Debate por la selección de jueces en Mendoza: piden más transparencia y menos discrecionalidad

La independencia judicial, el rol del Consejo de la Magistratura y los mecanismos de evaluación y designación de jueces fueron algunos de los ejes.

El panel reunió a legisladores y especialistas para debatir sobre las problemáticas y desafíos del proceso de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura de Mendoza.

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La independencia del Poder Judicial y el mecanismo para seleccionar a jueces y representantes del Ministerio Público fueron el centro de un debate que reunió a legisladores, magistrados y especialistas en la Universidad de Congreso. Durante el encuentro, distintos expositores plantearon modificaciones al funcionamiento del proceso de selección en el Consejo de la Magistratura de Mendoza y cuestionaron los niveles de discrecionalidad que existen en algunas etapas del proceso.

El sistema mendocino, al igual que a nivel nacional, establece que el Consejo de la Magistratura selecciona mediante concursos a los postulantes y propone ternas al Poder Ejecutivo, que debe elegir a uno de los candidatos y enviarlo al Senado para su acuerdo. El punto en debate en todos los órdenes es cómo se hacen los exámenes.

Dr. Gustavo Castiñeira de Dios, Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza; los diputados Ismael Jadur y Gustavo Perret; y Adriana Cano, senadora provincial.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Gustavo Castiñeira de Dios, Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza; los diputados Ismael Jadur (Petrismo) y Gustavo Perret (PJ); y Adriana Cano (PJ), senadora provincial. Por su parte, la diputada Cecilia Soler (LLA), quien también iba a participar del debate, estuvo presente en el lugar, pero debió retirarse por molestias derivadas de una intervención quirúrgica reciente.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la necesidad de aumentar la transparencia y reducir el margen de decisiones subjetivas durante el proceso.

El diputado provincial por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, Ismael Jadur vinculó el sistema de selección de magistrados con la seguridad jurídica y el equilibrio entre los poderes del Estado.

"Si nosotros tenemos un buen sistema de elección de magistrados, vamos a lograr seguridad jurídica", sostuvo.

Entre sus propuestas, planteó modificar el sistema de evaluación de los aspirantes. A diferencia de Perret, quien defendió el esquema de aprobado o desaprobado, Jadur propuso que los exámenes tengan una calificación numérica.

"Que los exámenes sean con nota y no aprobado o desaprobado, porque así habría un examen más exhaustivo de las capacidades de cada postulante", explicó.

También propuso que las evaluaciones sean anónimas y que se reduzca el peso de los criterios discrecionales frente a los parámetros objetivos.

"Deberíamos ponderar más los criterios objetivos y dejar el criterio discrecional, que es necesario, pero reducido a un porcentaje menor al 50, menor al 40% la discrecionalidad", afirmó. Hoy la discrecionalidad es del 60%.

Además, planteó mecanismos para evitar que los integrantes del Consejo de la Magistratura puedan sortear las restricciones a la reelección mediante el intercambio entre cargos titulares y suplentes. Hay que recordar que el Gobierno tuvo al mismo representante en el Consejo, Marcelo D'Agostino, durante una década.

Para Jadur, estas modificaciones contribuirían a fortalecer la independencia judicial y, a partir de ella, la seguridad jurídica.

El diputado provincial por el Partido Justicialista, Gustavo Perret, quien participa como consejero suplente del Consejo de la Magistratura, sostuvo que el sistema puede ser modificado y puso el foco en la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.

"Lo que tenemos que buscar es la credibilidad", afirmó. En ese sentido, señaló que existe una distancia entre la valoración de la democracia y la confianza en los poderes del Estado.

Perret explicó las distintas etapas del proceso de selección y reconoció que, una vez superada la instancia de examen, la entrevista ante el Consejo introduce un mayor margen de discrecionalidad. "Ahí sí es muy cierto que la discrecionalidad es demasiada", sostuvo.

Uno de los puntos que cuestionó con mayor énfasis fue el carácter secreto de las reuniones del Consejo de la Magistratura. Para el legislador, las posiciones de cada integrante deberían quedar asentadas y ser accesibles públicamente.

"Si no hay nada para esconder ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no se puede escribir un acta la opinión de un consejero y que se haga cargo el consejero de esa opinión?", planteó.

En esa línea, propuso que las actas permitan conocer los fundamentos utilizados para seleccionar a los candidatos y determinar si existieron criterios subjetivos.

"El secreto no creo que le haga bien a nadie, creo que debe ser absolutamente público", afirmó.

Perret también cuestionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo rechace una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura. La Constitución provincial establece que las ternas son vinculantes y que el Poder Ejecutivo debe designar a uno de los candidatos, con posterior acuerdo del Senado.

El diputado sostuvo que el gobernador debería estar obligado a elegir entre los tres nombres propuestos y preguntó: "¿Qué capacidad tiene el gobernador para saber si van a ser buenos o malos jueces?".

Además, planteó modificar el mecanismo de aprobación en el Senado y propuso que las designaciones requieran dos tercios de los votos, en lugar de una mayoría simple. Según explicó, el objetivo sería que el acuerdo para designar a un magistrado requiera un mayor nivel de consenso entre los legisladores.

Por último, propuso establecer mecanismos de rendición de cuentas para los jueces una vez que asumen sus cargos, con información sobre productividad, decisiones y procesos revisados.

La senadora provincial por el Partido Justicialista, Adriana Cano centró su exposición en la última etapa del proceso de designación y defendió la importancia del control parlamentario.

Según sostuvo, la independencia judicial no comienza cuando un magistrado asume su cargo, sino desde el momento en que se produce una vacante y comienza el proceso de selección.

"Hablar de independencia judicial es hablar de una de las condiciones esenciales del Estado de derecho", afirmó.

La legisladora consideró que es necesario reducir los niveles de subjetividad y fortalecer los criterios objetivos utilizados para seleccionar a los candidatos.

La senadora también señaló que actualmente el oficialismo cuenta con 25 de los 38 integrantes del Senado provincial y vinculó ese escenario con la discusión sobre las mayorías necesarias para prestar acuerdo a los candidatos.

En ese marco, planteó la posibilidad de discutir una mayoría especial para las designaciones y mencionó otros criterios que podrían ser considerados, como la trayectoria, la idoneidad y el arraigo de los postulantes.

El Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y docente universitario Gustavo Castiñeira de Dios amplió el debate más allá del mecanismo de selección y planteó que la discusión sobre la Justicia también debe contemplar los recursos disponibles y la cantidad de cargos vacantes. Según señaló, el Poder Judicial representa alrededor del 2,7% del presupuesto de Mendoza y el 1,4% del presupuesto nacional.

También se refirió a la carga de trabajo de la Cámara Federal de Mendoza, que tiene jurisdicción sobre Cuyo, y afirmó que allí se producen alrededor de 12.000 resoluciones al año.

"Uno trata realmente un equipo con estos jugadores y le cuesta un poco más obtener los resultados que la ciudadanía necesita", expresó.

Para el magistrado, la falta de recursos y de cobertura de cargos debe formar parte de la discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial.

También cuestionó las dificultades que enfrentan los profesionales del interior para participar de concursos de la Justicia Federal que se desarrollan en Buenos Aires.