Cristina Kirchner presentó su reclamo ante la ONU por Vialidad y busca que se trate en octubre

La ex presidenta Cristina Kirchner formalizó este martes su reclamo ante las Naciones Unidas para que se revise la condena que recibió en la causa Vialidad, por la que cumple seis años de prisión domiciliaria y tiene inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El planteo fue elevado al Comité de Derechos Humanos del organismo, con sede en Ginebra, y llevó adjunta la documentación que la defensa había anticipado en una conferencia de prensa a mediados de mes.

El equipo legal está integrado por Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Los tres sostienen que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales y pidieron, en particular, que se suspenda la inhabilitación que le impide presentarse a elecciones. La condena había quedado firme después de que la Corte Suprema rechazara por unanimidad el recurso extraordinario y dejara en pie la sentencia del Tribunal Oral Federal 2.

Ahora, los abogados apuntan a un objetivo concreto, que el caso se trate en la próxima sesión del Comité, prevista para octubre. Valim lo explicó así: "Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité. Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité". Y agregó: "Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo".

La prueba que la defensa considera clave

El eje de la estrategia es un informe técnico que Beraldi presentó el martes 15 de septiembre. Ese día aseguró: "Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%".

Según el estudio de la consultora Specs, el Grupo Austral, de Báez, recibió el 0,85% de los fondos asignados al fideicomiso que administraba la Dirección Nacional de Vialidad, creado por el decreto 54/2009. Para el abogado, el dato desarma uno de los argumentos de la sentencia: "Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez". También afirmó que las empresas del empresario "estaban en lugares muy relegados" y que las que ocupaban los primeros puestos "no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento".

La defensa no se limitará a Ginebra. Presentará las mismas pruebas ante la Cámara Federal de Casación Penal a través de un recurso de revisión, una vía que, según Beraldi, permitiría pedir la suspensión de la sentencia. "Con la mera interposición del recurso de revisión se puede pedir la suspensión de la sentencia", explicó, y precisó que el objetivo final es "que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política".

Qué es el Comité y qué alcance tienen sus decisiones

El Comité de Derechos Humanos está integrado por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los países que lo firmaron. Sus resoluciones no son vinculantes, aunque pueden tener peso político e institucional y suelen citarse como antecedente en discusiones jurídicas posteriores.

Desde el ámbito judicial ya hubo una lectura crítica. Un magistrado de Comodoro Py que intervino en la causa señaló que la cuestión no es novedosa, porque fue "tratada y rechazada varias veces".