De Raúl Alfonsín a Ronald Reagan, de Javier Milei a Donald Trump

La reacción argentina ante el triunfo de Lula abre una reflexión sobre la política exterior y la tensión entre las afinidades ideológicas de los gobiernos y los intereses permanentes del país.

El alineamiento de Javier Milei con Donald Trump, uno de los ejes del debate sobre las prioridades de la política exterior argentina.

Hay algo profundamente revelador en la velocidad con la que buena parte de los líderes de derecha de América Latina se apresuraron a reconocer la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. José Antonio Kast, Keiko Fujimori, Daniel Noboa, Santiago Peña y Rodrigo Paz, entre otros, dejaron a un lado sus diferencias ideológicas para saludar el resultado de las urnas y reafirmar la necesidad de preservar las relaciones entre sus países. Incluso el colombiano Abelardo de la Espriella, que había respaldado a Flávio Bolsonaro, reconoció el triunfo de su adversario político. No se trató de una súbita conversión al progresismo ni de una reconciliación doctrinaria. Fue, sencillamente, el reconocimiento de una antigua regla de la política: los gobiernos pasan, las ideologías cambian y los intereses de las naciones permanecen.

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La Argentina, mientras tanto, eligió el silencio. A las horas transcurridas sin un reconocimiento oficial de Javier Milei se sumaron versiones periodísticas sobre las incomodidades que el resultado habría provocado en la Casa Rosada, aunque estas últimas no pueden confundirse con declaraciones verificadas del Gobierno. El contraste resulta particularmente significativo porque Brasil no es un actor secundario en nuestro horizonte geopolítico, sino nuestro principal destino de exportaciones y un socio insustituible de la estructura productiva nacional. Sin embargo, una vez más, la política exterior argentina parece debatirse entre las exigencias concretas de su supervivencia económica y la tentación de convertir sus preferencias ideológicas en una suerte de mandato universal.

El fenómeno no comenzó con esta elección ni puede reducirse a la relación personal entre Milei y Lula. Desde su llegada al poder, el presidente argentino ha cultivado un alineamiento con Donald Trump y con distintas expresiones de la derecha internacional que, por momentos, parece abandonar el terreno de la diplomacia para ingresar en el de una liturgia casi religiosa. Las declaraciones sobre la reconquista de Occidente, la identificación con batallas electorales ajenas y la representación del adversario político como encarnación de una amenaza civilizatoria componen un universo simbólico en el que la Argentina pareciera estar llamada a desempeñar una misión trascendente. El problema comienza cuando esa representación del mundo, que puede resultar eficaz como herramienta de movilización política interna, pretende convertirse en el principio ordenador de las relaciones exteriores de un Estado.

La política internacional admite alianzas fundadas en afinidades ideológicas, y sería ingenuo desconocer que compartir una visión del mundo puede facilitar acuerdos y producir beneficios concretos. Pero una cosa es utilizar esas coincidencias para ampliar las capacidades de negociación de un país y otra muy diferente es confundir la pertenencia a una cofradía doctrinaria con una estrategia nacional. Mucho menos cuando los propios líderes a quienes se tributa semejante fidelidad suelen conducirse con un pragmatismo que sus seguidores parecen considerar una herejía. Trump puede modificar posiciones, negociar con adversarios y revisar compromisos según su interpretación de los intereses estadounidenses. La Argentina no debería sentirse obligada a custodiar una ortodoxia que ni siquiera sus principales referentes consideran inmutable.

Existe, sin embargo, un antecedente histórico que permite comprender hasta qué punto esta inclinación atraviesa nuestra cultura política y sobrevive a los cambios de signo ideológico. El 19 de marzo de 1985, Raúl Alfonsín visitó la Casa Blanca y protagonizó un recordado contrapunto con Ronald Reagan sobre la situación de Centroamérica, particularmente Nicaragua y la intervención estadounidense contra el gobierno sandinista. La Argentina atravesaba entonces una crisis económica severa, con una deuda externa asfixiante y una inflación que pocos meses después obligaría al lanzamiento del Plan Austral. Aunque todavía faltaban cuatro años para el derrumbe económico que precipitaría su salida anticipada del poder, las condiciones de fragilidad del país eran ya suficientemente evidentes como para exigir una extraordinaria concentración de esfuerzos diplomáticos.

Fue Reagan quien introdujo la controversia centroamericana en la ceremonia de bienvenida, y Alfonsín respondió reivindicando el diálogo, la democracia y el principio de no intervención. Es importante reconocer que aquella posición tenía fundamentos jurídicos y políticos perfectamente atendibles, especialmente para una democracia que acababa de emerger de una dictadura militar y aspiraba a contribuir a la pacificación regional. Pero también es legítimo preguntarse si la intensidad simbólica de aquel enfrentamiento respondía a una adecuada jerarquización de los intereses argentinos. Nicaragua estaba lejos de constituir una cuestión geoestratégica vital para nuestro país, mientras la deuda, la estabilización económica y la reconstrucción de nuestra capacidad internacional exigían resultados mucho más próximos y tangibles.

Javier Milei y Donald Trump: una afinidad ideológica que atraviesa la relación entre la Argentina y Estados Unidos.

