Cristina Kirchner internacionaliza su ofensiva legal: apelará ante la ONU y sumó al abogado de Lula a su defensa

Desde su arresto domiciliario en Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchnerlanzó una contraofensiva comunicacional y jurídica de alcance global. Mediante columnas de opinión publicadas en diarios de renombre como "El País" (España) y "Libération" (Francia), la exmandataria defendió su inocencia y confirmó que llevará su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

Para esta instancia en el exterior, Kirchner decidió fortalecer su equipo legal con figuras de peso en el derecho internacional. Se sumaron a su defensa el jurista brasileño Rafael Valim -quien integró el equipo de defensa de Luiz Inácio Lula da Silva- y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos profesionales acompañarán al abogado Alberto Beraldi en la presentación formal de una "Comunicación Individual" ante el organismo internacional.

En su escrito, la defensa sostuvo que el Estado argentino vulneró las garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según Kirchner, no se trata de una mera disconformidad con el fallo, sino de someter a un "escrutinio internacional" el comportamiento de los jueces que la juzgaron, al alegar que el proceso estuvo viciado por arbitrariedades y una hostilidad marcada por el "machismo estructural" del sistema judicial.

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En sus textos, la expresidenta utilizó términos contundentes para describir su situación judicial, al calificarla como una "proscripción" sofisticada. "No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso, pero el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales", argumentó. Según su visión, este mecanismo busca excluir a dirigentes populares de la disputa política, afectando no solo al acusado, sino al derecho de los ciudadanos a elegir libremente.

Kirchner también vinculó la persecución judicial que denuncia con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al señalar que la violencia política y el uso del sistema judicial como arma (o "lawfare") son dos caras de la misma moneda que amenazan la convivencia democrática. "Continuaré defendiendo mi inocencia... lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos", sentenció.

La presentación ante la ONU ocurre luego de que la justicia argentina agotara todas sus instancias. La condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad, dictada originalmente por el TOF N° 2, fue confirmada por Casación en 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025 tras el rechazo de la Corte Suprema. Además, pesa sobre ella un decomiso millonario de bienes ratificado recientemente por el máximo tribunal.

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El proceso en Ginebra, sin embargo, no garantiza una revisión inmediata de la sentencia. El Comité de Derechos Humanos, integrado por 18 expertos independientes, deberá superar primero una etapa de admisibilidad. De avanzar, el organismo solicitará información al Estado argentino y, eventualmente, emitirá un dictamen con recomendaciones. Aunque sus resoluciones no son de cumplimiento obligatorio (no son órdenes ejecutivas), poseen un alto peso político y simbólico en la comunidad internacional, objetivo central de la actual estrategia de la expresidenta.

Fuente: La Gaceta

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