Cuatro presos jujeños irán a juicio por extorsión telefónica

El fiscal federal Franco Picardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, solicitó la elevación a juicio a cuatro detenidos del Establecimiento Penitenciario N°7 de nuestra provincia, acusados de conformar una organización criminal que, empleando el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, cometía estafas y extorsiones con familiares de otras personas privadas de la libertad.

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini. Los cuatro imputados permanecen detenidos y registran condenas por otros delitos: Un hombre de 38 años, por robo y violación de domicilio; otro de 40, por robos y hurtos; un tercero de 31, por tentativa de homicidio y robos; y el último de 32 años, por homicidio simple.

Picardi los acusó por los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros; usurpación de autoridad, reiterada en ocho oportunidades; estafa, reiterada en dos oportunidades; y extorsión mediante simulación de autoridad pública.

La investigación estableció que la organización funcionó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, desde el mencionado establecimiento ubicado dentro del Complejo Penitenciario, del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Los integrantes del grupo utilizaban teléfonos celulares y distintas líneas telefónicas para presentarse como Rosatti, invocar su condición de presidente de la Corte Suprema y requerir a dependencias policiales y penitenciarias información sobre personas detenidas. Con esos datos, contactaban a sus familiares y les exigían transferencias bajo el argumento de que debían pagar una fianza para obtener la libertad de sus allegados.

La operatoria se apoyaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros. Para dar credibilidad, los perfiles de Whatsapp exhibían fotografías del propio Rosatti o de edificios judiciales y se identificaban con denominaciones como "Corte Suprema de Justicia". También utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales, entre ellos "poderjudicial.mp" y "poderjudicial.org.25".

El llamado que dio origen

El caso comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una comunicación de un hombre que se presentó como "el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

El interlocutor explicó que realizaba un relevamiento junto a personal de una supuesta "Comisión de Derechos Humanos" y solicitó un listado actualizado de las personas detenidas. Requirió sus nombres completos, números de causa, tiempo de detención y teléfonos de sus familiares.

El comisario que recibió el llamado sospechó de la comunicación y pidió un número telefónico para devolver el llamado. El interlocutor le proporcionó una línea con característica de 221 de la ciudad de La Plata. Cuando se comunicó, fue atendido por una persona que también simuló pertenecer a la Corte Suprema.

Sin embargo, al preguntar por Rosatti, la comunicación se interrumpió. Luego, la jefa de seguridad de la Corte confirmó que el magistrado no había efectuado ningún requerimiento. A partir de esa denuncia se logró establecer que el abonado tenía actividad en el Servicio Penitenciario N°7.

Escuchas que revelaron todo

Uno de los elementos centrales de la acusación son las comunicaciones telefónicas interceptadas durante la investigación. En particular, una conversación del 2 de diciembre de 2024 permitió reconstruir con precisión la metodología que utilizaban. En esa comunicación, uno de los imputados le contó a una interlocutora: "Ayer estuvimos tirando numerito, casi le pegamos a tres víctimas". Les indicaban que se comunicaban desde un Juzgado y que, por pedido de un área de Derechos Humanos o Violencia Institucional, estaban haciendo un relevamiento de las personas detenidas.

El interlocutor detalló que debían preguntar cuántos detenidos había, si eran procesados o condenados y luego por "el nombre completo, la causa por la cual se lo está imputando y algún número de algún familiar que responda por él". Explicó que, una vez obtenidos esos datos, debían comunicarse con los familiares, presentarse como autoridades judiciales y ofrecerles la libertad bajo fianza.

El dinero debía depositarse en una supuesta cuenta del Poder Judicial. "La fianza un millón de pesos. ¿Y cómo se puede pagar? Bueno, a través de la cuenta del Poder Judicial. Le damos el CBU, una cuenta fantasma", describió el imputado en la escucha.

Los integrantes del grupo utilizaban celulares y distintas líneas telefónicas para presentarse como Rosatti, invocar su condición de presidente de la Corte Suprema y requerir a dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad información sobre personas detenidas.

Con esos datos, contactaban a sus familiares y les exigían transferencias de dinero bajo el argumento de que debían pagar una fianza. Para el fiscal, ese pasaje de la comunicación "describe con precisión las dos fases que luego se verificaron en los distintos episodios investigados". Primero, conseguir información sobre personas detenidas y sus familiares mediante la suplantación de una autoridad judicial; después, utilizar esos datos para contactar a los allegados y exigirles dinero a cambio de una supuesta libertad o beneficio judicial. Las escuchas también permitieron reconstruir cómo se distribuían los fondos.

En una comunicación, uno de los interlocutores le preguntó a una mujer si había recibido una transferencia y le ordenó: "Bueno, mové la plata esa de ahí". En otra conversación de la misma jornada. En las comunicaciones se impartían instrucciones para mantenerlos ocultos y evitar que fueran encontrados durante los controles penitenciarios.

Abarcaron varias provincias

Con el avance de la pesquisa se identificaron otros siete episodios en los que los integrantes del grupo habrían utilizado la identidad y la investidura de Rosatti para obtener información oficial sobre personas detenidas. El 20 y el 22 de diciembre de 2024 llamaron, respectivamente, a la División Unidad Operativa Federal (Duof) de Santa Fe y Esquel de la PFA. En ambos casos se presentaron como Rosatti y solicitaron información sobre las personas detenidas y las condiciones de alojamiento. El 27 de enero de 2025 se comunicaron con la Guardia de Prevención de una dependencia de Gendarmería Nacional.

En esa oportunidad, el interlocutor dijo ser Rosatti y manifestó integrar una supuesta "Comisión de Control de Derechos Humanos para Centros de Detención No Penitenciarios". Invocó una reestructuración del sistema carcelario federal que contemplaría traslados, libertades condicionales y excarcelaciones. Con ese argumento, solicitó los nombres de las personas alojadas, sus causas, el tiempo de detención y los teléfonos de sus familiares. Incluso obtuvo el número particular de un comandante de la fuerza y le pidió que se comunicara con los allegados de los detenidos mientras mantenían una llamada en altavoz.

La maniobra fue advertida por el personal de Gendarmería, que alertó a los familiares. Algunos de ellos ya habían recibido llamados del supuesto magistrado, quien les exigía entre 600.000 y 800.000 pesos para gestionar la liberación de sus parientes, aunque ninguno accedió a pagar.

El 25 de mayo de 2025 llamaron a la DUOF Neuquén de la PFA para solicitar información sobre el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. El 23 de junio hicieron lo mismo con la Unidad N°50 del Servicio Penitenciario Bonaerense, con asiento en Batán, y al día siguiente se comunicaron con la Comisaría N°42 de la Policía de Río Negro.

El último de los ocho sucesos imputados ocurrió el 21 de octubre de 2025, cuando llamaron al Área de Seguridad Externa de la Unidad N°14 del Servicio Penitenciario Federal, en Esquel, y requirieron información sobre la cantidad de internos, procesados, condenados, próximos egresos y eventuales nuevos ingresos.

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