Corrientes: el Juzgado de Garantías ordenó cambios urgentes en la Unidad 10
Además, se ordenó la miplementación de un Plan Integral de Adecuación con participación de Salud Pública, Seguridad y el Servicio Penitenciario para definir externaciones y traslados a dispositivos comunitarios o sanitarios.
El Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo del Dr. Leandro Damián Llorente, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo promovido por el Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes y organismos de Derechos Humanos a favor de las personas alojadas en la Unidad Penal N.º 10.
La Resolución N.º 3410 declaró un "estado de cosas inconstitucional" al detectar que la mayoría de los alojados no poseen causas penales y permanecen bajo régimen penitenciario.
El magistrado ordenó mejoras edilicias inmediatas, el cese del aislamiento en celdas como respuesta a crisis de salud mental y la elaboración de un Plan Integral de Adecuación para coordinar sus externaciones.
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La resolución formalizó el relevamiento efectuado sobre la población internada en el penal.
Se registraron 39 personas alojadas, de las cuales 30 responden a causas civiles (sin expediente ni imputación penal), 4 están procesadas y 5 condenadas.
El fallo determinó que quienes carecen de causa penal no pueden permanecer bajo custodia penitenciaria y exigió reubicarlos en dispositivos adecuados a sus necesidades.
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La Justicia reconoció deficiencias graves en habitabilidad, atención de la salud, prolongación indebida de institucionalizaciones y uso del aislamiento.
El Juzgado fijó obligaciones inmediatas para garantizar condiciones mínimas de dignidad.
Ordenó la eliminación urgente de peligros eléctricos y la reparación completa de los sanitarios del pabellón femenino.
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Exigió la provisión regular y continua de elementos de higiene personal, vestimenta y ropa de cama.
Además, prohibió el uso de sujeciones mecánicas improvisadas y dispuso que las crisis se aborden con protocolos de desescalada verbal y acompañamiento profesional.
La sentencia compromete la articulación entre distintas áreas del Estado provincial.
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El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario deberán evaluar a las 16 personas que ya cuentan con criterio interdisciplinario para su egreso prioritario.
El Plan Integral de Adecuación prevé la afectación o creación de casas de convivencia, residencias protegidas, centros de día u hogares con apoyo con presupuesto asignado.
También, se conformará una Mesa de Trabajo, Diálogo y Seguimiento bajo control judicial para garantizar el cumplimiento de cada medida dispuesta.
Fuente: Diario El Litoral
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