De la canilla libre de información al riego por goteo: los cambios en la comunicación del Ministerio Público Fiscal

Uno de los hechos más controversiales de la semana tuvo a la Fiscalía General como protagonista, luego de que el órgano judicial conducido por Guillermo Baigorri emitiera un comunicado en el que ordena que los fiscales eviten el contacto con periodistas o, de lo contrario, podrían ser sancionados. Como consecuencia, la decisión generó polémica por la gravedad institucional que reviste tal determinación y marcó un punto inflexión entre la actual y la anterior gestión.

Es que de la lista de difusión de WhatsApp que alguna vez creó el entonces Fiscal General, Eduardo Quattropani, poco y nada queda. Allí, donde se compartían todo tipo de hechos judiciales, aunque no siempre los más polémicos, la cabeza al mando ponía en conocimiento de la prensa sobre los casos y, en efecto, los medios disponían de material para informar.

De manera informal, y en ocasiones con crudeza, a riesgo de una indebida forma de comunicar, se exponían todos los datos de un suceso y hasta su resolución tras la intervención judicial. Incluso, con cierta picardía, el jefe de los fiscales daba a conocer todo excepto el nombre del juez que había dictaminado la sentencia.

A ellos se sumaba la determinación de que los fiscales debían estar disponibles 24/7, no sólo para los hechos delictivos, sino también para las consultas de la prensa, lo que derivó en un vínculo aceitado entre el Ministerio Público y los medios. En ese escenario, la figura del fiscal, que ya había cobrado relevancia por quedar al frente de las investigaciones penales con la implementación del Sistema Acusatorio, ganó peso en la opinión pública.

No obstante, ese nexo entre los funcionarios del Estado que combaten el delito y que representan el interés público se vio afectado con la directiva de la nueva autoridad. Quien conduce los destinos del Ministerio Público decidió que los investigadores se abstengan a difundir información a la prensa, bajo pena de castigo.

Pese a su autonomía y a haber sido elegidos por la Cámara de Diputados, que representa a los sanjuaninos y sus intereses, un incumplimiento a lo dispuesto daría lugar a una sanción ya sea administrativa, disciplinaria o judicial, dependiendo el caso. Es decir que, en el peor de los escenarios, si un fiscal no respetara lo reglamentado podría ser llevado a la propia Justicia por ello.

Para ello, elaboró un protocolo para comunicar -o más bien- para no hacerlo. Si bien, rápidamente, Baigorri explicó que no se prohíbe el contacto con los periodistas, sino que "se desaconseja" tenerlo, en la práctica, la mayoría de los fiscales obedeció a rajatabla por temor a alguna represalia. "Consulte con la Oficina de Comunicaciones", comenzaron a responder aquellos que solían ser fuentes fidedignas, concretándose así el acto de censura.

Afortunadamente, y por la salud de la libertad de expresión -consagrada en la Constitución Nacional-, que en este punto estaría siendo coartada para los fiscales, el sistema procesal goza del principio de publicidad -entre otros- y las audiencias siguen siendo públicas.

Con polos opuestos bien marcados, el antes y el después es claro. El cambio de paradigma en la comunicación del Ministerio Público ya es un hecho y, pese a las repercusiones desfavorables, que incluyeron a FOPEA, todo marcha sobre ruedas.

Fuente: Tiempo de San Juan

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