Correo Argentino: cierres, despidos y abandono

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El gobierno de Javier Milei avanza con la desarticulación del Correo Argentino, un proceso que golpea con mayor fuerza a las localidades del interior. Con unos 300 locales cerrados, entre oficinas y agencias, y más de 7000 trabajadores menos, numerosas comunas deben buscar alternativas para sostener servicios y absorber costos que antes asumía la empresa estatal. Los vecinos son los principales perjudicados: en algunos puntos del país deben recorrer más de 100 kilómetros para enviar una carta documento o realizar un trámite postal.

"Es la misma situación que pasó en los '90, en la previa de la privatización durante el gobierno de Menem, cuando fue concesionado por empresas de Macri. Es exactamente igual, pero ahora es más agresivo", señaló un dirigente regional de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), que pidió reserva de su identidad.

El gremialista explicó que gran parte de las salidas se concretó mediante retiros voluntarios inducidos. "Nosotros los llamamos despidos elegantes, porque los compañeros se asustan con la idea de que el Correo va a desaparecer", afirmó. Los salarios permanecen prácticamente congelados y un trabajador promedio cobra cerca de 900 mil pesos. Según describió, muchos aceptaron las indemnizaciones por la imposibilidad de llegar a fin de mes y luego solicitaron ser reincorporados.

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Vaciamiento

Las consecuencias ya se sienten en varias provincias. En Chaco, el exgobernador Jorge Capitanich denunció el cierre de sucursales en Makallé, General Vedia, Concepción del Bermejo y Hermoso Campo. También advirtió que el plan oficial prevé nuevas bajas. El Correo llegó a cubrir 50 de las 70 localidades chaqueñas, aunque su planta se redujo con los años de mil a 200 trabajadores.

Además de los retiros, la empresa aplicó despidos directos. En Olavarría fueron cesanteados el jefe de la oficina, un jefe zonal y un cartero bajo el argumento de una "reestructuración y reorganización interna".

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La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) informó que el recorte alcanza a todo el país. El sindicato registró cierres en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Pampa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Entre Ríos y Salta. Otras dependencias permanecen bajo evaluación o tienen cierres programados. AATRAC y FOECYT estiman que el Gobierno pretende clausurar 900 de las 1400 sucursales que llegó a tener la empresa.

Aislamiento

En Catamarca, el cierre de oficinas en Pomán, Mutquín y Saujil obliga a los usuarios a trasladarse entre 70 y 103 kilómetros. En mayo quedaban 89 empleados en la provincia, frente a los 165 registrados tres años atrás. En Villa del Dique, Córdoba, los vecinos deben viajar hasta Villa Rumipal para realizar gestiones que antes resolvían a pocas cuadras.

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La Patagonia es una de las regiones más afectadas por las distancias y la baja densidad poblacional. En Campo Grande, Río Negro, el intendente Daniel Hernández cuestionó que el municipio nunca recibió una comunicación oficial sobre el cierre de la sucursal de Villa Manzano. Se enteró por los trabajadores. Desde entonces, habitantes de Villa Manzano, Sargento Vidal, San Isidro y El Labrador deben viajar hasta Cinco Saltos.

Hernández aseguró que ofreció renovar el comodato y que el municipio cubría tanto el alquiler como los servicios del local. "Pero ni siquiera eso alcanzó y la cerraron", resumió.

Mientras avanza el ajuste sobre trabajadores y sucursales, FOECYT cuestiona que la estructura gerencial siga intacta. Su secretario general, Alberto Cejas, sostuvo que ya se fueron más de 7500 empleados por el congelamiento salarial y denunció que el cierre de oficinas viola convenios internacionales y la obligación constitucional de garantizar el servicio postal universal.

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El conflicto también atraviesa la discusión paritaria: el Gobierno ofreció una suba del 6,6%, mientras el gremio reclama 15%.

La política oficial comenzó con el Decreto 1005/2024, que desreguló el mercado postal, flexibilizó requisitos para operadores privados, habilitó la digitalización de servicios y eliminó exigencias regulatorias. Aunque el Ejecutivo retiró la privatización del Correo de la Ley Bases, el ministro Federico Sturzenegger mantiene como objetivo ampliar la participación privada mediante una privatización, una concesión o un esquema de participación de los trabajadores.

Fuente: El Diario de La Pampa

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