De la pelea política a los tribunales: denunciaron a Pelli y Catalán por sus domicilios

El concejal Mauricio Argiró denunció a Federico Pelli y Lisandro Catalán por presuntas irregularidades en los domicilios declarados. La presentación también apunta contra posibles responsables del RENAPER y busca determinar si existieron maniobras para cumplir requisitos electorales rumbo a 2027.

La carrera hacia las elecciones de 2027 en Tucumán sumó este martes un nuevo frente de disputa. El concejal de Yerba Buena Mauricio Argiró, de Cambia Tucumán, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal con competencia electoral contra el diputado nacional Federico Pelli, el director de YPF y titular de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, y agentes o autoridades del RENAPER.

El planteo judicial pone bajo sospecha los domicilios declarados por ambos dirigentes y reclama investigar si existieron irregularidades en los trámites. Según la denuncia, las modificaciones registrales pudieron tener como objetivo acreditar requisitos de residencia para futuras candidaturas.

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La presentación judicial trasladó a los tribunales una pelea que ya había expuesto la profunda tensión dentro de la oposición tucumana. Semanas atrás, el diputado Mariano Campero había cuestionado públicamente la situación de Pelli y Catalán. Ahora, el concejal cercano al intendente Pablo Macchiarola avanzó con una denuncia formal.

Uno de los principales puntos de la presentación se concentra en Federico Pelli y su intención de competir por la Intendencia de Yerba Buena.

El diputado libertario confirmó a fines de julio que pretende ser candidato en los comicios provinciales del 9 de mayo de 2027. En ese momento aseguró que tenía domicilio en el municipio y que residía allí desde hacía años.

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Sin embargo, su postulación abrió una discusión sobre el cumplimiento de los requisitos legales.

La Ley Orgánica de Municipalidades establece que para ser intendente se requiere ser elector del municipio, contar con dos años de residencia inmediata en esa jurisdicción y tener 25 años de edad.

Argiró sostiene que Pelli no reúne esas condiciones y pidió que la Justicia determine cuál fue su residencia efectiva.

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Según consta en la denuncia, el diputado realizó dos cambios de domicilio entre el 3 y el 6 de julio. Primero habría fijado una dirección en el barrio 60 Viviendas y luego trasladó su domicilio a avenida Aconquija 1526.

El último domicilio quedó en el centro del cuestionamiento. Argiró sostiene que en esa dirección funciona una galería comercial con oficinas y que Pelli reconoció públicamente que no reside allí.

La denuncia contrapone ese dato con el domicilio de Alto Verde II, un barrio privado ubicado en la jurisdicción de Cebil Redondo. La situación ya había generado polémica porque ese sector pertenece a la comuna y no al municipio de Yerba Buena.

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La Justicia deberá determinar ahora si los cambios de domicilio reflejaron una residencia real o si existió otra finalidad detrás de los trámites.

La denuncia también apunta contra Lisandro Catalán, uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en Tucumán y una figura que aparece en la discusión electoral para 2027.

Argiró cuestionó el domicilio declarado en un inmueble de calle Italia al 700, en San Miguel de Tucumán. Según el planteo, la propiedad pertenece a un tercero y tendría vinculación con la estructura partidaria de La Libertad Avanza.

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La presentación sostiene, en cambio, que la residencia efectiva de Catalán estaría en Bella Vista, provincia de Buenos Aires.

La discusión adquiere relevancia por las eventuales aspiraciones electorales del dirigente libertario. La Constitución de Tucumán exige dos años de residencia inmediata en la provincia para competir por la Gobernación.

Por esa razón, Argiró solicitó medidas para reconstruir dónde residió Catalán durante los últimos años. Entre los elementos que pidió analizar aparecen registros laborales, viajes, documentación y otros datos que permitan establecer su lugar de residencia.

La denuncia no se limita a los dos dirigentes libertarios. También reclama investigar la actuación de funcionarios, agentes y autoridades del Registro Nacional de las Personas que intervinieron en los trámites.

Según la presentación, ambos cambios de domicilio habrían pasado por la delegación del organismo ubicada en calle San Juan al 1000, en San Miguel de Tucumán.

Argiró pidió identificar a cada persona que participó en los procedimientos y determinar fechas, horarios, operadores, terminales y autoridades que intervinieron.

Además, solicitó la preservación de registros digitales, auditorías y cámaras de seguridad.

El objetivo es establecer si existió un trámite regular basado en información falsa aportada por los interesados o si hubo algún tipo de facilitación, trato preferencial o intervención irregular de funcionarios públicos.

La presentación incluye una amplia lista de medidas de prueba.

Entre ellas, Argiró pidió informes sobre los inmuebles vinculados con Pelli y Catalán, relevamientos catastrales y constataciones en los domicilios cuestionados.

También solicitó información para reconstruir los movimientos de Catalán, con pedidos dirigidos a aerolíneas y organismos vinculados con el transporte aéreo.

Otra parte del planteo apunta a los registros de comunicaciones y otros elementos que podrían permitir determinar dónde se encontraban los denunciados durante el período bajo investigación.

En el caso de Pelli, además, la denuncia busca reunir información que permita establecer su residencia efectiva y contrastarla con los domicilios incorporados en sus documentos y registros electorales.

Argiró encuadró los hechos denunciados en distintas figuras, aunque será la Justicia la que deberá determinar si existió algún delito.

Entre los puntos mencionados aparece el artículo 137 del Código Electoral Nacional, que contempla sanciones para quien denuncie un domicilio falso en el marco de la inscripción electoral.

También se invocaron posibles delitos vinculados con la falsedad ideológica de instrumento público y otras irregularidades relacionadas con la incorporación de datos en documentos oficiales.

La presentación no implica una condena ni una definición sobre la responsabilidad de Pelli, Catalán o los agentes del RENAPER. La existencia de un delito deberá ser determinada durante la investigación judicial.

La causa, sin embargo, agrega un nuevo elemento a una disputa que ya venía creciendo en el arco opositor.

La pelea por Yerba Buena enfrenta a sectores que hasta hace poco compartían espacios políticos y ahora disputan el control del territorio. Pelli busca consolidar una candidatura en uno de los municipios más importantes de la provincia, mientras el oficialismo municipal de Macchiarola y el sector de Campero cuestionan su situación electoral.

El caso de Catalán abre otro frente. La discusión sobre su residencia podría tener impacto sobre cualquier proyecto electoral que decida impulsar en Tucumán.

Por ahora, la controversia política llegó a la Justicia Federal. El próximo paso quedará en manos de la Fiscalía, que deberá definir el curso de la denuncia y las primeras medidas para establecer si los domicilios cuestionados se corresponden o no con la residencia efectiva de los dirigentes libertarios.

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Fuente: El Federalista

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