Conflicto interminable: el largo laberinto de la Ley de Financiamiento Universitario que no halla solución

Han sido más de dos años de lucha de las universidades por el presupuesto que asegure su funcionamiento. Hoy, están en crisis para sostenerse.

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace un año, aún no se aplica plenamente, manteniendo a las universidades en crisis presupuestaria.

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La ley de Financiamiento Universitario cumplió un año, también su falta de aplicación. Apuntó a dar garantías al presupuesto nacional para las universidades , luego de que fuera congelado tras la asunción del actual gobierno nacional. Ha sido una larga lucha para la comunidad académica y una situación que ha sumido a las universidades en una verdadera crisis presupuestaria.

El recorrido de la ley de financiamiento ha sumado capítulo tras capítulo en un entramado complejo que lo transforma en una verdadera novela que sigue sumando páginas.

Cinco marchas universitarias sucedieron desde aquel abril de 2024 cuando las calles fueron testigos de la avalancha de la primera en defensa de la educación pública.

En el medio, el Congreso, el gobierno nacional, la Justicia y un millón de idas y vueltas que ha hecho que los rectores señalan que la situación requiere solución urgente porque hacen malabares para sostener las casas de estudios.

El inicio de este largo conflicto fue el congelamiento del presupuesto en 2024 destinado a las universidades. Lo que hizo el gobierno nacional tras asumir fue prorrogar el de 2023, que había sido aprobado a fines de 2022. Pero esto en un contexto de altísima inflación: en 2023 la inflación había sido de 211%.

La comunidad universitaria se movilizó en distintas oportunidades para reclamar la aplicación de la ley y la actualización de los fondos destinados a la educación pública. Quinta marcha en Mendoza.

Para marzo de 2024 las casas de estudio informaban que esto había redundado en una reducción del 72% en las partidas por lo que advertían que la situación las dejaba en riesgo para sostener su funcionamiento.

Del presupuesto recibido, 90% se destina a salarios de docentes y no docentes y el otro 10% al resto de las necesidades como mantenimiento y servicios que se prestan.

Ante la falta de respuesta del gobierno nacional a los reclamos a través del Consejo Interuniversitario nacional, en abril de 2024 se hizo la primera marcha.

A mayo de este año, los datos que manejaban las casas de altos estudios eran elocuentes: entre 2023 y 2026, las transferencias del Estado nacional a las universidades registraron una caída real acumulada del 45,6%. Según advierten desde el sector, ese recorte posiciona a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior, poniendo en jaque el desarrollo académico y científico.

El factor humano es el más golpeado. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios de docentes y no docentes sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del 32%. Esta erosión salarial, según plantean, ha dejado al sistema con los haberes más bajos de los últimos 23 años. Actualmente sostienen estimaciones de un atraso en torno al 30%.

Junto con todo esto fueron arrastrados sistemas de becas, los hospitales universitarios y las investigaciones.

Contar con una ley de financiamiento fue una demanda de la comunidad universitaria para tener garantías en cuanto al presupuesto. Lograrla fue un largo recorrido, que claramente no concluyó con la sanción.

Ante los reclamos, ese año el Congreso sancionó la Ley 27.757, que declaró la emergencia presupuestaria del sistema universitario, estableció la actualización del presupuesto destinado a las universidades según la inflación y de los salarios docentes y no docentes.

Pero el presidente Javier Milei vetó la norma mediante el Decreto 879/2024, con el argumento de que no contemplaba una fuente de financiamiento específica y podría afectar el equilibrio fiscal. El veto fue tratado en la Cámara de Diputados, pero no se alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios para insistir con la ley original y el veto quedó firme. Esto abrió la puerta a nuevos debates legislativos.

Autoridades universitarias, sindicatos y organizaciones estudiantiles en reclamo por el financiamiento. Quinta marcha universitaria en Mendoza.

El 21 de agosto de 2025, el Congreso sancionó un nuevo proyecto. Pero una vez más, el 10 de septiembre de ese año, el Poder Ejecutivo decidió vetarla y devolverla al Congreso. Sin embargo, el 2 de octubre ambas cámaras insistieron en su aprobación, por lo que la ley quedó definitivamente sancionada.

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue aprobada el 20 de octubre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre.

Fue promulgada mediante el Decreto 759/2025, ante lo cual el presidente Javier Milei jugó otra carta: condicionó su aplicación a que el Congreso determine las fuentes específicas de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes al presupuesto nacional. De esta manera, estableció que su ejecución quedaría suspendida hasta que esas partidas se incorporaran al Presupuesto Nacional. Así permanece.

"Esto resulta contradictorio con la propia ley, dado que establece que el Poder Ejecutivo puede realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento", sostiene un análisis del Centro de Economía Política Argentina.

El 23 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 buscó saldar la deuda: declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado Nacional cumplir con la Ley. Para evitar hacerlo, el 18 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley 27.795. Sin embargo, a pesar de ingresar formalmente por la Cámara de Diputados, la iniciativa no llegó a ser tratada en comisión.

Pese a esta situación, la comunidad educativa sigue movilizándose. El pasado 15 de octubre se realizó la quinta Marcha Federal Universitaria, en la que miles de personas se movilizaron en distintos puntos del país para exigir el cumplimiento de la norma.

Un nuevo capítulo se sumó con la aplicación de una multa al gobierno por parte de la Justicia: el juez federal Martín Cormick fijó en $100.000 diarios los "astreintes" contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no actualizar los salarios docentes y no docentes ni garantizar el fondo de becas previsto en la iniciativa que aprobó el Congreso. El gobierno dijo que lo apelaría y así fue. Este martes se conoció que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó esta nueva apelación del Gobierno con lo cual revisará la medida anterior de la Justicia.

La Sala III ordenó que se tramite el recurso contra la decisión del juez Martín Cormick. A partir de esto el Estado podrá discutir ante la Cámara la intimación al Gobierno para que acate la cautelar bajo apercibimiento de multas diarias, que quedaron suspendidas provisoriamente el 15 de octubre. Pero además, se habilita el análisis sobre si el gobierno debe cumplir con la ley.

De todas formas, los jueces aclararon que conceder la apelación no implica "adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar". La discusión deberá continuar en las instancias correspondientes.

En el comunicado emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con motivo de la última marcha pidieron hacer cumplir esta ley que es el principal instrumento para su sostenimiento

"El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano", subrayó.

Recordó que el Congreso de la Nación y el Poder Judicial les han dado la razón sancionando una ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas).

"El incumplimiento sistemático del gobierno nacional de las leyes con las que no acuerda ni ha promovido y de las medidas judiciales que lo obligan a efectivizarlas es la expresión de su voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia, reemplazando las funciones legislativas que son propias del Congreso de la Nación".

Aseguró además que el gobierno nacional no sólo incumple con la Ley de Financiamiento Universitario, también desconoce la institucionalidad de las paritarias

"La decisión del gobierno nacional de asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva de trabajadores docentes y no docentes".