Declaró el apuntado por el crimen de Uriel Ríos y pidieron la tobillera electrónica

El adolescente señalado en la investigación por la muerte de Uriel Ríos, ocurrida tras una pelea a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante en Médano de Oro, declaró este jueves ante la jueza María Julia Camus. Según explicó el abogado Martín Zuleta, representante de la familia del joven fallecido, el menor fue imputado provisoriamente por el delito de homicidio en riña y la Justicia avanza además con otras medidas vinculadas al ataque en el que también resultó herido el hermano de Uriel.

La indagatoria se realizó sin aviso previo a la familia de la víctima ni a sus abogados. De acuerdo con lo señalado por Zuleta durante una entrevista con Estamos a Tiempo -el programa magazine de Tiempo Streaming-, la decisión de mantenerla en reserva tuvo como objetivo evitar posibles disturbios o situaciones de tensión en el contexto de la movilización que familiares y amigos de Uriel realizaron este miércoles frente al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

El abogado explicó que la jueza Camus recibió este jueves la declaración indagatoria del único adolescente que, por el momento, se encuentra formalmente a disposición de la Justicia por el caso. Se trata del joven que se presentó voluntariamente ante la Justicia el último lunes y cuya situación procesal había quedado pendiente luego de que el miércoles no se concretara la indagatoria que había sido prevista.

Según Zuleta, al adolescente se le atribuyó provisoriamente el delito de homicidio en riña, aunque remarcó que esa calificación puede modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevos elementos de prueba.

En ese sentido, el representante de la familia de Uriel señaló que la causa no está limitada únicamente a la muerte del adolescente de 17 años. También se investiga el ataque que sufrió su hermano mellizo durante el mismo episodio, quien fue herido con otra arma blanca.

El abogado sostuvo que existen elementos que permiten establecer que durante el enfrentamiento se utilizaron dos armas blancas y que la Justicia deberá determinar qué participación tuvo cada uno de los jóvenes involucrados.

Otro de los puntos que surgió durante la entrevista fue la situación actual del adolescente imputado. Zuleta explicó que, por las características del régimen procesal juvenil que se aplica actualmente en San Juan, no se lo puede mencionar formalmente como detenido.

El joven permanece alojado en un centro de atención dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Según indicó el abogado, la jueza Camus solicitó una tobillera electrónica, de las destinadas a menores, y ordenó avanzar con un estudio socioambiental en el domicilio del adolescente.

A partir de ese procedimiento, se prevé que continúe bajo una modalidad de permanencia domiciliaria durante el período que establezca la Justicia, de acuerdo con las normas procesales que se están aplicando en la provincia.

Zuleta marcó una diferencia entre este esquema y las herramientas previstas por el nuevo régimen penal juvenil nacional. Según explicó, mientras la legislación nacional contempla para delitos graves la posibilidad de establecer medidas restrictivas de la libertad para adolescentes, San Juan continúa utilizando una normativa procesal provincial anterior que establece otras condiciones.

El hermano de Uriel también sufrió una herida durante el enfrentamiento. Según explicó Zuleta, el puntazo no llegó a provocarle una lesión fatal porque logró girarse durante el ataque, aunque sufrió heridas en el brazo y en la zona del pulmón.

El joven continúa fuera de peligro, pero su estado requiere controles médicos. El abogado indicó que los profesionales detectaron una pequeña alteración en uno de sus pulmones y que este jueves debía realizarse una nueva evaluación.

En caso de que esa acumulación de aire o sangre no desaparezca, los médicos podrían determinar la necesidad de una intervención quirúrgica.

Durante la entrevista, el abogado de la familia también cuestionó el marco procesal que se utiliza en San Juan para este tipo de investigaciones. Según su explicación, la provincia todavía no adecuó su legislación de procedimiento al nuevo régimen penal juvenil nacional.

Zuleta sostuvo que la normativa provincial vigente establece un proceso principalmente escrito y que, entre otras cuestiones, limita la participación de los representantes de la víctima. Por ese motivo, anticipó que la familia presentará un planteo de inconstitucionalidad para intentar ser admitida formalmente como parte en el expediente.

