Contrapunto por el compre local en la minería: lo que exigen San Juan y otras provincias versus el RIGI nacional

Este jueves tomó estado parlamentario en la Legislatura de San Juan el tan mentado proyecto de ley impulsado por la gestión de Marcelo Orrego para el Desarrollo Local Minero. La iniciativa busca asegurar que la riqueza generada por los grandes proyectos mineros se derrame efectivamente en la provincia, estableciendo metas de contratación muy superiores a las que propone el Gobierno nacional.

En el escenario general, se da una marcada pulseada entre las provincias y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sancionado por el Congreso. Mientras que el RIGI apenas exige a las mineras un compromiso mínimo del 20% de compras a nivel nacional, San Juan y otras provincias productoras elevaron la vara, según un comparativo presentado por el diario Clarín. Sin ir más lejos, el proyecto oficialista sanjuanino que ya se estudia en la Legislatura de San Juan, fija metas del 80% para la contratación de trabajadores locales y del 60% para la adquisición de bienes y servicios a proveedores de la provincia.

Esta brecha de exigencias se da también en otras provincias como Santa Cruz, que a través de su ley 90/10, exigen que el 90% de la mano de obra sea residente provincial, mientras que Salta, Jujuy y Catamarca imponen pisos del 70% para el compre local. En el otro extremo se encuentra Mendoza, que al no tener una ley de este tipo, sostiene que estas cuotas crean fronteras artificiales inconstitucionales. La tendencia mayoritaria en las provincias mineras es la de cuidar sus economías regionales frente a un régimen nacional que se percibe como poco ambicioso en términos de desarrollo de proveedores locales, según el panorama que publicó Clarín.

Respecto a la letra del proyecto de ley de San Juan, la obligatoriedad para las empresas mineras es el eje central de la norma. La iniciativa firmada por Orrego establece una implementación obligatoria de planes específicos de desarrollo. Las empresas deben presentar, con carácter de declaración jurada, un Plan de Desarrollo de Empleo Local y un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales que deben ser actualizados cada dos años ante el Ministerio de Minería, que actúa como autoridad de aplicación. En estos documentos, las operadoras deben detallar objetivos concretos, medibles y verificables para alcanzar las metas mencionadas.

El control estatal se plantea mediante la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), donde solo podrán inscribirse aquellas empresas que demuestren un verdadero arraigo local, ya sea por el origen de su capital, la ubicación de sus instalaciones industriales o el porcentaje de trabajadores sanjuaninos en su nómina. La ley permite auditorías técnicas, documentales y contables para verificar que las mineras no solo declaren intenciones, sino que efectivamente contraten a las pymes locales en condiciones competitivas de mercado.

El proyecto de ley sanjuanino permite excepciones: si no hay oferta local disponible en condiciones razonables de calidad, precio, capacidad técnica o plazo, la empresa puede excluir esas contrataciones del cálculo, siempre que presente una justificación técnica debidamente fundada ante la autoridad de aplicación.

El régimen sancionatorio es extenso y busca desalentar simulaciones o incumplimientos. Las infracciones incluyen desde la omisión de información sobre el avance de los planes hasta la presentación de declaraciones falsas o el uso de prácticas discriminatorias contra los proveedores de la provincia. Las sanciones previstas van desde apercibimientos e intimaciones de cumplimiento hasta multas que pueden alcanzar las 60.000 unidades tributarias. En los casos más graves, las empresas proveedoras pueden ser suspendidas o dadas de baja del registro provincial, lo que implica perder automáticamente todos los beneficios e incentivos que la ley otorga. Esto, porque el proyecto supone que las empresas que cumplan simultáneamente con el 80% de empleo y el 60% de proveedores locales anuales tienen derecho a un certificado de crédito fiscal para pagar impuestos provinciales.

En este marco, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN)  exigieron una "armonización" de las normativas de compre local con el RIGI nacional, advirtiendo que la fragmentación y superposición de requisitos actuales atenta contra la competitividad y encarece innecesariamente los proyectos. Desde el sector industrial se reclama un esquema que no se limite a imponer obligaciones de contratación, sino que se dé un régimen similar al de las mineras que permita a los proveedores nacionales competir en igualdad de condiciones y favorezca el entramado productivo del país.

Este debate  se da también tras la reciente adjudicación de la ampliación del campamento Batidero en el proyecto sanjuanino Vicuña. Se trata de una obra de infraestructura de 50 millones de dólares que quedó en manos de un consorcio liderado por la empresa estatal PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma RAFA S.A.. La decisión de otorgar un contrato de esta magnitud a un grupo de capitales mayoritariamente extranjeros desató fuertes cuestionamientos y reclamos por parte de los proveedores y cámaras empresarias locales, quienes ven en este caso un ejemplo concreto del riesgo que corre el desarrollo provincial si no se establecen reglas claras de juego.

Para sumar al contrapunto aparece la reciente modificación en la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras, impulsada por el Gobierno nacional a través del decreto 482/2026, que genera un clima de incertidumbre en el sector al ampliar el radio de integración regional de 200 a 500 kilómetros. Esta medida, según la gestión de Milei, busca modernizar un sistema que con el tiempo se había vuelto burocrático, permitiendo ahora que los proyectos mineros distribuyan sus plantas y procesos productivos en un área mucho más extensa sin el riesgo de perder la estabilidad tributaria y los beneficios fiscales previstos por la ley.

Desde la perspectiva de las compañías mineras, el cambio es valorado como un avance positivo porque facilita la logística y el transporte entre el lugar de extracción y la planta de tratamiento. Al simplificar estos trámites y adaptarse a una lógica de desregulación, la reforma se presenta como una herramienta para hacer más competitiva la actividad en el país, permitiendo que emprendimientos complejos se desarrollen con mayor facilidad.

Sin embargo, esta flexibilización abre un fuerte debate sobre el impacto real en los proveedores locales. Al extenderse el límite a 500 kilómetros, empresas de provincias vecinas podrían comenzar a competir dentro de la misma categoría de cercanía que los proveedores que ya están instalados cerca de los yacimientos. Esta situación despierta interrogantes, ya que se teme que la prioridad de las empresas locales pueda verse comprometida frente a la entrada de nuevos competidores regionales.

La incertidumbre se profundiza ante la posibilidad de que este alcance geográfico se amplíe todavía más, sin límites establecidos, en caso de que no exista la infraestructura o el servicio necesario dentro del radio de 500 kilómetros. Aunque algunos especialistas aclaran que la definición de proveedor local sigue bajo marcos normativos específicos, el sector permanece atento a cómo esta mayor competencia afectará el desarrollo de las pymes vinculadas directamente a la actividad minera.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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