De dar impulso a articular por el nuevo Código Procesal Penal Juvenil: el desafío que asumió la Asesoría Letrada

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil obligó a San Juan a resolver, primero de manera urgente y ahora con una mirada de fondo, un problema que excede la discusión sobre la edad de imputabilidad y es cómo se van a investigar, juzgar y ejecutar las medidas aplicadas a los adolescentes acusados de cometer delitos dentro de la provincia.

En ese proceso, la Asesoría Letrada de Gobierno tomó un papel central pues fue el encargado de elaborar un primer proyecto de Código Procesal Penal Juvenil y de ponerlo en discusión con los distintos sectores que deberán intervenir en el nuevo sistema. Así lo advirtió el asesor letrado Alejandro Ferrari, quien pasó por Off the récord y explicó los detalles más interesantes de la legislación en plena gestación.

La tarea comenzó a partir de la necesidad de adaptar la legislación provincial a la Ley Nacional 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil y entró en vigencia el pasado 5 de septiembre. Como San Juan todavía tenía un procedimiento juvenil basado en un esquema inquisitivo mixto, la aplicación de la nueva normativa nacional planteó la necesidad de construir un sistema procesal propio y compatible con el nuevo paradigma.

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Según explicó Ferrari, el proyecto base fue elaborado por la propia Asesoría Letrada de Gobierno y luego comenzó una etapa de consulta y revisión con los distintos actores vinculados al funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil. La intención es que el texto no sea solamente una adaptación jurídica de la legislación nacional, sino que contemple qué estructura necesitará San Juan para ponerla efectivamente en funcionamiento.

"El gobernador no quería que esto le sorprendiera, entonces nos convocó y nos dijo: bueno, pónganse a trabajar en algo, para que justamente, con el aporte de todos, ese proyecto madre, ese proyecto base, se vaya nutriendo", contó.

En ese trabajo, indicó que se convocó la Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, las Defensorías, la Defensa, representantes de la Legislatura y abogados especializados, entre otros actores. La articulación resulta necesaria porque el cambio no involucra solamente al Poder Ejecutivo: modifica los roles de jueces, fiscales y defensores y obliga a crear o adaptar estructuras, cargos, equipos técnicos e infraestructura.

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"Estamos recepcionando las observaciones que cada una de las partes hacen (...) para que lo podamos volver a juntar, volver a consensuar, terminar el proyecto en definitiva y someterlo a la evaluación de la Cámara de Diputados", explicó.

La propia Corte ya había advertido que el futuro código implicará un cambio de fondo respecto del sistema actualmente vigente. El nuevo esquema deberá avanzar hacia un modelo acusatorio especializado para adolescentes, con operadores capacitados específicamente en materia penal juvenil.

La urgencia que generó la entrada en vigencia de la ley nacional obligó a la provincia a establecer un mecanismo transitorio. Inicialmente se había analizado la posibilidad de que la Corte dictara una acordada para ordenar la aplicación del nuevo régimen. Sin embargo, finalmente se determinó que algunas modificaciones requerían intervención legislativa, por lo que se impulsó una norma provisoria para evitar un vacío legal mientras se prepara el código definitivo.

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Ese esquema transitorio permite aplicar determinados institutos de la nueva legislación nacional dentro del procedimiento que todavía rige en San Juan. Entre ellos aparecen herramientas como la conciliación, la reparación del daño, la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado.

Acorde lo que manifestó el abogado de confianza de Marcelo Orrego, la Asesoría Letrada aparece como uno de los puntos de articulación para construir el proyecto que finalmente deberá llegar a Diputados. La oficina jurídica del Ejecutivo tiene así una doble tarea: redactar la propuesta normativa y coordinar las observaciones de quienes deberán aplicarla.

Esto incluye discutir cuestiones que van mucho más allá de la letra de la ley. Por ejemplo, cuántos jueces serán necesarios, qué cantidad de fiscales y defensores especializados deberá incorporarse, cómo funcionará la revisión de las decisiones, qué equipos técnicos intervendrán y quién tendrá a su cargo el seguimiento de los adolescentes que reciban medidas alternativas a la prisión.

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"Un código de procedimiento de esta magnitud, con todo lo que el cambio de estructura implica, no se puede poner de un día para otro y decir: bueno, mañana rige el código", afirmó.

El objetivo es que ese texto llegue a la Cámara de Diputados después de haber atravesado la revisión de los distintos actores involucrados. Allí comenzará la etapa legislativa que deberá terminar con la sanción del Código Procesal Penal Juvenil definitivo.

Mientras tanto, la provincia transita con la norma provisoria que funciona como puente. El Gobierno ya había estimado que la adaptación definitiva demandará 6 meses, justamente porque no se trata solamente de sancionar una ley: también será necesario preparar jueces, fiscales, defensores, equipos técnicos, supervisores, policías especializados e infraestructura diferenciada.

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Así, detrás de la discusión pública sobre la nueva edad de imputabilidad, San Juan enfrenta ahora un desafío institucional mucho más amplio: crear desde la provincia el sistema procesal que permitirá que ese nuevo régimen penal juvenil pueda funcionar efectivamente.

Dentro del futuro sistema aparece además una figura que todavía debe terminar de definirse: el supervisor. Su función será realizar un seguimiento de las medidas que el juez imponga al adolescente y determinar si efectivamente están produciendo resultados.

Por ejemplo, si un joven tiene un problema de adicciones, el supervisor deberá evaluar si el tratamiento funciona y si cumple las pautas fijadas judicialmente. Lo mismo ocurrirá con medidas vinculadas a educación o conflictos familiares.

"El supervisor es quien evalúa eso y le va comunicando al juez si lo que el juez dispuso está siendo bien receptado por el menor y, sobre todo, si está siendo efectivo y si no es necesario cambiarlo", explicó Ferrari.

Aunque todavía no existe una definición formal, la alternativa que actualmente se analiza es que esa figura dependa del Poder Ejecutivo, puntualmente del área de Niñez, Adolescencia y Familia.

Ferrari destacó que la elección responde a que esa dependencia ya cuenta con profesionales especializados. De hecho, reveló que la Dirección de Niñez ya creó un área penal juvenil y designó a dos profesionales para comenzar a trabajar sobre esta problemática. "No los tenemos que salir a buscar, están", remarcó Ferrari al referirse a los profesionales que podrían cumplir inicialmente esas funciones.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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