Según explicó, la diferencia entre las normas nacionales y provinciales genera una situación particular en el caso: la legislación penal de fondo que establece las consecuencias para adolescentes se aplica bajo el nuevo régimen, mientras que el procedimiento que debe seguir la Justicia en San Juan continúa regulado por una normativa anterior.

El abogado sostuvo que esta situación también repercute en las posibilidades de la familia de intervenir activamente durante la investigación. Por ahora, la representación de Uriel puede ser informada sobre las actuaciones, pero no cuenta con todas las facultades que tendría si fuera admitida formalmente como parte del proceso.

La investigación continuará durante los próximos días con nuevas medidas. Zuleta informó que la jueza autorizó a los abogados de la familia a participar de las declaraciones testimoniales previstas para el próximo 28 de septiembre, entre las 10 y las 18.

Durante esa jornada serán escuchados adolescentes y otros testigos que podrían aportar información para establecer cómo comenzó el enfrentamiento y quiénes participaron.

La intención de los investigadores es avanzar en la individualización de los jóvenes que estuvieron involucrados en el episodio ocurrido después de la fiesta del Día del Estudiante.

La declaración del abogado se produce además luego de que, durante los últimos días, surgieran elementos que apuntan a la posible participación de más de un adolescente en el episodio. Según la información publicada previamente sobre la causa, había dos jóvenes frente a Uriel al momento del ataque y la Justicia analiza las pruebas disponibles para determinar quién realizó la agresión fatal y cuál fue la participación de los demás involucrados.

De acuerdo con la reconstrucción aportada por Zuleta, Uriel, su hermano y sus amigos no tenían un conflicto previo con los jóvenes señalados en la causa. Según explicó, pertenecían a otro grupo de estudiantes y no se conocían con quienes protagonizaron el enfrentamiento.

La pelea habría comenzado cuando los adolescentes ya se retiraban del lugar. Una mujer que había ido a buscar a Uriel y a otros jóvenes trasladaba al grupo en una camioneta cuando, según el relato del abogado, le arrojaron una piedra al vehículo.

La conductora detuvo la marcha y los jóvenes descendieron. A partir de ese momento se inició una pelea que, según la descripción aportada, comenzó con golpes de puño y luego derivó en el uso de armas blancas.

El abogado indicó que todavía restan establecer numerosos detalles sobre lo sucedido y que los informes médicos y forenses serán importantes para determinar las características de las lesiones sufridas por Uriel y por su hermano.

En el caso de Uriel, sostuvo que el arma blanca habría quedado incrustada parcialmente en la zona del tórax. La investigación deberá determinar las características del arma utilizada y quién la portaba.

Además de la investigación penal por la muerte de Uriel, la familia anticipó que analizará eventuales responsabilidades civiles relacionadas con la organización del evento.

Zuleta señaló que la fiesta reunió a más de 200 adolescentes y que los asistentes se organizaban mediante listas por escuela, además de existir listas de invitados que no pertenecían a esos establecimientos.

Según su relato, los jóvenes señalados como agresores no formaban parte de las escuelas que organizaban el evento y habrían ingresado como invitados.

El abogado también puso el foco en las medidas de seguridad del lugar. Afirmó que no habría existido un control adecuado al ingreso y que solamente habría habido una persona encargada de la seguridad para una cantidad que, según su estimación, rondaba las 300 personas.

También señaló que la familia buscará determinar quiénes organizaron la fiesta, quién alquiló el predio y qué adultos intervinieron en la contratación del lugar, aunque aclaró que esos aspectos deberán ser investigados y que no forman parte, por ahora, de la investigación penal que lleva adelante la jueza Camus.

En cuanto a la eventual presencia de alcohol, Zuleta indicó que no tenía confirmación sobre su consumo dentro del predio, aunque recibió información sobre grupos de jóvenes que habrían concurrido con conservadoras o heladeras.

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