De la información a la propaganda: los efectos de las medidas de la Fiscalía General

El Ministerio Público Fiscal atraviesa un cambio de paradigma en materia de comunicación, luego de que la máxima autoridad emitiera una resolución en la que restringe el contacto de los fiscales con la prensa, bajo pena de una sanción. Es por ello que, lo que durante años funcionó como un sistema aceitado de contacto directo entre fiscales y periodistas, hoy quedó supeditado a un protocolo interno que desalienta la difusión de información sobre investigaciones penales por fuera de los canales oficiales y que prevé eventuales castigos para quienes incumplan las directivas impartidas por la conducción del organismo.

La decisión adoptada por el Fiscal General Guillermo Baigorri generó un fuerte debate, dentro y fuera del Poder Judicial. Mientras desde la Fiscalía General se sostiene que la medida busca ordenar la comunicación institucional y evitar filtraciones indebidas, sectores del propio MPF, periodistas y entidades vinculadas a la libertad de expresión advierten que la disposición podría derivar en un esquema de centralización informativa con características propias de una comunicación propagandística.

Durante la conducción de Eduardo Quattropani, la Fiscalía General había instrumentado una lista de difusión de WhatsApp a través de la cual se compartían novedades sobre procedimientos, investigaciones, audiencias y resoluciones judiciales. Con matices, excesos y cierta informalidad, el sistema permitía que fiscales y medios mantuvieran una relación fluida, en línea con el principio de publicidad que inspira al Sistema Acusatorio.

El protocolo elaborado por la gestión de Baigorri dispone que los fiscales se abstengan de brindar información sobre causas en trámite, desaconseja mantener intercambios permanentes con periodistas y establece que cualquier difusión debe canalizarse a través de la Oficina de Comunicaciones, una dependencia recientemente creada y que, por ahora, tiene como principal herramienta de difusión una cuenta institucional de Instagram.

Allí suelen publicarse actividades protocolares encabezadas por el Fiscal General, videos institucionales y determinados casos judiciales seleccionados para su divulgación, generalmente acompañados por menciones a las unidades fiscales intervinientes y a los resultados obtenidos por el Ministerio Público.

Especialistas en comunicación política e institucional sostienen que una de las características distintivas de la propaganda estatal no es necesariamente la falsedad de la información difundida, sino la posibilidad de seleccionar estratégicamente qué hechos comunicar, cuándo hacerlo y bajo qué narrativa presentarlos.

La propaganda institucional suele identificarse por algunos elementos recurrentes: la existencia de un emisor único, la selección favorable de la información, la personalización de los mensajes en torno a determinadas figuras de autoridad, la construcción de una agenda propia y la utilización de canales oficiales para destacar logros y acciones de gestión.

Bajo esa mirada, el esquema implementado por el Ministerio Público presenta algunos interrogantes.

Si los fiscales, que son titulares de la acción penal pública y funcionarios elegidos por la Cámara de Diputados, tienen "desaconsejado" dialogar con los medios bajo amenaza de sanciones administrativas, disciplinarias o incluso judiciales, mientras la información se concentra en una oficina dependiente de la Fiscalía General que decide qué casos se comunican y cuáles permanecen fuera del radar público, la ciudadanía podría terminar accediendo únicamente a una versión previamente autorizada de la actividad judicial.

El interrogante que surge es inevitable: ¿la Oficina de Comunicaciones actuará como una herramienta de transparencia institucional o se convertirá en un filtro informativo capaz de destacar determinadas actuaciones y omitir otras?

Por el momento, la experiencia es incipiente. Sin una página web oficial ni un sistema de acceso ordenado a información pública, el único canal institucional disponible es una cuenta de Instagram donde Guillermo Baigorri aparece frecuentemente como principal interlocutor del organismo.

El Sistema Acusatorio se encuentra regido por el principio de publicidad. Los fiscales no representan intereses particulares, sino que ejercen la persecución penal en nombre de la sociedad. De allí que diversos sectores entiendan que limitar el contacto con la prensa no sólo impacta sobre la autonomía funcional de los investigadores, sino también sobre el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se administran las investigaciones penales.

La paradoja es evidente: mientras se restringe la circulación espontánea de información desde quienes llevan adelante las causas, se fortalece un modelo en el que la conducción del Ministerio Público conserva la potestad exclusiva de determinar qué hechos se comunican, en qué momento y con qué enfoque institucional.

La respuesta sobre si se trata simplemente de una estrategia de ordenamiento comunicacional o del inicio de un sistema con rasgos de propaganda institucional probablemente no se encuentre en la letra del protocolo, sino en la práctica cotidiana. Será el tiempo el que permita verificar si la Oficina de Comunicaciones funciona como una herramienta de transparencia y acceso a la información pública o si termina consolidando una lógica de comunicación vertical, selectiva y controlada desde la cúspide del organismo.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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