Cristina Kirchner: sus abogados llevaron una nueva prueba a la ONU y buscan revertir la condena

Resumen para apurados

Los defensores de Cristina Fernández de Kirchner aseguraron este martes que encontraron información sobre el destino de los fondos de Vialidad que, según sostienen, contradice la sentencia. También cuestionaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta.

Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego fueron los encargados de exponer los argumentos y presentar una nueva prueba que, según sostienen, modifica el escenario del caso. "La sentencia a Cristina es injusta y la imputación fue absolutamente falsa", comenzó Beraldi su exposición.

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El abogado explicó que continuaron investigando después de la condena y que el 6 de agosto de este año, en el marco de la causa denominada Los Cuadernos, se presentó ante la fiscalía un técnico que se desempeña en la Dirección de Vialidad.

"Nunca dejamos de investigar y de buscar las medidas de prueba. El 6 de agosto de este año, en el marco de la causa que se llama Los Cuadernos, una causa también armada contra Cristina Kirchner. Compareció un testigo convocado por la fiscalía, un técnico que se desempeña en la Dirección de Vialidad. Era una base de datos en la que aparecía cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso por el que habían acusado a Cristina. ¿Qué encontramos? Que cuando se hablaba de la utilización de los fondos a Vialidad por el artículo 54 se hizo una inversión de 2000 millones de dólares. A Lázaro Báez se le había asignado el 1% [0,85%] entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015. La información demuestra que lo que se había dicho en la sentencia es falso", argumentó Beraldi.

Y agregó: "Frente a este hallazgo, llevamos la prueba a Naciones Unidas".

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Luego tomó la palabra el abogado brasileño Rafael Valim, quien también defendió a Lula. El letrado sostuvo que la nueva información representa un cambio relevante en el expediente.

"Esta prueba marca un giro decisivo en el caso. No hay ningún fundamento fáctico para condenarla", dijo.

Valim también precisó un ranking de empresas que fueron destinatarias de los fondos de Vialidad durante el período investigado. Según el gráfico, al que accedió el diario La Nación, el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió apenas el 0,85%.

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"Estos datos ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible. Son datos del órgano de Vialidad, que demuestran que ese grupo empresarial tuvo una participación mínima", señaló Valim.

Por último, tomó la palabra el abogado español Javier Borrego, quien sostuvo que Cristina Kirchner fue condenada "porque estorbaba". Además, cuestionó el párrafo referido a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

"Le dedicaron apenas 11 líneas. Querían quitar de la escena política a una expresidenta", dijo.

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Beraldi es el abogado que llevó la defensa de la expresidenta en la causa Vialidad, mientras que Valim y Borrego se sumaron recientemente al equipo jurídico para encarar la presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Nuestro propósito es que esta condena caiga, que Cristina quede en libertad y que reanude su actividad política. Iremos paso a paso", dijo Beraldi.

"Frente a estas nuevas pruebas, estamos en condiciones de que un tribunal de justicia pueda suspender los efectos de esta condena. Cristina sabe que esto puede demorar un tiempo".

Con la "comunicación individual" presentada el 29 de julio, la exmandataria apunta a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales de 2027, en medio de la interna que atraviesa el peronismo.

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En rigor, una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional reclama que se le levante la inhabilitación para poder competir el año próximo.

Cristina Kirchner fue condenada en el caso Vialidad a seis años de prisión, que cumple de forma domiciliaria en su departamento de San José 1111, y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó la última queja de la defensa.

Además del intento de revertir la inhabilitación, la presentación incluye otras dos medidas cautelares que pretenden relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y modificar la composición de la Corte con el argumento de que no puede tener solo tres jueces.

La resolución final del Comité adopta la forma de una "recomendación" al Estado. Para el equipo de abogados de la expresidenta, una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen "una cuarta instancia de revisión".

Fuente: La Gaceta

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