 de julio el pago correspondiente a mayo de 2026, por lo que únicamente permanece pendiente la transferencia correspondiente a junio.

La respuesta del Ministerio llegó horas después de que las empresas concesionarias difundieran un comunicado en el que justificaron la reducción de frecuencias por el fuerte desfinanciamiento que, aseguran, atraviesa el sistema de transporte público.

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En ese documento, ATAP sostuvo que la deuda acumulada asciende a $9.750.150.676,43. Según el detalle presentado por las empresas, cerca del 60% correspondería a obligaciones provinciales y el 40% restante a fondos nacionales.

Las prestatarias explicaron que esos recursos no constituyen subsidios para las empresas, sino compensaciones tarifarias destinadas a financiar beneficios para los usuarios, entre ellos el Boleto Escolar Único, el boleto docente, los trasbordos y los atributos sociales nacionales.

Dentro del detalle de la deuda reclamada figuran, entre otros conceptos, el Boleto Escolar Único de junio de 2026 por más de $2.035 millones, los Atributos Sociales Nacionales correspondientes a mayo y junio por más de $3.821 millones en conjunto, los trasbordos por más de $823 millones y el boleto docente por más de $314 millones. También reclamaron diferencias por mayores costos operativos, actualizaciones tarifarias, el reconocimiento del sueldo anual complementario y otros conceptos vinculados al esquema de financiamiento del sistema.

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Las empresas advirtieron que la falta de esas compensaciones afecta el funcionamiento cotidiano del servicio porque dificulta afrontar gastos esenciales como combustible, salarios, mantenimiento de las unidades y compra de repuestos. Asimismo, señalaron que desde mayo vienen solicitando una mesa técnica para analizar la situación económica de las concesiones.

Antes incluso del comunicado difundido por el Ministerio, el secretario de Transporte de San Juan, Marcelo Molina, ya había rechazado públicamente la existencia de deudas provinciales y había confirmado que las empresas fueron sancionadas económicamente por incumplir las frecuencias previstas en los contratos de concesión.

Con este nuevo pronunciamiento institucional, el Gobierno reforzó su postura de que los pagos provinciales se encuentran dentro de los plazos administrativos y atribuyó las demoras detectadas a inconsistencias en la documentación presentada por las propias empresas, mientras el conflicto por la prestación del servicio continúa abierto.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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