Default de confianza

Un incidente judicial sobre la Ley de Tierras hizo tambalear el megadecreto con el que Javier Milei inauguró su agitada gestión e introdujo al oficialismo libertario en onerosas negociaciones para evitar su derogación parlamentaria. Multitudes se volcaron una vez más a las calles reclamando al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo acatamiento fue ordenado por la Justicia. La pulseada por el DNU/70 en la Cámara de Diputados y las refriegas en las inmediaciones del Congreso que signaron la quinta marcha universitaria contra el Gobierno configuraron el jueves una síntesis de las razones que mantienen a la Argentina sumida en el desprestigio.

La juridicidad del país es tan precaria que la caída de un DNU de alcances desproporcionados provocaría un aquelarre, pero el Gobierno puede darse el lujo de desacatar sentencias ratificadas por la Corte Suprema de Justicia.

Embudado con un año de anticipación hacia el proceso electoral, el sistema institucional no ofrece elementos mínimos de previsibilidad. Como el "riesgo país" le impone sobretasas desmedidas, la Argentina tiene vedado el mercado de créditos internacional para tratar de reestructurar su deuda. Burbujas jurídicas de altísimo costo fiscal como el RIGI se aplican para tentar inversores y neutralizar la incertidumbre de la volatilidad política.

El celebrado "Déficit Cero" se revela al fin como lo que es: una consigna estéril si no va acompañada de un programa económico con respaldos consistentes.

El Gobierno intenta solventar esta carencia con sobreactuaciones que la retroalimentan.

El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo aseguró en París contar con un reaseguro de 75.000 millones de dólares para conjurar corridas cambiarias como las que el año pasado llevaron a la economía al borde del colapso. Milei estimó que la cifra no era suficiente, así que de regreso de Estados Unidos le metió una multiplicada y la llevó a 125.000 millones.

En una suerte de subasta promisoria, Caputo redobló a continuación la apuesta: la Argentina tiene, dijo, un "excedente de dólares", y las divisas comprometidas en proyectos del RIGI permitirán por fin levantar el cepo cambiario.

La pulseada por el DNU/70 en la Cámara de Diputados y las refriegas en las inmediaciones del Congreso que signaron la quinta marcha universitaria configuraron una síntesis de las razones que mantienen a la Argentina sumida en el desprestigio. La pulseada por el DNU/70 en la Cámara de Diputados y las refriegas en las inmediaciones del Congreso que signaron la quinta marcha universitaria configuraron una síntesis de las razones que mantienen a la Argentina sumida en el desprestigio.

Revelador. El excedente no permite aún levantar el cepo, que para abrirse requiere los desembolsos de un régimen que refleja la falta de confianza en el país.

El RIGI es, en rigor, una confesión de parte. El descrédito nacional ha llegado a profundidades tales que fue necesario instituir ventajas fiscales exorbitantes para atraer inversiones aun en actividades de rentabilidad fabulosa, como la minería y los hidrocarburos. Y como ni eso alcanzaba, se las blindó además con el compromiso de dirimir cualquier litigio en tribunales internacionales.

Con ese señuelo, el Gobierno regresó de la Semana Argentina en París con anuncios por unos 27.000 millones de dólares. Los mercados respondieron con su proverbial cinismo: el riesgo país trepó a 655 puntos básicos, su máximo del año.

El recelo internacional es proyección del nacional, resistente a los blanqueos. Los ciudadanos argentinos tienen más de 220.000 millones de dólares fuera del sistema financiero. Más de cinco veces lo depositado en los bancos locales, diez RIGIS parisinos.

La saga del DNU/70 es paradigmática por su potencia explicativa.

Desde 2006, por una ley impulsada irónicamente por la entonces senadora nacional Cristina Kirchner, para anular un DNU del Poder Ejecutivo es necesario el rechazo explícito de las dos Cámaras legislativas. El DNU/70, que tiene 366 artículos y derogó varias leyes, fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado. Desde entonces, su vigencia depende de que la Cámara de Diputados no complete el trámite.

La oposición quedó el jueves a solo ocho bancas del quórum reglamentario para tratar la meganormativa. El quórum no es lo mismo que conseguir la derogación, pero los esfuerzos del Gobierno para impedir el plenario fueron demasiado titánicos como para no resultar en un indicio. Milei no puede permitir que el DNU baje a debate porque sabe que será derogado.

El otro elemento significativo del episodio es que los aliados del Gobierno cobran a cambio de que sus legisladores no contribuyan al quórum. Promesas de obras, presiones y un giro en la Ley de Tierras vaciaron las bancas de los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Tucumán, Jujuy, San Juan, Neuquén y Chubut. Es decir: no respaldan el DNU/70, se circunscriben a impedir que se lo debata. ¿A cuánto se elevaría el precio —en términos políticos, por supuesto— si hubiera que respaldarlo?

La consolidación de un mercado político de las ausencias es un dato importante para entender la fragilidad del oficialismo. Para convalidar el DNU/70, que contiene porciones sustanciales de su programa, a Milei le bastaría con que Diputados rechace el pronunciamiento del Senado. Los aliados no son tantos ni tan firmes como para procurarle el trámite de liberarlo de la espada de Damocles.

Desde la asunción de Milei, el país está atenazado por dos poderes de veto: el del Presidente sobre las leyes del Congreso y el del Congreso sobre los decretos del Presidente. Milei ejerció el suyo en más de una oportunidad con éxito, pero fracasó con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada por el Congreso, judicializada y vuelta a ratificar por la Corte.

La solución que encontró la Casa Rosada fue no cumplirla y aguantar las movilizaciones universitarias. Es decir que el Presidente ejerce un doble veto, de desempate, que justifica exigir jurisdicción internacional para los litigios judiciales.

La reticencia de los famosos inversores no solo se debe a que desconfíen de las evoluciones políticas criollas. No faltarán los que calculen que, dada la propensión autodestructiva argentina, en fechas no tan lejanas se gesten en el país necesidades de financiamiento aún más desesperantes que las actuales, que obliguen al Gobierno de turno a concesiones todavía más suculentas que las del RIGI.

A estas elucubraciones aportan anticipos como los del diputado nacional Máximo Kirchner, delfín de su madre Cristina, quien advirtió que el kirchnerismo auditará los RIGI "uno por uno" en caso de recuperar la Presidencia.

Al menos reconoció la existencia de "derechos adquiridos". Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, prescindió del matiz y avisó que el peronismo expropiará todo lo que sea necesario.

Los inversores más ligeros ya están pensando en exigir que el próximo RIGI incorpore un seguro a cargo del Estado para cubrir costas judiciales, tipo el que contrató no se sabe con quién el Banco Central para cubrirse, dice, de los vaivenes en el precio del oro.

El sacralizado "Déficit Cero" y la contabilidad creativa del superávit no alcanzan para sortear el default de confianza.