Congreso: en el 2025 se sancionó la cifra de leyes más bajas desde el retorno de la democracia
El estudio concluyó en que en el parlamento argentino hay "más fragmentación, menos leyes, dos años seguidos sin presupuesto y mandatos constitucionales que siguen sin cumplirse.

La actividad parlamentaria argentina atraviesa su período de menor productividad en más de cuatro décadas.
Durante 2025, el Congreso de la Nación sancionó únicamente 11 leyes, alcanzando el nivel más bajo desde 1983.
Este volumen contrasta marcadamente con el máximo registrado en 2014, año en el que se aprobaron 191 iniciativas, de acuerdo con las conclusiones del estudio elaborado por el Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo.El informe, denominado "Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025)" y fundamentado en registros públicos oficiales, señala que la media histórica del período democrático se ubica en 122 leyes anuales.
La investigación identifica la correlación entre las bancadas y la capacidad sancionatoria: en 2014 la fuerza de gobierno contaba con mayoría propia en el recinto, a diferencia del escenario experimentado en 2025.Paralelamente, la multiplicación de espacios representativos se posiciona como otro factor determinante.
La Cámara de Diputados evolucionó de un esquema articulado en torno a dos grandes fuerzas políticas en 1983 a una estructura atomizada en más de 40 bloques hacia 2017, de los cuales varios contaban con tres miembros o menos.
En este contexto, el promedio anual de normas sancionadas decayó de 154 en el quinquenio 1994-1998 a 59 en el lapso 2019-2023.
Aunque cada año se presentan entre 2.000 y 4.000 proyectos, la efectividad es menor al 1%; como muestra, en 2022 ingresaron cerca de 3.000 propuestas y solo 37 concluyeron en ley.Sobre esta dinámica, Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo y directora del observatorio, remarcó que el propósito central de estas mediciones trasciende la mera cuantificación del producto legislativo, permitiendo evaluar cómo las estructuras institucionales responden a las transformaciones políticas y sociales del país.Presupuesto, vetos y materias pendientesEl relevamiento pone de manifiesto diversas irregularidades en el funcionamiento institucional.
Mientras se debate la previsión de recursos para 2027, el documento resalta que 2024 y 2025 constituyeron el primer bienio consecutivo sin ley de presupuesto aprobada, debiendo prorrogarse el texto correspondiente a 2023.
En el transcurso de los últimos 42 años, el Poder Legislativo no logró sancionar la ley de leyes en cinco ejercicios: 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.Respecto del contrapeso entre poderes, se registran 417 vetos presidenciales (sumando modalidades totales y parciales).
La gestión de Carlos Menem encabeza la nómina con 195 intervenciones, mientras que el gobierno de Javier Milei contabilizaba 9 vetos totales a septiembre de 2025, habiendo logrado el Congreso revertir la decisión e insistir con la norma en 3 oportunidades.Asimismo, el informe repasa reclamos constitucionales no resueltos: Coparticipación federal: Habiendo transcurrido 31 años de la reforma de 1994, la norma definitiva de coparticipación jamás fue tratada, permaneciendo en vigencia el régimen provisorio de 1988.
Participación popular: Ningún proyecto derivado del mecanismo de iniciativa ciudadana ha conseguido convertirse en ley.
Actualización de bancas: La composición de la Cámara de Diputados continúa regulada por los parámetros del censo de 1980.
De haberse tomado los registros del censo de 2022, el cuerpo tendría que integrar 363 bancas (un incremento de 106 escaños), donde la provincia de Buenos Aires añadiría 42 representantes.La paridad de género como cambio estructuralEl cambio de mayor impacto estructural documentado en el período radica en la composición por género.
La representación femenina se expandió del 4% inicial al 42% en la Cámara de Diputados y alcanzó el 47% en el Senado.
Esta evolución estuvo impulsada por los marcadamente decisivos marcos normativos de la Ley de Cupo (1991) y la Ley de Paridad de Género (2017).
Fuente: Tiempo de San Juan
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