La escena tiene algo de parábola. Aquel presidente radical que discutía con Reagan en nombre de determinados principios y el actual mandatario libertario que se identifica con Trump desde una cosmovisión prácticamente opuesta representan dos maneras diferentes de aproximarse a un mismo dilema: el riesgo de convertir la política exterior en escenario de afirmación ideológica antes que en instrumento de preservación nacional. No son situaciones idénticas, ni sus motivaciones o consecuencias resultan necesariamente equivalentes. Pero ambas permiten interrogar una persistente inclinación argentina a confundir la estatura moral de una declaración con la verdadera eficacia de una decisión estratégica.

Quizás convenga recordar aquí algo que la tradición del realismo político comprendió mucho antes de que las relaciones internacionales se convirtieran en disciplina académica. Tucídides descubrió en la guerra del Peloponeso que las ciudades no podían escapar a las relaciones de poder mediante la sola invocación de principios; Maquiavelo advirtió que la conservación del Estado exigía una prudencia distinta de la moral individual; Hobbes colocó la seguridad y la preservación del orden político en el fundamento mismo de la autoridad, mientras Carl Schmitt examinó la autonomía de lo político y la peligrosidad de desconocer las distinciones existenciales que organizan el conflicto. Max Weber, desde otra tradición, terminaría formulando una diferencia decisiva entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad: gobernar no consiste solamente en responder ante la pureza de las propias intenciones, sino también ante las consecuencias previsibles de los actos.

Estos pensadores no conforman una escuela homogénea ni ofrecen respuestas idénticas, pero sus reflexiones convergen en una advertencia que la política argentina parece olvidar recurrentemente: el ejercicio del poder exige distinguir entre aquello que se desea para el mundo y aquello que se debe preservar para la comunidad política cuya suerte se tiene encomendada. Hans Morgenthau llevaría esta intuición al terreno específico de las relaciones internacionales al colocar el interés definido en términos de poder en el centro de su teoría realista y advertir contra la identificación de las aspiraciones morales particulares de una nación con una moral universal. La ideología puede proporcionar un lenguaje de legitimación, un horizonte de valores e incluso un instrumento de cohesión interna, pero cuando sustituye al cálculo estratégico transforma a la política exterior en una cruzada cuyo costo suele terminar pagando una sociedad que nunca fue consultada sobre semejante vocación evangelizadora.

No se trata, por supuesto, de reivindicar un pragmatismo desprovisto de límites éticos ni de sostener que las naciones deban renunciar a defender la democracia, las libertades o los derechos humanos. La prudencia política no exige indiferencia moral. Exige, precisamente, comprender que la responsabilidad de un gobernante no consiste en administrar la salvación del mundo, sino en proteger las condiciones que hacen posible la prosperidad, la seguridad y la libertad de su propia comunidad. Una política exterior seria puede sostener principios sin convertir cada divergencia en una guerra santa, cultivar alianzas sin practicar la genuflexión y mantener desacuerdos sin sacrificar innecesariamente las posibilidades de cooperación.

La historia argentina ofrece ejemplos suficientes de esta confusión a uno y otro lado de su espectro ideológico. Hemos pasado de los entusiasmos tercermundistas a las relaciones carnales, de las solidaridades revolucionarias a los alineamientos automáticos, de la retórica antiimperialista a la fascinación por las grandes potencias, con una facilidad que revela algo más profundo que la simple alternancia electoral. Pareciera existir en nuestra dirigencia una pulsión casi mesiánica, una necesidad de inscribir cada experiencia doméstica en alguna epopeya universal, como si gobernar un país de mediana gravitación internacional no fuera una responsabilidad suficientemente importante y resultara indispensable participar en la redención ideológica de la humanidad.

En esa oscilación interminable se advierte una de las paradojas más persistentes de nuestra vida pública. Cambian los profetas, se reemplazan los evangelios y se invierten las direcciones hacia las que se dirige la reverencia, pero sobrevive una misma matriz de imprudencia, alimentada por la insuficiente formación estratégica de quienes confunden el liderazgo político con la adhesión incondicional a una causa. El péndulo argentino modifica periódicamente sus extremos sin alterar demasiado el mecanismo que lo mantiene cautivo. Y acaso por eso llevamos décadas discutiendo a quién debemos parecernos, a quién debemos combatir y a quién debemos seguir, mientras permanecen relativamente desatendidas las preguntas fundamentales acerca de qué intereses queremos preservar, qué capacidades necesitamos desarrollar y qué lugar aspiramos razonablemente a ocupar en el mundo durante las próximas generaciones.

Porque una nación no es una secta, ni su presidente un pontífice llamado a distinguir a los elegidos de los condenados. La patria constituye una continuidad histórica que antecede a sus gobernantes y que, si estos cumplen adecuadamente su cometido, debería sobrevivirlos y trascenderlos. Sus intereses estratégicos no pueden quedar sujetos a los entusiasmos de una temporada, a las simpatías personales de un mandatario ni a los sucesivos dogmas que prometen revelar el sentido último de la historia.

Tal vez nuestra tragedia más persistente consista precisamente en eso: haber confundido tantas veces el deber de gobernar una nación con la tentación de predicarle al universo, olvidando que ningún pueblo está llamado a redimir al mundo mientras todavía no ha aprendido a preservar su propio destino.