Crece la tensión en la causa del doble abuso sexual

Allegados a la víctima se manifestaron en Tribunales. Pidieron que los jueces impongan las penas en contra de Emanuel Agüero y Gabriel Leiva.

Manifestación. Parientes y amigos de la víctima piden justicia.

Familiares y amigas de la víctima del doble abuso sexual ocurrido en julio de 2018 en barrio INTA, Valle Viejo, se manifestaron frente a la Cámara Penal Nº 2, en la ciudad Capital, tras anoticiarse de la suspensión de la audiencia prevista para este jueves, en la que se fijarían las penas para Emanuel Agüero y Gabriel Leiva, condenados por el ultraje. La medida tribunalicia otorgó una nueva prórroga y reprogramó la instancia para el próximo martes 15 de septiembre.

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La decisión del tribunal, integrado por los jueces Miguel Lozano Gilyam, Silvio Martoccia y Luis Guillamondegui, respondió a un recurso de reposición presentado por los abogados defensores Luciano Rojas y Pablo Rivera. La Cámara hizo lugar parcialmente al planteo y aclaró que la exposición oral de los alegatos ante las nuevas autoridades no será obligatoria ni reabrirá el debate probatorio, sino que tendrá carácter facultativo para las partes. Quienes opten por no exponer, mantendrán por reproducidas sus conclusiones previas.

Sin embargo, la postergación generó una profunda indignación en el entorno de la joven. Noelia y Virginia, voceras y amigas de la joven, expresaron su repudio ante las constantes maniobras dilatorias en un proceso judicial que ya lleva más de ocho años sin conseguir una sentencia firme.

"Nos encontramos acá repudiando a la Justicia que sigue dilatando los tiempos. Esta justicia la venimos pidiendo hace ocho años. Estamos cansadas de este sistema machista, de estos fiscales y de los jueces. Si no están capacitados para dar una condena efectiva a los abusadores, que se retiren", indicó Noelia a El Ancasti durante la protesta, remarcando la preocupación por la permanencia de los acusados en libertad. En ese sentido, reveló además que en las últimas horas la víctima fue destinataria de una denuncia radicada por uno de los imputados, lo que consideraron una maniobra de intimidación.

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Por su parte, Virginia hizo hincapié en el desgaste emocional y operativo que implican las demoras sistemáticas: "Cada demora representa una violencia. La espera representa una violencia. Tener que reorganizar la vida y dejar los puestos de trabajo para venir a presentarnos genera un impacto tremendo. No vamos a permitir ni una suspensión más".

A su vez, desestimó los argumentos de la defensa sobre una supuesta presión social hacia el tribunal: "No pueden ser absueltos porque cometieron un delito, cometieron un abuso y un rapto. Exigimos que la Justicia actúe de manera efectiva y no nos vamos a echar atrás hasta que la condena quede firme".

Fuente: El Ancasti

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